Amnistía fiscal: un fallo fallido

Cuando la mayoría ya ni nos acordábamos de la cacicada de la amnistía fiscal perpetrada en 2012 por Montoro, hoy nos la ha recordado el Tribunal Constitucional.  En un fallo conocido esta tarde la declara inconstitucional y le afea con dureza a Montoro que eligiera un vulgar real decreto ley para implantar  una medida que afecta a una pieza clave de la Constitución, el artículo 31 en el que se dice textualmente que “todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. Esa es la parte teórica del fallo constitucional, la práctica es que deja las cosas exactamente como están. El alto tribunal dice que obligar ahora a quienes se acogieron a la amnistía a pagar lo mismo que pagaron los que no se lo llevaron crudo al extranjero, crearía “inseguridad jurídica”.

Para los magistrados no parece que existiera inseguridad jurídica en el hecho de que quien sacó dinero del país para no pagar impuestos pudiera “regularizar” – la palabra preferida de Montoro – su situación de defraudador pagando un módico 10% de lo defraudado. Los que continuamos contribuyendo sin rechistar pudimos ver a personajes de la reconocida reputación de Bárcenas, Rato, Francisco Granados o los Pujol “regularizando” su situación pero eso, para el Constitucional, no supuso ni una burla, ni un escarnio ni por supuesto inseguridad jurídica de ningún tipo. Todo se reduce, según el Constitucional, a un error de Montoro en la elección de la norma jurídica para ofrendar a los que escondían el dinero en Suiza y en otros paraísos fiscales la posibilidad de pasar por caja para dejar un pequeño donativo a la Hacienda Pública.

“Para el TC no hay inseguridad jurídica en que unos paguemos hasta el último céntimo y otros sólo el 10%”

Como si eso no se le hubiera advertido en su momento al ministro por parte de la oposición y como si Montoro no hubieran ignorado las críticas y las advertencias y se hubiera venido arriba esparciendo basura y sospechas fiscales sobre determinados colectivos, todo ello con el respaldo indesmayable de la hinchada popular parapetada en su mayoría absoluta. Es más, poco después de que el Gobierno hiciera de la Constitución un sayo y se cubriera con él, el propio Montoro modificó su Real Decreto Ley de amnistía fiscal mediante una orden ministerial para “introducir mejoras”, es decir, más facilidades para los defraudadores. Hasta un alumno de primer amiguito de Derecho sabe que una norma de rango inferior no puede modificar otra de rango superior. Es, salvando las distancias, como si el alcalde de mi pueblo publicara un bando cambiando la Constitución.

Pues Montoro lo hizo y se quedó tan ancho, impávido ante el escándalo y ante la decisión de medio centenar de diputados del PSOE que llevaron el asunto ante el Constitucional que ahora les acaba de dar la razón, eso sí, cinco años después y para dejar las cosas como están. En ayuda del ministro salió incluso un afortunadamente olvidado Alberto Ruiz – Gallardón que, en una de aquellas modificaciones del Código Penal a la que era tan aficionado, introdujo un cambio urgente para que quienes se hubieran acogido a la amnistía pudieran dormir tranquilos per saecula saeculorum.

“Y todo aquel escándalo de la amnistía fiscal para recaudar menos de la mitad de lo que anunciaba Montoro”.

Y todo este escándalo para que al final la recaudación obtenida no llegara ni a la mitad de la prevista por Montoro. En una comparecencia en el Congreso, el sin par titular de Hacienda admitió que sólo se recaudaron 1.200 millones cuando el objetivo eran 2.500. Es más, reconoció que el dinero aflorado fue de 40.000 millones de euros y, por tanto, la recaudación debió haber sido de 4.000 millones si todo los que se acogieron a la ganga hubieran pagado el 10%. Lo que ocurrió fue, simple y llanamente, que Montoro aún les facilitó más las cosas a los defraudadores no fuera a ser que no repatriaran el dinero que tenían escondido en Suiza.

El fallo conocido hoy es un nuevo borrón en el expediente político de Montoro, por no hablar de su expediente como catedrático de Hacienda Pública. Sin embargo, el problema no es tanto el ministro, a cuyas salidas de pata de banco ya deberíamos estar acostumbrados y al que resulta ya inútil pedirle que dimita. Como ciudadano que paga puntualmente sus impuestos sin esperar amnistía fiscal de ningún tipo me pregunto por la utilidad y la necesidad de un órgano como el Tribunal Constitucional que funciona como el español. ¿De qué modo se puede garantizar de manera efectiva y real que el Gobierno no se pasa la Carta Magna por el arco del triunfo sin mayores consecuencias y no se vulneran derechos y deberes fundamentales fallando tan tarde y haciéndolo a medias?

Un botín por un euro

Una señora llamada Ana y apellidada Botín ha hecho hoy honor a su apellido y se ha quedado con un banco por un euro. La señora Botín ya tiene otro banco que le había dejado en herencia su padre, también banquero, un gremio en el que siempre es mejor  tener dos que uno, aunque el segundo esté pachucho y esmirriado. Si su padre no hubiera muerto, esta noche se iría a cenar con ella en Maxim’s de París y se rascaría el bolsillo para comprarle otro banco que se pusiera a tiro como el que se le puso a ella esta mañana al clarear el día. Qué menos para agradecerle que siga haciendo honor al apellido y ampliando el imperio bancario familiar.

Ahora bien, que un banco de los de guardar dinero o invertir en él cueste un euro mientras se racanean los presupuestos públicos para la sanidad y la educación, es un ejemplo elocuente del sistema de valores y de prioridades de nuestra sociedad. Eso sí, lo que nadie podrá negar es que España merece ser considerada por derecho propio el país de las oportunidades, sobre todo para los que se las pueden permitir. Me dirán algunos que aquí no hay otra cosa que la sabia e invisible mano del mercado que ha dejado hacer y pasar. 
“Que un banco cueste un euro mientras se racanean los presupuestos en sanidad y educación habla con elocuencia de nuestro sistema de prioridades” 
Y tanto que ha pasado: mientras el banco se desangraba en la bolsa y se escuchaban rumores de todos los colores sobre su delicada salud financiera, la Comisión del Mercado de Valores y el Gobierno miraban al tendido; cuando buena parte de los clientes y accionistas  ponían pies en polvorosa, la Comisión de marras se negaba a suspender la cotización y el Gobierno nos contaba la milonga de que el banco en cuestión era sólido y solvente. Hasta que anoche dejó de serlo y, de valer 19.000 millones de euros hace unos años, pasó a valer lo que un café en un bar de segunda.
  

¿Buscaban con su pasividad que el banco se pusiera al alcance de un cazador o cazadora de gangas? Si no era eso lo que pretendían lo han disimulado muy bien. Y lo mismo han hecho los propios dirigentes del banco, un coladero de filtraciones interesadas que desataron la tormenta perfecta y colocaron el valor de las acciones a perra chica. Es la misma cúpula a la que ahora la señora Botín le agradecerá los servicios prestados con 80 millones de euros en pensiones e indemnizaciones. Entre ellos figura Ángel Ron, el presidente hasta febrero, que se fue de la entidad sin indemnización pero con una sabrosa pensión de 23 millones. Aunque suene trillado, la historia se repite: Ron metió al banco en el negocio del ladrillo cuando otros se iban y luego fue incapaz de digerir tanto piso y tanta promoción fallida.

 “La cúpula saliente se llevará 80 millones y los 300.000 accionistas lo perderán todo”

La indigestión lastró los balances hasta el punto que el valor de los activos tóxicos se ha calculado en 35.000 millones de euros. Las sucesivas ampliaciones de capital no consiguieron mejorar la situación y Ron se fue con la pensión en el bolsillo y le pasó el marrón a Emilio Saracho. Éste, que también cobrará un pico tras entregar el banco por un euro, apenas ha podido hacer nada para enderezar el rumbo de una entidad alrededor de la que ya merodeaban los lobos desde hacía meses. Los que no verán ni un euro serán los 305.000  accionistas más lentos de reflejos, los que no las vieron venir a tiempo y confiaron hasta el final en su banco. Ahora tendrán que recurrir a la vía judicial aunque las esperanzas son cuando menos remotas.   

Tampoco deben estar viviendo su día más feliz los trabajadores de un banco que a finales del año pasado puso en la calle a casi 2.600 empleados. La incertidumbre sobre su futuro laboral es absoluta a la espera de lo que decida hacer la señora Botín. Aunque no creo que nada de eso le quite el sueño: después de desembolsar el euro, anunció una ampliación de capital de 7.000 millones para hacer la digestión de la compra y cumplir los estándares de solvencia. En esa cantidad seguramente están incluidas las merecidas indemnizaciones y pensiones de la cúpula saliente, el coste de las posibles demandas de los inversores que se han quedado con lo puesto y quién sabe si un nuevo ajuste de plantilla. Puede que la señora Botín no cene esta noche en Maxim`s de París pero eso no le impedirá tener sueños dorados al módico precio de un euro.   

La corrupción preocupa un montón

Según la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), conocida hoy, a los españoles la corrupción nos preocupa un montón. Tal es así que desde la  encuesta anterior hasta la fecha casi son incontables las horas de sueño que hemos perdido por esa causa. Contadas en puntos son doce puntos más, que ya son puntos. Sólo el paro que, a pesar de los esfuerzos de Rajoy sigue por las nubes, nos preocupa más que el trinque de lo público. Por desgracia me temo que ese subidón no tiene nada que ver con la espontánea aparición de una inesperada conciencia cívica entre los ciudadanos. No creo que nos hayamos  vuelto todos virtuosos de la noche a la mañana y hayamos decidido que esto no puede continuar así. La causa de ese repunte no es otra que la coincidencia de la encuesta con un nuevo caso de corrupción que añadir a la larga lista de mamandurrias que se han ido acumulando a lo largo de los años.

En esta ocasión fue bautizado como “Lezo” y ha llevado a la cárcel a todo un ex presidente autonómico madrileño y hasta ha contribuido en parte a mandar a su casa a un fiscal jefe Anticorrupción y a poner contra las cuerdas a un Fiscal General del Estado y a un ministro de Justicia. Con ingredientes  de esa categoría lo extraño hubiera sido que el asunto no nos quitara al menos unas horas de sueño. Ahora bien, no tengo dudas de que si antes de la próxima  encuesta este país se libra de nuevos registros policiales, detenciones y encarcelamientos, los españoles recuperaremos rápidamente las horas de sueño pérdidas y todo volverá a ser como siempre. Incluso, si hubiera elecciones dentro de unos meses sin que mientras tanto saltaran a los medios nuevos casos de corrupción, volveríamos a votar mayoritariamente lo mismo que la vez anterior y que la anterior y que la anterior a la anterior. 
“Si antes de la próxima encuesta del CIS no aparecen nuevos casos de corrupción, los españoles recuperaremos el sueño perdido” 
Debe ser nuestro carácter voluble e inconstante que hace que la indignación por el saqueo de lo público nos dure lo que dura un telediario. En realidad, aunque muchas veces pensemos lo contrario, no nos diferenciamos gran cosa de muchos de aquellos a los que votamos para que nos representen o de los que controlan los hilos de los partidos políticos. La clase política de un país suele reflejar la realidad social y por eso somos los ciudadanos los que, con nuestros votos y con nuestra actitud ante lo público, decidimos a qué altura colocamos el listón de la honradez y la decencia que estamos dispuestos a exigirles a nuestros representantes.


Un ejemplo muy claro de que una cosa es decir que se está preocupado por la corrupción y otra muy distinta actuar en consecuencia lo encontramos en el PP. A los populares les ha entrado el pánico ante la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos creada en el Congreso de los Diputados. Para evitar verse sometidos a una causa inquisitorial de carácter general por parte de los otros partidos han empezado a maniobrar para acotar al máximo el contenido de la investigación, los comparecientes y el periodo a investigar. Dicho de otra manera, nada de retrotraernos a los tiempos de Aznar  y Rato y a “su milagro económico”; por lo que al PP se refiere con los cuatro años de Rajoy en mayoría absoluta debería ir el asunto servido, y advierten con quejarse al juez para que mande a parar si hay quien quiera ir más allá.
“¿Qué preocupa de esa comisión de investigación al PP si la corrupción en sus filas sólo son casos aislados?” 
Ya comenté en su día que lo de las comisiones parlamentarias de investigación suelen generar más ruido que nueces y, después de meses de reproches y acusaciones cruzadas, cerrarse sin conclusiones novedosas con respecto a la investigación judicial y sin medidas concretas para evitar que lo investigado se repita. De todo modos me llama mucho la atención que al PP le preocupa esa comisión siendo como es la corrupción en sus filas un asunto de simples “casos aislados” cometidos presuntamente por “esa persona que usted dice” y “que ya no pertenece al Partido Popular”. Y menos lo entiendo siendo como es el PP “el partido que más medidas de lucha contra la corrupción ha aprobado” desde la época de Luis Candelas y el Tempranillo. Creo que está tardando el CIS en hacer una encuesta para aclararnos si también entre los dirigentes del PP la corrupción preocupa un montón.