La multa

El Gobierno español anda estos últimos días que no le llega la camisa al cuerpo ante la posibilidad de que la Comisión Europea nos castigue con una multa de unos 2.000 millones de euros por no haber sido lo suficientemente aplicados el año pasado y no haber hecho los deberes del déficit. Ya saben que se nos fue la mano más de lo debido y después de años de recortes y penalidades volvimos a fallar en lo más importante para los austericidas, el cumplimiento del sacrosanto objetivo de déficit. 

Y como eso en Bruselas no tiene premio sino castigo - al contrario de lo que ocurre en España con las comunidades autónomas que lo incumplen y a las que el señor Montoro premia con un año de gracia a ver si a la segunda va la vencida -  cabe la posibilidad de que Bruselas decida mañana que nos merecemos un correctivo en forma de sanción ejemplar. Por la labor no está Italia, por ejemplo, pero sí está Alemania, ya ven ustedes las sorpresas que da la vida. Después de años de arrumacos y carantoñas de Rajoy para con Merkel y sus recortes a todo trapo, es precisamente el gobierno alemán el más rigorista a la hora de exigir que se aplique sin contemplaciones el primer mandamiento de la austeridad: como no cumplas se te cae el pelo. Y fíjense que me importaría más bien poco si quienes tuvieran que pagar las consecuencias no fueramos una vez más los ciudadanos de este país, porque sobre nosotros todos terminará cayendo el peso de la sanción.

El castigo - si se produce, que aún no es del todo seguro y en gran parte dependerá de cuánto le llore Rajoy a Merkel para evitarlo - sería la consecuencia de una política económica hace tiempo desacreditada por sus efectos contrarios a una verdadera recuperación económica que beneficie a toda la sociedad y no sólo a unos pocos. Y desacreditada además porque el diseño de los objetivos de déficit que ha hecho el inefable Cristóbal Montoro ha tenido más truco que el cinturón de Batman. En síntesis, Hacienda ha aplicado la ley del embudo que en este caso consiste en ponerle la parte estrecha del déficit a las comunidades autónomas y quedarse la administración del Estado con la parte ancha. 

La consecuencia es que las autonomía, pésimamente financiadas para atender sus competencias en sanidad, educación o servicios sociales, han incumplido en su mayoría el objetivo que les impuso Montoro y dispararon el déficit total. Pero lo más lamentable y menos comprensible de todo es que ni la propia administración general del estado fue capaz de cumplir con su parte a pesar de ser la más holgada. Aunque corrijo: sí es comprensible si se recuerdan, entre otras cosas, las contundentes cifras del fraude fiscal, la baja recaudación respecto a la media europea y la mal llamada reforma fiscal que Montoro se sacó de la manga para conseguir echar unos cuantos votos más en la urna del PP y restarle unos cuantos millones de euros a las arcas públicas. Con ese dinero tal vez no estaríamos ahora expuestos a que nos castiguen con una sanción por la mala cabeza del Gobierno en política económica.

Eso por no hablar ahora de los 8.000 millones de euros que además exige Bruselas que España suprima de un plumazo a ver si de una santa vez este país cumple los objetivos de déficit a los que se compromete y que luego se salta a la torera. Así las cosas, al gobierno que se forme - si al final se forma alguno y dura para contarlo - le esperan curvas peligrosas y a los ciudadanos una nueva dosis de más de lo mismo. La gran suerte es que si gobierna el PP de nuevo ya tiene experiencia en cómo hacerlo y seguro estoy de que no lo temblará el pulso llegado el caso. Por eso España es una gran nación que gracias al PP dio un paso al frente cuando se encontraba al borde del abismo. 

A martillazos con las pensiones

A la chita callando, sin prisa pero sin pausa, el PP está dejando en los huesos la hucha de las pensiones. Llegó a tener en 2011 más de 67.000 millones de euros y después del más reciente hachazo - una vez pasadas las elecciones - por importe de 8.700 millones para abonar la paga extra de julio se ha quedado en apenas 25.000 millones. En cinco años se han sacado 42.000 millones de euros y no hay ni de lejos un atisbo de que al menos la cantidad no seguirá menguando. De hecho, los expertos vaticinan que con lo que queda habrá como mucho para pagar la extra de Navidad y las dos extras del año que viene. ¿Y después? Esa es la cuestión, nadie lo sabe ni nadie ha propuesto una reforma integral que haga viable el sistema al menos a medio plazo. 

Lo único que hemos tenido hasta la fecha ha sido una pérdida del poder adquisitivo por la vía de la reforma impulsada por el PP que acabó con la vinculación entre IPC y subida anual de la pensión. Ahora, lo máximo que podrá subir año a año es el 0,25% , de manera que cuando la economía empiece a tirar - se supone que algún día tendrá que hacerlo - y el IPC empiece a responder a los estímulos económicos la pensión de nuestros mayores se diluirá como un terrón de azúcar en el café. Cabe recordar además que se amplía el periodo de computo para calcular la pensión y que, junto al retraso de la edad de jubilación aprobado en la etapa de Zapatero, en unos años también entrará en vigor el factor de sostenibilidad del sistema por el que la cuantía de la pensión oscilará en función de la esperanza de vida en el momento de la jubilación. 


En definitiva, medidas todas tendentes a recortar las pensiones presentes y futuras después de décadas de cotización en la mayoría de los casos y que, en la dura y larga crisis, han servido en muchos casos para que miles de familias se hayan mantenido medianamente a flote. En paralelo, la reforma laboral del PP ha producido el efecto buscado: devaluar los salarios y precarizar el empleo para ganar competitividad económica. La consecuencia inmediata ha sido la caída de las cotizaciones a la Seguridad Social, sumada a la alegre política de bonificaciones y tarifas planas de las cuotas empresariales a la que se apuntó el PP en su legislatura de mayoría absoluta. Todo lo cual apenas ha tenido efecto sobre el empleo pero sí ha contribuido a que el sistema ingresara aún menos. Por no hablar de lo absurdo y contradictorio que resulta favorecer el empleo precario y temporal con la reforma laboral para luego bonificar con cargo a la Seguridad Social el empleo indefinido. 

A la hora de buscar propuestas de futuro, lo único que se encuentra es no poca vaguedad y mucha indefinición. Los sindicatos hablan de sacar del sistema las pensiones de viudedad y orfandad, que representan más de 20.000 millones de euros al año y financiarlas con impuestos a través de los presupuestos del Estado. En cuanto a los partidos, es cierto que el PSOE prometió en la pasada campaña implantar un recargo fiscal sobre las rentas más altas para pagar las pensiones, pero apenas si la desarrolló. La idea la hace suya en parte Podemos pero no la comparten ni Ciudadanos ni el PP. La formación naranja no quiere tocar los impuestos y, salvo error u omisión por mi parte, carece de propuesta  concreta sobre cómo garantizar el futuro de las pensiones. En cuanto al PP, su mantra es que el empleo todo lo cura y con él volverá la hucha de las pensiones a rebosar y volveremos a atar los perros con longanizas. Como si no hubiera quedado suficientemente claro que con unos salarios que no permiten a muchos trabajadores esquivar la exclusión social malamente se puede resolver el problema de las pensiones por la vía de ingresar dinero en la hucha. 

Piensan mal algunos y tal vez anden bien encaminados, que detrás de esa  actitud que parece confiar la solución del problema a la buena suerte económica hay un interés inconfesable de dejar quebrar el sistema para justificar la necesidad de cambiarlo por uno mixto en el que tengan un mayor peso los planes privados de pensiones. Bancos, aseguradoras y otros muchos llevan años lanzando la caña a ver qué pescan y publicando estudios apocalípticos sobre el futuro de las pensiones. Su principal y en ocasiones único argumento es el envejecimiento de la población, un mantra tendencioso que se quiere hacer pasar por determinante: el envejecimiento deviene en la imposibilidad de sostener el sistema de pensiones si son más los que las cobran que los que aportan a la caja común. 

Que el envejecimiento es un factor que no se puede pasar por alto es cierto pero no es una maldición bíblica que no pueda paliarse con políticas de natalidad y conciliación laboral y familiar adecuadas. Por desgracia, la interminable campaña electoral en la que lleva embarcada España desde hace año y medio no ha sido tiempo suficiente para que los partidos políticos debatieran en profundidad sobre cómo garantizar el futuro de las pensiones, uno de los pilares básicos de lo que conocemos como el estado del bienestar. Cabe preguntarse si es esas tres palabras - estado del bienestar - aún significan algo para la clase política española, sobre todo para aquella parte de la misma que se reclama socialdemócrata si es que esa palabra tiene hoy algún significado político concreto y reconocible. 

Brexit: donde dije digo...

Nunca digan nunca jamás ni de esta agua no beberé, ni se les ocurra. Sobre todo si hablan de las vueltas que puede dar la política y lo asombrosas por inesperadas e ilógicas que pueden llegar a ser las decisiones de los ciudadanos cuando votan. De esto hay en la historia numerosos ejemplos. Sin embargo, con la propina de 14 diputados que acaba de recibir el PP en las urnas a pesar de los casos de corrupción que le afectan de lleno deberíamos tener más que suficiente para estar curados de espanto. 

Pero si con eso no les basta, observen la situación en el Reino Unido a raíz de que el 52% de los votantes en el referéndum del 23 de junio se inclinaran alegremente por el brexit sin preguntarse demasiado por las consecuencias o sin hacer caso maldito a quienes les advertían de los riesgos que suponía abandonar la Unión Europea. A partir de ese momento la caravana del disparate y el ridículo no han hecho sino crecer. Comenzó a la mañana siguiente con un mediocre David Cameron a las puertas del 10 de Downing Street poniendo pies en polvorosa después de haber sido incapaz de convencer a sus compatriotas de que era mejor quedarse que marcharse. 

Le siguió poco después su presencia en la que ha sido su última cumbre europea en la que no se le ocurrió otra cosa que echar la culpa a los demás de su fracaso, muy propio de los políticos de medio pelo como él. Según la teoría de Cameron, serían también los demás los culpables de que Escocia se remueva incómoda y esté planteándose un nuevo referéndum de independencia o que en Irlanda del Norte los católicos hablen de unirse a la República de Irlanda. En paralelo, el partido conservador del todavía primer ministro anda manga por hombro, con el ex alcalde de Londres, Boris Johnson, poniéndose a cubierto del fuego cruzado entre sus propios compañeros y otros batiéndose el cobre sin ningún pudor por ocupar la coqueta residencia que dejará libre Cameron en unos pocos meses. 


En el partido laborista no andan mejor las cosas, con la mitad de la formación pidiéndole cuentas al líder Corbyn por no haber hecho más en contra del brexit. Y ya para rematar el escenario de debacle política, hasta el eurófobo y xenófobo Nigel Farage, el líder del UKIP (Partido por la Independencia del Reino Unido) ha presentado hoy su dimisión en un acto de cobardía política ahora que los británicos empiezan a caer en la cuenta de que fueron engañados como chinos por los partidarios del brexit. 

Y estos, los ciudadanos británicos, protagonizando ya uno de los episodios más lamentables y patéticos que uno podría esperar de un pueblo maduro y supuestamente informado de las decisiones que adopta, además de capaz de asumir las consecuencias aparejadas. Pues no, los británicos parecen estos días críos caprichosos a los que ahora les empieza a disgustar haber decidido lo que decidieron. Culpan a los políticos partidarios del brexit de haberles engañado con las cifras sobre el dinero que el Reino Unido aporta a la Unión Europea o sobre la realidad de la inmigración y lo que esta supone, por ejemplo, para el Sistema Nacional de Salud Pública. Ignoraron en su momento todas las advertencias y admoniciones de los peligros de darle la espalda a Europa, comenzando por las de su propio primer ministro y continuando por las del FMI o Barack Obama, y ahora se lamentan y lloran desconsolados sobre la leche derramada. 

Se manifiestan por las calles de Londres con ridículas pancartas en las que se lee "I love EU" y otras simplezas similares, firman a millones peticiones al varias veces centenario parlamento británico para que promueva un nuevo referéndum y hacen juramentos de amor eterno a la vieja Europa. Veo muy improbable que se convoque un nuevo referéndum en el Reino Unido sobre este asunto porque, además de que nadie puede garantizar a priori que no vuelva a salir el mismo resultado, los británicos harían el más sonrojante de los ridículos históricos que uno pueda imaginarse. 

Las decisiones democráticas -y esta lo es por mucho que no le guste ahora incluso a una parte de los que la adoptaron - deben respetarse y cumplirse. No vale a estas alturas culpar a los políticos de mentir y tergiversar, eso debieron haberlo sospechado quienes prefirieron hacer oídos sordos de las advertencias sobre el brexit y votaron libremente a su favor. Más de la mitad de los británicos que fueron a votar el 23 de junio expresó claramente cuál era su opción y a eso deben atenerse estrictamente el Reino Unido - que ahora no puede seguir retrasando la comunicación formal de su marcha a Bruselas con el fin de demorar el inicio de las negociaciones sobre su desconexión - y la Unión Europea. Para todo lo demás es tarde ya.