Houston, tenemos dos problemas

Explicar los intríngulis de la política en Canarias requiere de un sobreesfuerzo didáctico del que no sé si seré capaz. Al menos voy a intentarlo. Andaban amigablemente unidos el PSOE y CC con su pacto en el Gobierno autonómico cuando, de buenas a primeras, el matrimonio empieza aparentemente a resquebrajarse. En realidad no ha sido de buenas a primeras, sino a partir de las primarias de los socialistas isleños que dieron la candidatura a la presidencia de la comunidad autónoma a la diputada Patricia Hernández. Casi en paralelo, los nacionalistas canarios se embarcaron también en su propio proceso de primarias, algo más modesto que el de sus socios de gobierno por cuanto se ciñeron a los órganos de dirección del partido en lugar de tener carácter abierto urbi et orbi como las del PSOE. 

Ello no impidió que volaran las navajas en ambos partidos y que se produjeran cortes políticos profundos que siguen sin cicatrizar y que amenazan con infectarse y gangrenarse. En el PSOE, la candidata no perdió un minuto para pedir a la dirección federal de su partido que readmitiera a los consejeros del cabildo de La Palma, expulsados a las tinieblas exteriores del socialismo por haberse atrevido a romper el acuerdo de gobierno con CC y pactar con el PP. Nada que no haya ocurrido una y cien veces en tantos y tantos sitios. 

En el cálculo de la candidata Hernández está el miedo a que la expulsión de sus compañeros de La Palma le haga perder votos en esa isla. Pesan más, sin embargo, las ganas no confesadas abiertamente de hacerse con el control del partido para mejor proveer mediante la vía de calzar por el secretario general del PSOE en las islas, José Miguel Pérez, acérrimo enemigo de la readmisión de los expulsados si no abjuran de sus pecados políticos. Pérez siempre ha dejado claro que la readmisión de los ex camaradas palmeros sin arrepentimiento y propósito de la enmienda sólo se producirá por encima de su cadáver político, lo que incluye abandonar la secretaría general del PSOE canario, con el consiguiente congreso extraordinario, y hasta la vicepresidencia del Gobierno autonómico de la que se ocupa merced al pacto regional. Espero que me hayan podido seguir hasta aquí. 


En Coalición Canaria, las tensiones que generó la elección de Fernando Clavijo como candidato a la presidencia autonómica parecían haber amainado hasta que un juez imputó al candidato por delitos como prevaricación, malversación o tráfico de influencias durante su gestión como alcalde de La Laguna. La posibilidad de que tengan que cambiar de caballo electoral en plena carrera hacia las urnas si el juez mantiene la imputación ha puesto muy de los nervios a sus más entusiastas seguidores en CC. Al mismo tiempo es probable que haya provocado también un recóndito hormigueo de satisfacción entre quienes apoyaron para esa candidatura al actual presidente autonómico, Paulino Rivero, y perdieron. Y viene siendo aproximadamente en este punto en donde se entrecruzan estas dos tragedias griegas. 

Los partidarios de Clavijo, muy fuertes en La Palma, aprovechan como excusa las maniobras de la candidata socialista en favor de sus ex compañeros en el Cabildo de esa isla para exigir sangre: si son readmitidos como militantes, el PSOE dejará de ser un partido fiable para futuros pactos, por lo que convendría soltar lastre cuanto antes y reorientar la brújula para remar con viento y gaviotas en las velas hacia viejos y conocidos horizontes políticos en los pactos que habrán de cerrarse tras las próximas elecciones. 

Dicho de otro modo, el supuesto enfado por la posible readmisión en el PSOE de los díscolos consejeros del cabildo de La Palma no pasa de ser un mero postureo para meter el dedo en el ojo a los partidarios de Rivero y debilitar sus posibles opciones de sustituir a Clavijo en caso de que este decida renunciar a su candidatura si continúa imputado. En resumen, detrás de la farsa del honor mancillado si el PSOE readmite a sus consejeros de La Palma, lo único que hay en realidad es una batalla por el control interno y la elaboración de las listas electorales en los dos partidos políticos que cogobiernan en Canarias. Que eso desestabilice la acción del Ejecutivo no parece ser la mayor de las preocupaciones de quienes se entregan con tanto entusiasmo a estos juegos de salón, por lo demás muy habituales cada vez que la campana toca a urnas. Espero que lo hayan entendido y, si no, no se preocupen: yo tampoco termino de entenderlo

Yo no soy Rajoy

Esto no es España y yo no soy Rajoy. Si el presidente del Gobierno hubiera comenzado así su intervención parlamentaria de hoy sobre la corrupción habría resultado mucho más creíble. En cambio optó una vez más por negar la mayor al afirmar que la corrupción en España no es un problema generalizado para decir a renglón seguido que el gusto por el trinque de lo público forma parte de la condición humana universal. Ya saben cuál es su teoría: cuánta mayor sea la corrupción del mundo mundial menos le toca a su partido. Al presidente le molesta que los medios de comunicación dediquen tanto espacio, tiempo y esfuerzo a contar los casos de corrupción y cree que eso fomenta a los “salvapatrias de la escoba”, alusión implícita al líder de Podemos que hoy debe de haberse embolsado unos miles de votos más. De todos modos hay que reconocer que en esto es muy coherente el presidente con su propia forma de actuar a lo largo de todos estos años: Rajoy está convencido de que la mejor forma de luchar contra la corrupción es no hablar de ella en absoluto y, a ser posible, ni mencionar siquiera los nombre de los corruptos. 

Forzado por las circunstancias, como casi todo lo que hace, Rajoy acudió hoy al Congreso a presentar una vez más las medidas contra la corrupción que ya anunció en febrero del año pasado y aún no ha puesto en marcha a pesar de la mayoría absoluta de la que dispone y, cuando la oposición lo acorraló, echó mano del socorrido y popular “y tú más”. Debate estéril el de hoy en el Congreso porque ni el presidente del Gobierno muestra signos de voluntad real de luchar contra la corrosión del sistema democrático ni el todavía principal partido de la oposición, atrapado también en las redes de sus propios escándalos, aprovechó la debilidad de Rajoy para cantarle con mucha mayor contundencia las verdades del barquero. 

Todo esto apenas unas horas después de que Rajoy dejara caer por fin a su ministra de Sanidad para que no le estropeara la comparecencia de esta mañana. Sólo lo consiguió en parte porque la oposición se la mentó en reiteradas ocasiones, aunque le costó lo suyo que el presidente la llamara por su nombre ya bien avanzado el debate. Cuando lo hizo fue para echarle un capote al decir que Mato ignoraba que estuviera cometiendo un delito, con lo que olvida Rajoy algo tan elemental como que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. En este punto debo confesar que mi absoluto escepticismo ante la capacidad de Rajoy y los suyos de predicar con el ejemplo cuando hablan de corrupción me llevó ayer a escribir que no creía que Ana Mato terminara dimitiendo. 

Al final lo hizo, aunque siempre me quedará la duda de lo que habría ocurrido si Rajoy no hubiera tenido que comparecer precisamente hoy en el Congreso para hablar de corrupción. Me inclino a pensar que si el juez Ruz se hubiera demorado unos días en hacer público el auto en el que señala a Mato como beneficiaria de los regalos de una trama corrupta, la ministra habría terminado la legislatura con el mismo apoyo que Rajoy le ha venido mostrando en todo momento. Por otro lado, del hecho de que el juez Ruz también considere al PP responsable a título lucrativo de la red Gürtel nada dijo hoy Rajoy. Es más, cuando el presidente habla de la corrupción en su partido lo hace en pasado y no en presente, como si Gürtel, Bárcenas, Matas, Mato, Fabra, tarjetas opacas de Caja Madrid o Púnica fueran asuntos ya cerrados y el PP hubiera adoptado medidas para que no se repitan. 

Después del debate de hoy ha quedado patente que este Gobierno y su presidente están completamente incapacitados para liderar la lucha contra la corrupción. Si unimos ese hecho a la falta de iniciativa para resolver la cuestión catalana que Rajoy con su inmovilismo ha contribuido a enquistar y a una supuesta recuperación económica que ningún español de a pie aprecia por ningún lado, sólo cabe concluir que el presidente ha entrado en tiempo de descuento. Él y su gobierno han perdido toda credibilidad política y carecen de impulso suficiente para llevar esta legislatura hasta noviembre del año que viene sin agravar más los problemas del país. Un país que se llama España y cuyo presidente de gobierno se llama Mariano Rajoy, aunque él pretenda hacernos creer otra cosa.