Rajoy en tiempo de descuento

No le queda mucho tiempo a Rajoy para dar un golpe de timón que le permita recuperar al menos parte de la confianza que depositaron en él más del 44% de los votantes en 2011. A la vista de la encuesta de Metroscopia publicada ayer por EL PAÍS y a la espera de la del Centro de Investigaciones Sociológicas que conoceremos en las próximas horas, Rajoy ha entrado en tiempo de descuento no sólo para sus votantes sino también para sus propios compañeros del PP. Fue Esperanza Aguirre – quién si no – la primera en dejar caer la perla envenenada sobre la idoneidad del actual presidente para aspirar a la reelección en las próximas elecciones generales. Aunque en voz baja y por las esquinas, como es tradición en el PP, otros barones populares comparten su punto de vista y empiezan a ver al actual presidente como una rémora que sería bueno ir amortizando cuanto antes para no caer con todo el equipo en la primera cita electoral a la vista, la de las autonómicas y locales de mayo. 

El ascenso de Podemos en las encuestas refleja que parte de los que en su día votaron al PP no dudarían ahora en apoyar a la formación de Pablo Iglesias, hastiados como la inmensa mayoría de los españoles de los escándalos de corrupción y de la interminable crisis económica por la que el Gobierno ha pasado a los ciudadanos una factura que correspondía pagar a otros. A pesar de las campanudas declaraciones de los últimos días, con huera petición de perdón incluida, no dan la sensación el presidente y su partido de tener verdadera voluntad de revertir la situación que está llevando a Podemos en volandas hasta la primera opción política de los electores. Hoy mismo, su número dos, María Dolores de Cospedal, se ha permitido decir que el PP ha sido “contundente” y “claro” con la corrupción y ha vuelto al “y tú más” del que los españoles ya hemos tenido ración más que sobrada. 

El PSOE, que tampoco está limpio de polvo y paja ni para tirar cohetes aunque aguante mal que bien el tirón de Podemos, descarta cualquier acuerdo sobre corrupción con un PP al que los socialistas no están dispuestos a echarle una mano para sacarlo precisamente ahora de la sentina en la que se encuentra por méritos propios a pocos meses de la primera cita electoral de las dos previstas para 2015. El panorama, en conclusión, es cada vez más irrespirable y la inacción vuelve a enseñorearse de un discurso político reiterativo y plagado únicamente de buenas intenciones combinadas con ataques recíprocos ante el que los españoles ya han dicho basta. 

A Rajoy le queda por delante un año de legislatura que puede convertirse en su tumba política o en su renacer de las llamas electorales que rodean al PP por todos sus costados. En sus manos y en su mayoría absoluta – de la que ha usado y abusado a placer cuando le ha convenido para sus fines políticos – está la solución. Por ahora, los casos de corrupción siguen marcando su paso por La Moncloa y lo seguirán haciendo en los próximos meses aunque no se destape ninguno nuevo, cosa que está por ver. La Operación Púnica, Bárcenas, Gurtel, Brugal y tantos otros serán como recordatorios permanentes de aquí a las elecciones de que no actuó con contundencia en su partido cuando debió hacerlo – al contrario, apoyó a corruptos como Luis Bárcenas o Francisco Camps  - y de que no impulsó ninguna de las medidas de regeneración política que aún hoy, tres años después, sigue prometiendo aunque nadie crea ya en ellas. 

Si añadimos a la corrupción la incertidumbre sobre la situación económica, cuya mejora los españoles siguen sin ver por ningún lado, y la incógnita sobre el futuro de Cataluña y otras tensiones territoriales varias, cabe concluir que a Rajoy le espera un último año de legislatura que asustaría y preocuparía incluso a alguien con verdadera capacidad política y sentido de Estado. Nada digamos de alguien como él, convencido de que todo lo que tiene que hacer el presidente de un Gobierno es quedarse quieto y esperar a que los problemas políticos se los resuelva el Tribunal Constitucional o el paso del tiempo como si las legislaturas duraran cien años. 

Su problema, en definitiva, es que ha perdido todo el crédito político que se le suponía y el tiempo para recuperarlo se le ha terminado o está a punto de hacerlo. Ignoro si el coro popular que empieza a ver en Rajoy un lastre más que un activo electoral irá a más o se quedará en mero amago, aunque a la vista de las encuestas está claro que una mayoría de ciudadanos de este país ya tiene al presidente en tiempo de descuento.

Petróleo: que hablen los científicos

Aquellos que defienden que Canarias debe dejar de ser el archipiélago de las Islas Afortunadas para convertirse en la Arcadia Feliz gracias al petróleo, argumentan que el debate está politizado y que tienen que ser los científicos los que digan si hay o no riesgo. La primera falacia es la de la politización: su capacidad para distinguir lo que es política de lo que no lo es merece un urgente ensayo de filosofía política. Para los defensores del petróleo, los únicos que no están politizados son ellos, mientras que el resto sólo esconde oscuros intereses políticos detrás de su oposición al crudo. De esta manera, quienes activan legítimamente los mecanismos legales y políticos a su alcance para oponerse a los interesados proyectos de una empresa privada hacen política; los que les ponen toda suerte de trabas, enredan, mienten sobre los supuestos beneficios del negocio, actúan como portavoces de la petrolera en cuestión o impiden que los ciudadanos se pronuncien libremente, esos no hacen política. Ellos son sólo ángeles caídos del cielo sin mancha ni culpa alguna, sin motivaciones políticas de ningún signo y sólo preocupados del bien común y dos piedras. 

La segunda falacia tiene que ver con la supuesta ausencia de un debate científico “serio” sobre los riesgos de buscar y extraer petróleo – si lo hubiera – en aguas de Canarias. Los informes de reputados investigadores y científicos canarios y nacionales en los que con mayor o menor énfasis se advierte de esos riesgos no les sirven a los defensores del petróleo. Para ellos sólo valen los puntos de vista de los pocos científicos, por no decir ninguno, que se han atrevido a descartar cualquier peligro para el medio ambiente y el turismo derivado de un derrame de petróleo. Busquemos pues fuera de Canarias y de España a ver qué opinan otros científicos sobre este asunto. Uno de ellos lo encontramos tan lejos de Canarias como en Alaska. 

Se llama Richard Steiner y durante treinta años fue profesor de Conservación Marina en la universidad de aquel estado norteamericano. Es asesor además de varios países y tiene en su hoja de servicios haber estudiado a fondo la catástrofe medioambiental provocada por el Exxon Valdez en las costas de Alaska y la del pozo Macondo de BP en el Golfo de México. Es de suponer, por tanto, que sabe de lo que habla. Y lo que dice es que las prospecciones y en su caso extracción de crudo que Repsol empezará a hacer en Canarias dentro de un mes, son “extremadamente peligrosas”. 

Las razones ya las han expresado otros científicos “politizados” pero vale la pena escucharlas en boca de Steiner: “Seré muy claro: el proyecto de Repsol es extremadamente peligroso. No tiene las medidas de seguridad que debería tener. No alcanza en este punto lo que exige la legislación europea, ni siquiera lo que demanda la legislación española”. Y añade que REPSOL saca petróleo en el Golfo de México con niveles de seguridad muy superiores a los que pretende aplicar en Canarias, sobre todo después de que el Gobierno de Estados Unidos endureciera los requisitos medioambientales tras el desastre de BP que le ha costado a la Casa Blanca unos 40.000 millones de dólares. Aquí les recuerdo de paso que la cantidad que tendría que pagar REPSOL por un vertido en aguas canarias no superaría los 60 millones de euros. 

Y remata el científico: “La visión que tiene España de las prospecciones que pretende realizar Repsol me recuerda a la forma arrogante cómo se veían las perforaciones en aguas profundas de Estados Unidos antes del accidente de BP”. Un accidente que – como recuerda Steiner – no se produjo precisamente en un pozo de extracción sino de investigación. El científico estadounidense recomienda “respetuosamente” al Gobierno español que no siga adelante con las prospecciones de Repsol en aguas canarias y, si lo hace, que le exija condiciones de seguridad más altas y la obligue a aceptar una responsabilidad “ilimitada” ante cualquier daño que pueda causar. 

Para los no politizados, el problema seguramente es que Steiner no sabe nada de prospecciones, nunca ha visto un derrame de petróleo ni una catástrofe ecológica de cerca ni ha estudiado sus causas y, lo que es peor, está politizado. Así pues, dejemos a un lado la política y olvidemos los consejos y recomendaciones de este científico por muy respetuosas y expertas que sean: hay que cambiar cuanto antes las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides de las que hablaron los clásicos por negros barriles de petróleo a mayor gloria del beneficio de una empresa privada. Y que nadie piense que eso es hacer política.

AENA capota

El Diccionario de la Real Academia Española define capotar como “dar un avión una vuelta por accidente al despegar o al aterrizar de modo que se coloque con la proa hacia tierra”. Eso es precisamente lo que ha terminado pasando con la salida a bolsa de AENA, la empresa pública que gestiona los aeropuertos españoles. De chapuza en chapuza, este país que Mariano Rajoy vende por el mundo como el paradigma de la seriedad y de las cosas bien hechas, el Gobierno que preside se ha visto esta tarde en la obligación de posponer sine die – y puede que de modo definitivo – la anunciada salida a bolsa de esa empresa, una de las operaciones estrella del PP en esta legislatura. La razón no es otra que una pésima gestión – una más - motivada por las prisas con las que el Gobierno quería poner el 49% de AENA en manos de inversores privados grandes, chicos y mediopensionistas. 

A última hora y cuando ya se creía que estaba todo preparado para que AENA empezara a cotizar en bolsa el 12 de noviembre, alguien en el Gobierno ha caído en la cuenta de que las cosas se habían hecho con las posaderas y dio orden de parar motores. La pega procede del Ministerio de Economía y estriba en que la empresa auditora de AENA - PwC- iba a ser también la que firmara la confort letter, el documento que avala que la compañía es solvente para cotizar en el mercado bursátil. El Ministerio de Fomento – del que depende AENA – y el de Hacienda – que se relamía pensando en lo que iba a ingresar por la operación de venta de una de las pocas joyas de la corona que van quedando – querían saltarse alegremente la obligación de convocar un concurso público para que fuera una auditoria distinta de PwC la que firmara la dichosa confort letter.

Pero Economía, que hace algún tiempo multó a Deloitte por haber sido la auditora y la firmante de la carta de marras de la desastrosa salida a bolsa de Bankia, se ha negado a dar el visto bueno. En síntesis, además de poner de manifiesto las tensiones y la descoordinación en el seno del propio Ejecutivo sobre la venta parcial de AENA, lo que esto significa es que la privatización de casi la mitad de la empresa queda ahora en suspenso a la espera de licitar los servicios de una nueva auditora e incluso se baraja la posibilidad de que el Gobierno la retire definitivamente. No voy a decir que me entristezca la noticia de que AENA, con suerte, siga siendo pública al cien por cien. Lo único que digo es que este episodio vuelve a dejar en evidencia el estilo a la remanguillé que emplea este Gobierno en cuestiones de tanto calado y trascendencia económica y social para el país. 

En realidad me alegro profundamente del fracaso de la operación, aunque no se deba, por desgracia, a que el Gobierno haya recapacitado y caído en la cuenta de que los aeropuertos de un país que recibe todos los años 60 millones de turistas son un sector estratégico para su economía que no puede estar en manos privadas. De hecho, eso es lo que iba a ocurrir dentro de no mucho y terminará pasando si el Gobierno sigue adelante con sus planes. A nadie se le escapa que después de haber vendido el 49%, el Gobierno vendería otro tramo de la parte pública con la que ahora se queda y al final le entregaría al sector privado el 100% de la empresa envuelta en papel de celofán y atada con un lazo de colores. 


Está en los genes de este Gobierno poner las empresas públicas en manos privadas sin importarle las consecuencias económicas y sociales de esas decisiones. De por sí, la venta del 49% ya supone un arriesgado paso por cuanto los inversores de referencia que acudan al festín – si es que al final no se suspende – no se limitarán a poner el dinero y callar en las reuniones del nuevo consejo de administración de AENA. Querrán cortar el bacalao aunque no tengan la mayoría de las acciones y, el Gobierno, siempre tan solícito con las demandas de las grandes empresas, no dudará en hacerles el gusto y, por último, venderles la totalidad del pastel. 

Esa alegría por el batacazo de la salida a bolsa de AENA es más intensa si cabe por el hecho de vivir en un archipiélago como el canario, dependiente del sector turístico, en donde los aeropuertos son también pieza clave para la economía regional y elemento de cohesión social y económica entre las islas. Por mucho que el Gobierno del Estado prometa lo contrario amparándose en que mantiene la mayoría de las acciones, nadie puede garantizar que aeropuertos deficitarios como los de El Hierro o La Gomera no terminarían cerrando una vez AENA esté en manos privadas. Ahora, sus pérdidas se enjugan con las ganancias de otros aeropuertos que sí son rentables, pero luego se terminará imponiendo la lógica del beneficio empresarial puro y duro por más que gomeros y herreños se queden prácticamente aislados. 

Así pues, que la salida a bolsa de AENA capote es una muy buena noticia aunque sea como consecuencia de la desastrosa gestión del Gobierno, siempre tan preocupado por los intereses privados y tan poco atento a los intereses generales. Y en estos días de corrupción rampante, una buena noticia hay que celebrarla por todo lo alto.