Ébola: información, información y más información

Casi un día después de que una cariacontecida ministra de Sanidad compareciera ante los medios para confirmar el primer caso de contagio del ébola más allá de las fronteras africanas, nada más se ha vuelto a saber ni nada más hemos vuelto a escuchar de su boca. La de ayer tarde fue una rueda de prensa lamentable para decir lo que ya había saltado a todos los medios de comunicación, que España acababa de adquirir el dudoso honor de convertirse en el primer país no africano del mundo con un caso de contagio por ébola. Si Ana Mato pretendió tranquilizar a la sociedad es evidente que no lo consiguió porque nada aclaró sobre las causas del contagio y, encima, ni se dignó a responder cuando se le preguntó por posibles responsabilidades políticas en este asunto, empezando por la suya. Se limitó la ministra a asegurar que los protocolos de seguridad se han aplicado a rajatabla – algo que está por ver - y a anunciar una investigación exhaustiva para detectar dónde ha estado la fuente del contagio. Y hasta la fecha. 

Sanidad tendrá que contestar si es cierto que el personal que atendió al sacerdote García Viejo, fallecido por ébola tras su repatriación desde Sierra Leona, no disponía de los trajes de protección adecuados. Es imprescindible que explique también las razones por las que se dejó pasar una semana para atender a la auxiliar de enfermería contagiada que se había quejado de fiebre apenas poco después de haber formado parte del equipo sanitario que atendió a García Viejo. El protocolo de seguridad establece que los sanitarios que atienden a este tipo de pacientes deben pasar un periodo de cuarentena de 21 días, con lo cual tiene el Ministerio que explicar por qué se la mandó a su casa e incluso se le permitió irse de vacaciones a pesar de que manifestaba tener fiebre y aunque esta no alcanzara los 38,6 grados que establece el propio protocolo. 

Del mismo modo tiene que dar una explicación de las razones por las que el Hospital Carlos III no se desalojó para atender a García Viejo y sí para Miguel Pajares, el otro religioso español también fallecido por ébola tras su repatriación desde Liberia. ¿Es cierto, como han denunciado hoy los sindicatos de enfermería, que a los profesionales sanitarios sólo se les impartió un cursillo acelerado de apenas una hora sobre cómo ponerse los trajes de protección para manejar a pacientes con ébola? ¿Y es cierto que el personal sanitario que atendió a estos enfermos continuaba al día siguiente con sus turnos laborales habituales sin que se tomara ningún tipo de precaución? Son otras dos cuestiones que también tendrá que aclarar Ana Mato o la Comunidad de Madrid y cuanto antes mejor. 

Esto nos lleva también a abordar el debate sobre si es lo más adecuado repatriar a españoles contagiados del ébola para ser atendidos en nuestro país. Por razones humanitarias no cabe la menor duda que es lo que hay que hacer y es lo mismo que hacen otros países como Francia o Estados Unidos. Habría supuesto un desprecio y una incalificable falta de humanidad que España hubiera dejado morir a estos dos religiosos en África que, al fin y al cabo, dieron sus vidas por quienes más los necesitaban. Sin embargo, por razones de salud pública las cosas no parecen tan evidentes si, como en el caso de España, tampoco parece haber las suficientes garantías para evitar un contagio como el que se confirmó ayer. 

En este punto cabe recordar que el Carlos III era hasta principios de este año el centro nacional de referencia para alertas epidémicas. Sin embargo, el tsunami privatizador de la Comunidad de Madrid desmanteló la unidad y dispersó a la práctica totalidad de su personal especializado por otros centros sanitarios con el fin de convertir el hospital en centro de crónicos y descargar de ese modo a la sanidad privada de clientes “no rentables”. Se mire como se mire y a expensas de las explicaciones que la ministra Mato está tardando demasiado tiempo en dar a la sociedad española y asumir de inmediato las responsabilidades que correspondan, lo ocurrido con este caso de contagio de ébola en España representa un sonoro fracaso de un sistema sanitario aturdido y desconcertado ante los recortes que viene aplicando desde hace tres año el Gobierno del que Mato sigue siendo ministra a pesar de su escandalosa relación con la trama corrupta Gürtel. 

También es un fracaso de la llamada comunidad internacional en su conjunto, la misma que ahora se alarma porque el ébola sale de África pero en ningún momento ha ido más allá de las palabras y de las buenas intenciones a pesar de pedirle e implorarle la Organización Mundial de la Salud que colabore de verdad y envíe personal sanitario para detener una epidemia que se propaga a enorme velocidad en países completamente desbordados y sin recursos para hacerle frente. ¿Alguien puede entender que Cuba, un país pobre con 11 millones de habitantes, haya enviado 165 médicos a la zona y Estados Unidos, el país más rico del mundo y con 316 millones de habitantes, haya enviado 3.000 soldados? Por cierto: ¿alguien sabe qué personal sanitario ha enviado España a los países más castigados por el ébola?

Esperando por el Círculo

Una semana después de que el ministro Montoro diera a conocer en el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado para 2015, seguimos esperando el contundente comunicado habitual del Círculo de Empresarios de Gran Canaria valorando el trato que reciben en ellos las Islas Canarias. Puede que se les haya petado el ordenador o que anden enfrascados en sus negocios, pero lo cierto es que empezamos a echar en falta el pormenorizado y riguroso análisis de este lobby empresarial, tan diligente cuando se trata de arremeter contra los presupuestos de la comunidad autónoma, el rechazo a las prospecciones o la posibilidad de que los ricos de estas islas tengan que pagar un poco más al fisco y tan lento de reflejos cuando de lo que se trata es de analizar las cuentas de Rajoy. 

Es extraño, la verdad, que una semana después no hayan dicho aún esta boca es mía para ponderar como se merece que un convenio como el de carreteras, firmado y sellado por el Gobierno del Estado y el de Canarias se incumple año tras año por parte de la primera parte contratante sin que el Círculo de Empresarios de Gran Canaria ponga el grito en el cielo inmediatamente. La congelación de la partida destinada a ese convenio, que no es una graciosa concesión del Gobierno del Estado sino – insisto – un compromiso firmado y sellado, va a tener seguramente repercusiones negativas sobre las empresas adjudicatarias de las obras adscritas al acuerdo. Puede que algunas de ellas tengan que recurrir incluso al concurso de acreedores y puede que hasta tengan que despedir trabajadores. 

Por no hablar de los años que llevan esperando ciudadanos de estas islas a los que en su día se les prometió modernizar sus vías de comunicación y ahora comprueban que lo que firma el Gobierno del Estado se puede incumplir alegremente con la excusa del déficit, la situación económica o cualquier otra milonga. Ante esto calla el Círculo de Empresarios de Gran Canaria en un silencio como poco elocuente cuando no escandaloso. Tampoco ha abierto la boca ni emitido comunicado alguno sobre la desaparición de los fondos para las políticas activas de empleo en las islas, ellos que siempre se lamentan de las altas tasas de paro que sufre Canarias, que alaban sin tapujos la reforma laboral y hacen votos a favor del petróleo como el maná creador de decenas de miles de puestos de trabajo. 

Tampoco se han pronunciado sobre el nuevo recorte en las subvenciones para la producción de agua desalada en Canarias, al que los presupuestos del Estado le rebanan otro medio millón de euros el año que viene después de dejarlas en apenas cuatro millones este año. Y todo ello con dos islas – Lanzarote y Fuerteventura – que dependen por completo de la desalación de agua y otra – Gran Canaria – que depende en gran medida. Tampoco ha salido en tromba esta vez el Círculo de Empresarios a criticar que los Presupuestos del Estado le hayan vuelto a hacer una higa al Régimen Económico y Fiscal de Canarias, ese que tanto suelen defender cuando comporta subvenciones sin cuento para los empresarios y posibilidades infinitas de escamotear el pago de impuestos a través de la Reserva de Inversiones de Canarias. 

A lo que se ve, al Círculo no le enfría ni le calienta que estas islas se alejen cada vez más de la media de inversión per capita del Estado, justo lo contrario de lo que establece el Régimen Económico y Fiscal. Que el Gobierno de Rajoy destine una inversión de 127 euros por cada habitante de estas islas frente a los 242 de media nacional es algo que no parecer ir con este selecto club de pensadores económicos. Lo mismo, silencio total, muestran ante un sistema de financiación autonómica que acumula año tras año un déficit con las islas que ya ronda los 1.000 millones de euros y sobre el que nunca ha dicho una palabra el Círculo de marras. 

No quiero ser mal pensado pero tal vez el silencio obedezca a que ese dinero se destina en su mayor parte a pagar la sanidad y la educación pública de aquellos que no tenemos la suerte de podernos permitir que nos atiendan en una clínica privada o que nuestros hijos estudien en un colegio de pago. En conclusión, ardo en deseos de leer el comunicado del Círculo de Empresarios de Gran Canaria sobre las cuentas de “la recuperación y el crecimiento” porque, a cada día que pasa sin que se pronuncie, es mayor el estruendo de su silencio político.

Robo a tarjeta armada

El lenguaje jurídico es muy retorcido y llama apropiación indebida a lo que cualquier ciudadano común llama robar, afanar, mangar o chorizar. Eso es lo que han estado haciendo durante muchos años casi 90 directivos y consejero de Caja Madrid con las tarjetas “black” – un nombre muy apropiado – que la propia entidad financiera les entregaba para que se compraran ropa, viajaran, pagaran hoteles y se regalaran opíparas comidas. Entre una cosa y otra, este clan de la tarjeta opaca le birló a Caja Madrid 15,5 millones de euros. 

Eso si contamos sólo el periodo sobre el que se ha realizado la auditoría externa encargada por el presidente de Bankia, entidad en la que se integró la caja madrileña, y que va de 2003 a 2013. No obstante, la propia auditoría revela que desde 1994 se habían entregado tarjetas de ese tipo, aunque no entra a explicar a quiénes ni cuál fue el gasto que se realizó con ellas. Sea como fuere, lo cierto y verdad es que una camarilla de directivos que cobraban sueldos millonarios anuales – Miguel Blesa, el presidente de la entidad, cobró el último año al frente de Caja Madrid más de 3 millones de euros – junto a una nutrida representación política, sindical y empresarial de consejeros han estado al menos una década saqueando masivamente las cuentas de la caja por cuya salud financiera tenían obligación de velar. 

A lo que se ve, por la única salud financiera que han velado durante todo ese tiempo ha sido por la suya particular de cada uno al tiempo que, unos por acción y otros por omisión, engañaban y robaban con todo el descaro del mundo a niños de pecho y a jubilados y pensionistas sin conocimiento financiero alguno con las tóxicas participaciones preferentes. Ni que decir tiene que los gastos de la tarjeta – que en casos como el de Blesa y su guardia de corps rondan el medio millón de euros - se ocultaban convenientemente al fisco mediante fórmulas tan ocurrentes como “errores informáticos”. Por supuesto, tampoco figuraron nunca en las nóminas de los afortunados poseedores de uno de esos pequeños trozos de plástico cantidad alguna en concepto de retribuciones en especie por las que habrían tenido que pagar impuestos. 

Con todo, ese ataque pertinaz a las cuentas de la entidad de la que ya cobraban jugosos sueldos no es lo peor, sino el hecho de que el robo fuera vox populi y nadie hiciera ni dijera absolutamente nada. Pedro Abejas, agraciado con una de esas tarjetas por su condición de consejero en representación del PP y que ahora acaba de poner en la puerta de la calle su propio partido, acaba de decir que todo el mundo sabía lo que ocurría y ha rematado añadiendo que, si lo que hacían es delito, todos los directivos de España tendrían que ir a la cárcel. Pues a lo mejor, aunque si no todo tal vez unos cuantos más que los que aparecen en esta explosiva auditoría. 

Hacienda, que como siempre está a verlas venir mientras Montoro piensa en amnistías fiscales y pajaritos preñados, se hace ahora la virtuosa dama mancillada y anuncia una investigación en las grandes empresas de otro selecto club, el formado por el IBEX 35, por si también ahí ha habido fiesta en negro con champán a cuenta de los accionistas. Luego nos encandilará el infalible ministro con unas cuantas estadísticas y proclamará ufano que la lucha contra el fraude fiscal progresa adecuadamente. Tampoco el Banco de España, otra entidad que cada día entiendo menos para qué rayos sirve, se llegó nunca a oler el pastel que se cocinaba a diario en Caja Madrid y tal vez en muchos otras cajas españolas. Como a Montoro y a sus antecesores en Hacienda, también a él lo tomaron por el pito del sereno y directivos y consejeros han podido reírse a placer en las barbas de los gobernadores del Banco de España de al menos la última década mientras se llenaban los bolsillos y limpiaban la caja fuerte. 

Ante el escándalo, casi todos los partidos, sindicatos y organizaciones empresariales se rasgan ahora las vestiduras, prometen expedientes y anuncian dimisiones en un ejercicio de hipocresía de muy escasa credibilidad después de años colonizando las cajas de ahorro. Salvo el PP, por supuesto, que fiel a sus principios ante la corrupción pide calma, prudencia y, sobre todo, buenos alimentos, mejores hoteles, billetes en primera y trajes caros. Pero aún más indignante si cabe que el choriceo continuado de esta casta de sinvergüenzas, de la inopia de Hacienda, de la inutilidad del Banco de España y de los golpes de pecho de los políticos, es el hecho de que esto ocurre en un país en el que ha habido que tirar de dinero de todos los ciudadanos para rescatar a un buen número de cajas de ahorro podridas hasta los cimientos. 

Así, para impedir que Bankia no cayera como un castillo de naipes después de las trapisondas con sus cuentas y su disparatada salida a bolsa, los españoles hemos tenido que poner más de 24.000 millones de euros. Mientras, han continuado los desahucios como si aquí no hubiera pasado nada y para que los preferentistas vilmente engañados puedan recuperar el dinero que le afanaron los banqueros sólo hay pegas y trabas de todo tipo. 

Algunos de los encartados en este escándalo como Rodrigo Rato han corrido veloces a devolver el dinero que chorizaron con la tarjeta negra. Tal vez crean que con eso basta cuando eso sólo debe de ser el principio. Investigación exhaustiva, meticulosa y rápida e imponer responsabilidades penales contundentes para quienes han vivido el dolce far niente de tirar del dinero ajeno es lo mínimo que exige una sociedad asqueada de la casta de tramposos y ladrones que ha asolado a este país y aún pretende que sean las víctimas las que carguen con la pena.      

Petróleo: que decidan los canarios

Cuando una puerta se cierra otra se abre y cuando se cierran todas por algún sitio habrá que respirar. La primera decisión de José Manuel Soria cuando llegó al Ministerio de Industria, Energía y Turismo fue resucitar un viejo decreto de prospecciones petrolíferas en Canarias que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había aparcado a la vista del escaso consenso que la actividad petrolera suscitaba en unas islas que viven del turismo y que poseen uno de los medioambientes más singulares del planeta. Soria, que venía de quedarse sin formar parte del Gobierno de la comunidad autónoma de la que es natural, puso de nuevo sobre la mesa la cuestión sin un mínimo acercamiento previo a las instituciones y a la sociedad canaria para conocer su parecer. A partir de ahí el debate de las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canaria que dura ya tres largos años no ha hecho sino enconarse con el paso del tiempo. 

Frente al “sí” del ministro al petróleo sin ofrecer nada a cambio a los canarios, salvo los riesgos de un vertido de petróleo en sus aguas y costas, surgió inmediatamente el “no” de las instituciones canarias y, de modo creciente, de una buena parte de la sociedad insular. El debate se fue envenenando a medida que Industria continuaba dando pasos en la dirección deseada por Repsol, de la que el ministro da la preocupante sensación de ser su principal portavoz y conocer al dedillo todos sus planes: informe de impacto ambiental favorable elaborado por un ministerio cuyo titular – Miguel Arias Cañete - mantenía negocios privados con empresas petroleras y autorización definitiva por parte de Industria para iniciar los sondeos. Por el camino se soslayaron las pegas y advertencias de reputados científicos sobre los riesgos de la actividad, se añadió información al expediente que nunca vio la luz pública y se pospuso convenientemente hasta después de la autorización final la consideración de las aguas elegidas para las prospecciones como Lugares de Importancia Comunitaria para su inclusión en la Red Natura 2000 de la UE. 

Tras dos años de intenso rifi rafe político entre Madrid y Canarias en el que las inquinas personales entre Soria y el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero, también han jugado un papel no poco destacado, a instancias del Gobierno de Canarias el Parlamento autonómico solicitó en febrero de 2014 autorización al Gobierno del Estado para celebrar una consulta popular en las islas en la que los ciudadanos pudieran pronunciarse a favor o en contra de la actividad petrolífera en sus aguas. Ocho meses después y como ha hecho también ante otras muchas peticiones de Canarias a las que nunca ha atendido, el Gobierno de Rajoy sigue sin responder ni en sentido afirmativo ni en sentido negativo. 

Dicho en otras palabras, ha ignorado olímpicamente una petición formal realizada por un parlamento y un gobierno legítimos sobre un asunto de especial importancia para un territorio del que parlamento y gobierno son dos de sus instituciones principales. Las únicas respuestas que han recibido las islas ante esa petición han sido las declaraciones de fin de semana del ministro Soria y de sus compañeros canarios del PP en el sentido de que Canarias no puede convocar una consulta sobre un asunto en el que no tiene competencias. Eso sí, ni Soria ni sus compañeros del PP han sido todavía capaces de explicar con convicción a la ciudadanía de estas islas las razones por las que este mismo partido rechaza de plano los sondeos en Baleares mientras los apoya en Canarias sin apenas fisuras. 

Después de esperar en vano que Rajoy rompiera su irrespetuoso silencio institucional para con Canarias, el Ejecutivo de las islas decidió apoyarse en su legislación y en sus competencias autonómicas para convocar a los ciudadanos a una consulta sobre las prospecciones. Será el 23 de noviembre y la pregunta, desvelada hoy por el presidente canario, será: “¿cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?”. Aunque a priori no hay nada en esa pregunta que invada competencias estatales ya que la gestión del medio ambiente y el turismo son competencias autonómicas, es muy probable que el Gobierno del Estado sí responda esta vez y lo haga interponiendo un recurso de inconstitucionalidad con petición expresa de suspensión cautelar de la convocatoria. No me caben muchas dudas de que la Abogacía del Estado hará lo imposible para conseguirlo.

Sin embargo, eso no evitaría el error político de imprevisibles consecuencias que cometería el Gobierno central si cae en la tentación de establecer comparaciones con Cataluña y niega a los canarios la posibilidad de pronunciarse en las urnas sobre un asunto que les afecta directamente. Son los ciudadanos de estas islas los que asumen los riesgos de la actividad petrolera por ínfimos que le parezcan al PP. Esos mismos ciudadanos llevan tres años asistiendo a un debate enquistado sin encontrar en el Gobierno del Estado el más mínimo gesto de acercamiento ni la más mínima promesa de repensar las decisiones y negociar posibles soluciones que satisfagan a todos. Lo único que conocen hasta hoy son etéreas e increíbles promesas de empleo y riqueza escritas en el fugaz viento de las palabras del ministro Soria, de sus compañeros de filas y de los responsables de Repsol. Ya es hora de escuchar a los ciudadanos y hacerlo como se hace en cualquier democracia: a través de las urnas.

Dos futuros venturosos

Ya se oye fuerte y alto el coro de voces blancas que alaba los próximos Presupuestos Generales del Estado. Lo conforman los cargos públicos y orgánicos del PP que, todos a una, repiten como en el estribillo de una canción del verano lo que dicen Rajoy y Montoro: “estos son los presupuestos del crecimiento económico y el empleo”. Este armónico canto de esperanza y fe en la súbita recuperación económica de España, la caída del paro y la salida del Sol por poniente hace oídos sordos a las críticas de la oposición y a las advertencias de la mayoría de los analistas económicos que se empeñan, los muy malvados, en ponerle sordina a tanta alegría desbocada en las filas populares. Sin duda les mueve el deseo de aguarle la fiesta al Gobierno cuando advierten de que para que el PIB crezca el año que viene un 2% y se creen 350.000 empleos – sin entrar ahora en la calidad de esos contratos - como pronostica el Gobierno, primero tendrán que levantarse los nubarrones que se ciernen sobre Alemania, Francia e Italia y, eso a día de hoy, no hay nadie en la Unión Europea que pueda pronosticarlo y menos garantizarlo. Más bien todo lo contrario, lo que vaticina la mayoría es que los países del euro están rozando una nueva recesión que daría al traste con la música celestial que estos días entona el PP. 

Por seguir molestando también le recuerdan que si la economía no levanta el vuelo, la reforma fiscal con la que Montoro quiere convencernos de que en 2015, año de elecciones, a los españoles nos va a sobrar un pastizal en el bolsillo para gastar en fruslerías puede volverse directamente en contra, no del ministro, sino de todos nosotros en forma de nuevos recortes para cuadrar el sacrosanto déficit público. Y por ponerle una rueda más al carro triunfal de los presupuestos, advierten también de que la gigantesca deuda pública, superior ya al 100% del PIB, se va a seguir llevando la parte del león de los presupuestos por mucho que la prima de riesgo se haya ido unos meses de vacaciones a la espera del desenlace catalán, que esa es otra. En otras palabras, que no estamos ante unos verdaderos presupuestos para el crecimiento y el empleo – las inversiones públicas apenas son una anécdota en estas cuentas del Estado - sino, una vez más, para la contención del déficit caiga quien caiga y a mayor gloria de Merkel.

A Canarias, ni agua

Si bajamos de las grandes cifras del presupuesto nacional a las que tienen que ver con el reparto por comunidades autónomas, el panorama es aún más desolador para territorios como Canarias. Aquí también no han tardado en lloverle las críticas a estos presupuestos y en escucharse al mismo tiempo las voces del PP canario que las alaba con absoluto convencimiento. Después de tres años de sequía presupuestaria en los que el Gobierno de Mariano Rajoy ha hecho de su capa un sayo con compromisos adquiridos con las Islas y convenios como el de carreteras, obras hidráulicas, renovación turística, infraestructuras educativas, políticas activas de empleo, desalación de agua o subvenciones al transporte de mercancías y pasajeros, las próximas cuentas del Estado para las islas se descuelgan con 268 millones de euros, apenas un 5% más que este año en el que ya fueron paupérrimas. 

Sea porque el Gobierno de Canarias no es de la cuerda popular, sea porque no le sigue la corriente a Repsol y al ministro Soria o sea porque en Madrid creen que en estas islas nos basta y sobra una sombrilla y un bañador para ser felices, lo cierto es que estas cuentas colocan al Archipiélago en los puestos de cola de la inversión directa en las distintas comunidades autónomas. Y no parece que sea mera casualidad que entre las que más ven incrementadas sus inversiones estén aquellas en las que gobierna el PP, casos de Baleares o Murcia, o un partido primo hermano del PP, caso de Navarra. 

A pesar de contar Canarias con un régimen económico y fiscal diferenciado que obliga al Gobierno del Estado a equiparar la inversión per capita en las islas con la media nacional, las cuentas de 2015 se lo vuelven a saltar la torera al situar esa inversión casi a la cola del país, ignorando olímpicamente insularidad, lejanía y tasa de paro. A Madrid no le ha conmovido tampoco el hecho de que Canarias sea una de las autonomías más cumplidoras del déficit público o que la modificación del injusto sistema de financiación autonómico haya quedado para las calendas griegas por intereses políticos y electoralistas del PP.

La guinda

La guinda a este desafuero la acaba de poner el propio PP canario con una propuesta para reducir el IGIC – equivalente canario del IVA – en dos puntos y rebajar el tramo autonómico del IRPF de las rentas inferiores a los 53.000 euros. En esta progresiva propuesta fiscal – así la califica el propio PP – se cuidan mucho los populares de mantener congelado el tramo autonómico del IRPF para las rentas superiores a esa cantidad alegando que los ricos ya pagan demasiados impuestos en Canarias. Subirles los impuestos a los que más tienen - cabe pensar - afectaría negativamente al consumo de yates, coches de lujo, güisqui de malta y puros habanos. 

Lo que no dicen es ni cuánto dejaría de recaudar la comunidad autónoma si la propuesta se aplicara ni cómo afectaría eso a la financiación de los servicios públicos esenciales del Archipiélago, que llevan padeciendo reiterados recortes desde hace años. Con decir que la rebaja fiscal favorecería el consumo y aumentaría los ingresos y exigirle al Gobierno de Canarias que lamine el sector público autonómico cuadran el círculo presupuestario sin mayores complicaciones y se unen al coro angelical que nos promete, no uno, sino dos futuros venturosos. 

El retiro dorado de Gallardón

¿No había abandonado Alberto Ruíz – Gallardón la política? Eso al menos habíamos entendido todos cuando la semana pasada le dio con la puerta en las narices a Mariano Rajoy después de que el presidente viera la luz del consenso y retirara la reforma de la Ley del Aborto “para que el próximo gobierno no la cambie desde el minuto uno”. Pues va a ser que no, que lo de retirarse de la política que dijo el ex ministro de Justicia debió ser algo retórico que los mortales ciudadanos de a pie en nuestra torpeza habitual no supimos entender con exactitud. Cuando andábamos todos preocupados y preguntándonos qué iba a ser ahora de Gallardón, a qué iba a dedicar el tiempo libre y si tendría incluso que apuntarse en las listas del paro, llegó la respuesta a tanta inquietud. La puerta que el ex ministro parecía haber enfilado no era la de su casa sino la de otro organismo público, que giró convenientemente para darle paso y albergue. Y es que apenas cuarenta y ocho horas después de dejar la cartera de Justicia se nos aparece el ex ministro formando parte del Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid de la que fue presidente y en el que tenía un asiento reservado por si las cosas en la alta política le iban mal, como así ha sido. 

Ya quisieran para sí los cientos de miles de parados españoles que llevan años buscando empleo encontrar uno con tanta rapidez como el que le salió a Gallardón nada más salir por la puerta del Ministerio. Ahora, desde ese órgano consultivo, cuyo objetivo teórico es informar de la legalidad de los proyectos legislativos de la comunidad madrileña, Ruiz – Gallardón podrá presumir de que ganará más que como ministro y por no hacer prácticamente nada. En concreto, unos 8.500 euros brutos al mes por reunirse como mucho una vez a la semana con los colegas del Consejo Consultivo de marras y darle el visto bueno a lo que el Ejecutivo de Ignacio González guste mandar. 

Después de que su ex compañero de gabinete Cristóbal Montoro le cobre los impuestos, Ruiz Gallardón ingresará anualmente, sin contar pagas extras y otras prebendas como secretaria y coche particular, la ridícula cifra de unos 66.000 euros, lo mismo aproximadamente que un mileurista, si es que todavía queda alguno en España. Allí, en el Consejo Consultivo, podrá el ex ministro echarse incluso unas risas con otro “retirado” de la política como el socialista Joaquín Leguina, martillo de herejes y escritor de lo humano y lo divino a tiempo completo y que tampoco le hizo ascos en su momento a puesto tan bien remunerado y de tan escaso estrés tras pasar, como Gallardón, por la presidencia de la comunidad madrileña. 

Y encima y por si fuera poco, Ruiz Gallarzón se llevará ese pastizal todos los meses a casa sin tener que enfrentarse a diario a las manifestaciones y a las críticas de las organizaciones proabortistas y antiabortistas, los jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, registradores de la propiedad, funcionarios de justicia, damnificados por las tasas judiciales y bedeles de juzgados, por solo citar a algunos de los colectivos que lo han tenido presente en sus oraciones durante los últimos tres años. 

En una de sus muchas propuestas para lo que el PP llamó en su día la “racionalización” del sector público figuró la supresión de los consejos consultivos de las comunidades autónomas y el traspaso de sus competencias al Consejo de Estado. Estos órganos autonómicos son supuestamente independientes del poder ejecutivo ya que sus miembros son nombrados por parlamento regional, esto es, por las correspondientes mayorías políticas, haya o no consenso. Pero como da la casualidad de que los diputados no son alienígenas sin afiliación política, lo que suele ocurrir es que los partidos colocan en el Consejo Consultivo de turno a los suyos y así los respectivos gobiernos se evitan dolores de cabeza, pegas y trabas jurídicas de todo tipo. 

Si esto pasa en el Consejo del Poder Judicial y hasta en el Tribunal Constitucional, con un presidente que ocultó durante años su afiliación al PP, ya me dirán qué no pasará en estos consejos autonómicos que no son órganos jurisdiccionales sino meramente consultivos. Lo malo de aquella reforma que al final quedó en nada era que no pretendía dotar de medios al Consejo de Estado para que atendiera en tiempo y forma las necesidades de las comunidades autónomas, sino recentralizar competencias autonómicas por la vía del ahorro puro y duro sin ofrecer alternativas a cambio. Si entonces no prosperó la idea, ahora que Ruiz Gallardón ha aterrizado en el Consejo Consultivo de Madrid ya la puede archivar para siempre el PP en el cajón de las promesas incumplidas. A ver quién es capaz de soportar otra filípica del ex ministro si tiene que renunciar también a su retiro dorado.

Rumbo torcido

Dice Rajoy refiriéndose a Cataluña que “aún estamos a tiempo de enderezar el rumbo”. Lo ha dicho tras firmar esta mañana los recursos de inconstitucionalidad contra la ley catalana de consultas no refrendarias y el decreto de la Generalitat que convoca la consulta soberanista del nueve de noviembre. De nuevo, poco más ha dicho el presidente del Gobierno español. El resto ha sido reiterar sus apelaciones a la Ley y a la Constitución, que no están de más pero ni de lejos resuelven el problema de fondo que es, ante todo, un problema político. La cuestión es saber si de verdad se está a tiempo de enderezar el rumbo y evitar el choque de trenes y todo hace indicar que no. Se ha perdido demasiado tiempo por parte de unos y de otros en un juego irresponsable que nos ha llevado a una situación potencialmente explosiva. 

Esta misma tarde se reunirá el pleno del Tribunal Constitucional, que no tenía previsto hacerlo hasta la semana que viene, para estudiar los recursos del Gobierno contra las decisiones de Artur Mas a propósito de la consulta soberanista. Salvo sorpresa más que mayúscula, el Constitucional suspenderá cautelarmente tanto la ley de consultas no refrendarias como el decreto para el nueve de noviembre que Mas firmó el sábado. ¿Y luego qué? ¿Cuál será el siguiente paso de Artur Mas ahora que la pelota vuelve a su tejado? No lo sabemos pero lo intuimos: elecciones anticipadas con lista nacionalista única y carácter plebiscitario. Eso o desobediencia civil, como pide ERC. Anoche, en la entrevista que Ana Pastor le hizo en La Sexta al presidente catalán, este eludió por activa y por pasiva aclarar qué pasará el 9 de noviembre si, como es más que probable, ley y decreto quedan suspendidos cautelarmente. 

Mas, además de creer que convencerá al Constitucional para que levante la suspensión cautelar, no contempla otro escenario que no pase porque los catalanes “hablen y se les escuche”. Repite de forma machacona y en contra de toda evidencia que lo que busca no es una declaración unilateral de independencia sino conocer la opinión de los catalanes expresada en las urnas, algo que en su opinión no merece reproche jurídico ni constitucional por más que, a día de hoy, la Constitución no permita a una comunidad autónoma convocar un referéndum de esas características en tanto implica cuestionar la unidad nacional. De sentarse a dialogar y buscar fórmulas creativas que permitan salir de este atolladero nada de nada, ni por parte de Mas ni por parte de Rajoy. 

Ambos pregonan que lo han intentado hasta la saciedad y culpan a la contraparte de no haberse avenido a razones. Sin embargo, los hechos los desmienten a ambos: Mas pretendía para Cataluña un trato fiscal del tipo vasco o navarro y cuando Rajoy se lo negó se envolvió en la bandera independentista y se lanzó en brazos de ERC y Oriol Junqueras, que ahora lo tiene bien sujeto a su propia estrategia política y con escasas posibilidades de escapar. Mariano Rajoy, por su parte, desatendió el documento de 23 puntos que Mas le puso sobre la mesa de La Moncloa y a día de hoy sigue sin prestarle la más mínima atención, aunque para esto es aún más tarde todavía. 

De aquellos barros estos lodos y, a fecha de hoy, nadie en este país es capaz de predecir cómo acabará la situación creada por la deriva independentista de Mas y la inmovilidad de Rajoy. Lo que parece evidente a estas alturas del serial es que esgrimir las leyes y la Constitución no son argumentos suficientes para enderezar el rumbo, como dice Rajoy. Ni unas ni la otra son la palabra revelada o la verdad eterna y la Carta Magna hace años que requiere una revisión a fondo. En este contexto son varios los juristas que apuestan por una modificación de la Constitución para acomodarla a los nuevos tiempos y encajar en ella los hechos diferenciales que, por cierto, no se limitan sólo a Cataluña y al País Vasco. Nada impide, por ejemplo, que el Gobierno del Estado pregunte a los catalanes si ven conveniente iniciar una reforma de la Constitución que incluya el derecho de secesión. Si la competencia para convocar referéndums reside en el Estado, no hay ninguna traba constitucional para que sea el propio Estado el que lo plantee ni aunque sea sólo para un territorio, en este caso Cataluña. 

Claro que esto obligaría al Gobierno central y a las dos grandes fuerzas políticas de ámbito nacional a dejar de advertir con el cumplimiento de la Ley y pasar a hacer pedagogía para explicar en Cataluña las ventajas de permanecer unida a España, tal y como se vio obligado a hacer Cameron ante el reciente referéndum escocés de independencia en donde terminó triunfando el no. En otras palabras, articular las medidas constitucionales y legales para que los catalanes, dentro de un marco jurídico nuevo, puedan decidir sobre su futuro después de conocer las ventajas y los inconvenientes de la secesión. Se me antoja que sólo una salida de ese tipo, aún teniendo en cuenta las dificultades que entraña, podría enderezar el rumbo. De lo que sí estoy convencido es de que la reiterada apelación a las leyes por parte de Rajoy y la huida hacia adelante por parte de Mas sólo contribuirá a torcerlo cada vez más.  

Ya llegan los Reyes Magos

No es broma, los Reyes Magos se han aparecido hoy en La Moncloa al término del Consejo de Ministros tres meses antes de lo que marca la tradición. Sólo que no llevaban turbante ni chilaba ni viajaban en camello, aunque lo peor de todo es que han vuelto a dejarnos carbón sin importarles que nos hayamos portado bien y nos hayamos tomado todo el aceite de ricino. La reina de la mesa, Soraya Sáenz de Santamaría, abrió el desfile definiendo los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha aprobado hoy como los de la “consolidación del crecimiento económico y la creación de empleo”. 

Cedió el turno a Luis de Guindos, el rey mago de la economía nacional, que desgranó un rosario interminable de “en términos de esto, de lo otro y de lo más allá”. En síntesis vino a decir que la economía española va como una moto, que el año que viene el PIB nacional crecerá hasta el 2% y subiendo y se van a crear casi 350.000 empleos. Consciente de que el lunes dijo en Australia que en el horizonte de la eurozona se ven las negras orejas del lobo de la recesión, hoy se sintió en la necesidad de matizar que de haber problemas no pasarán del próximo mes de diciembre. Así que, a partir de enero ya podremos amarrar los perros con longanizas. Porque dice el ministro que España ha corregido sus desequilibrios económicos internos y, por tanto, no hay que preocuparse demasiado de que a franceses, italianos e incluso alemanes empiece a rondarles la famosa recesión que, como decíamos ayer, es la misma que nos acogota a todos los que no somos banqueros o grandes empresarios desde que la crisis habita entre nosotros. 

Para Guindos no parece suponer mayor problema ni desequilibrio interno digno de mención que tengamos cinco millones muy largos de parados o una monstruosa deuda pública que ya supera el PIB nacional y cuyos intereses se llevarán el año que viene casi 35.500 millones de euros, la mayor de todas las partidas de las cuentas públicas, mayor incluso que el gasto de los ministerios. Se ve que el optimismo de Rajoy en Pekín que les comenté ayer se ha trasladado a su ministro de economía vía satélite.  En cuanto al paro, aseguró de Guindos que la tasa de desempleo se va a poner el año que viene en torno al 22,9% que, miren ustedes por dónde, son cuatro décimas más que la que había cuando Zapatero se despidió para siempre de La Moncloa. Todo un éxito del Gobierno y de su reforma laboral, sin duda. 

Echando números sale que en los cuatro años de legislatura del PP, en España se habrán destruido unos 400.000 empleos y eso sin contar la caída de la población activa representada por los españoles, comunitarios y extracomunitarios que han hecho las maletas en busca de un futuro mejor lejos de la “marca España”. 

Si de Guindos fue el encargado de darnos las supuestamente buenas noticias macroeconómicas, de las malas se ocupó el rey mago de la Hacienda Pública y las amnistías fiscales, Cristóbal Montoro. Y aquí fue el crujir de dientes: enredado en un interminable rosario de “en términos de lo de acá y de lo de allá” nos confirmó la congelación del sueldo de los empleados públicos por quinto año consecutivo a cambio de elevar del 10 al 50% la tasa de reposición en servicios esenciales y devolverles una cuarta parte de la paga extra de Navidad que les chorizó en 2012 para cumplir el objetivo de déficit.

Los pensionistas, los pobres, sólo verán incrementada sus pensiones el año que viene el 0,25%, que es lo mínimo que despacha el famoso factor de sostenibilidad. Ni para unas pantuflas nuevas les va a dar el aumento aunque, eso sí, asegura el Gobierno que no es cierto que haya congelado las pensiones. El techo de gasto de las administraciones públicas cae el 3,2% porque – ya saben – España es un país serio y tiene que cumplir el déficit comprometido con Bruselas. En cuanto a su reforma fiscal, está Montoro tan abducido por el optimismo que reina en el gabinete de Rajoy que no duda en asegurar que la marcha imparable hasta la victoria final de la economía española hará que queden en nada los millones que no recaudará después de aliviar la carga fiscal a los más pudientes y a las empresas y hacer como que se la reduce también a los demás. 

Como digo, en la comparecencia de los magos del trile económico y fiscal del país hubo muchos “en términos de” pero no recuerdo habar escuchado ni una vez “inversión pública”, “medidas anticíclicas” o “estímulos de la economía para reactivar el consumo, el crédito y la inversión y, en consecuencia, el empleo”. Y eso que el año que viene hay elecciones y cabía esperar, aunque solo fuera por arañar votos, que el Gobierno abriera un poco el puño del austericidio. O a lo mejor hablaron de eso pero yo me había quedado dormido y no lo oí soñando con los Reyes Magos de verdad.

Cuentos chinos

Mariano Rajoy es como los malos periodistas, procura que los datos de la realidad no le estropeen un buen titular. También empieza a parecerse tanto a Rodríguez Zapatero que no resulta fácil decidir cuál de los dos se muestra más optimista a pesar de que las cifras digan todo lo contrario. Zapatero se parapetó en un optimismo carente de fundamento para negar la crisis y no cambió de postura hasta que el tsunami llamó a las puertas de La Moncloa. Después vino la caída del caballo y la no menos famosa intervención de julio de 2010 en el Congreso en donde dejó para los anales de la Cámara y del país aquello de que tomaría las medidas que España necesita aunque sean difíciles, “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste”. Pero aquello ya es historia vieja y todos recordamos lo que les costaron sus medidas a los españoles y lo que le costaron al propio Zapatero. 

Ahora sigue sus pasos Rajoy quien, después de dejar a Ruiz – Gallardón fané y descangallado tras retirarle su proyecto más querido, la reforma de la Ley del Aborto, se ha ido a China a vender optimismo económico por los cuatro costados. Transcribo literalmente sus palabras en Pekín ante una selecta representación de empresarios chinos: “La situación económica de España es ahora diametralmente opuesta la que teníamos hace tres años, gracias a un cambio de rumbo decidido de la política económica y unas perspectivas indudablemente mejores”. Y remató: “España ha dado la vuelta a la situación y está creciendo, creando empleo, exportando, invirtiendo y haciéndolo de forma sostenida y sostenible”. Y, añado yo, los españoles sin enterarnos. Es verdad que no repitió lo de las raíces vigorosas de la economía española, aunque creo que al menos debió concluir con un ¡olé! para redondear la intervención. 

Supongo que Rajoy no cree en el falso tópico de que los chinos son tan tontos que se les pueda engañar como a tales. Puede que crea, en cambio, que como su democrático gobierno no les deja acceder a según qué páginas en internet no se han enterado de que la economía en la Unión Europea tirita de frío, que a Francia, Italia y a la propia Alemania le castañetean los dientes y que España no escapará a un agravamiento de su pulmonía si los motores que tiran del carro de la maltrecha Unión Europea siguen gripados durante mucho tiempo más. 

Para Rajoy no debe tener ninguna importancia que el presidente del BCE, Mario Draghi, haya dicho hace solo unos días que la economía de la eurozona está al borde de una nueva recesión – preciso que para los ciudadanos de a pie es la misma desde hace años - y que su propio ministro de Economía, Luis de Guindos, dijera también que como en el resto de Europa no mejoren las cosas significativamente España seguirá en estado de postración hasta Dios sabe cuándo. 


Él solo pretendía encandilar a los empresarios chinos con una España de la que sólo le faltó decir, como a Zapatero, que vuelve a estar en la Champions League de las economías del mundo mundial. Y en cuanto a lo de que se está creando empleo e invirtiendo que dijo Rajoy a los empresarios chinos será en los mundos de Yupi, que es en donde parece vivir el presidente. Bien está que el jefe del Ejecutivo se dé una vuelta de vez en cuando por el mundo: eso ayuda a desprenderse del pelo de la dehesa, se hacen amigos aunque sean rojos de boquilla y, si se tercia y salen unos contratos para empresas españolas con empresarios comunistas chinos o estos deciden invadirnos con tiendas de todo a 1 euro, miel sobre hojuelas. A inversor interesado en gastarse su dinero en España es norma de la casa no mirarle el diente y ahí está, por ejemplo, el caso de Adelsson y su malogrado Eurovegas de Madrid, que por un quítame allá esas leyes se fue con la pasta a otra parte para disgusto de Esperanza Aguirre e Ignacio González. 

Pero de ahí a intentar engañar a los chinos haciéndoles creer que si no invierten en una España a punto de caramelo económico o no hacen negocios con empresas españolas es que son tontos de remate, va una distancia como de aquí a China. No sé a los chinos pero a quien desde luego no engaña Rajoy es a los españoles y no es porque no le tengamos simpatía a este hombre al que de unos días a esta parte le invade un ardor de consensuarlo todo que hasta un ministro se ha quitado de en medio por poco consensuador. Es simplemente porque donde Rajoy ve raíces vigorosas los ciudadanos sólo vemos hojas secas y no precisamente porque haya entrado el otoño. 

Entrevista en Paperblog

Desde Paperblog me piden amablemente que conteste a unas sencillas preguntas sobre este blog. Aquí están las preguntas y las respuestas.
-¿Cómo definirías el estilo de tu blog?
Con una sola palabra: crítico. El objetivo es reflexionar sobre los asuntos de la actualidad desde una visión crítica y ponderada, es decir, equilibrada y evitando en todo momento la descalificación personal o el insulto. El blog es mi forma personal e intransferible de ver la realidad económica, social o política que vivimos a diario y no pretende convencer a nadie, sólo poner en orden mis propias ideas y expresarlas con absoluta libertad añadiendo en ocasiones un ligero toque ácido e irónico que hagan más digerible asuntos a veces áridos y a veces dramáticos.
-Tus artículos ofrecen una opinión a partir de un análisis sobre la política nacional e internacional, ¿En qué criterios te basas o qué es lo que te inspira a la hora de escoger una temática a tratar?
Los criterios básicos son la actualidad y el interés general, es decir, todo aquello que afecte de un modo u otro a un amplio número de personas en su vida cotidiana: sanidad, educación, justicia, economía, política, relaciones internacionales, etc. En la práctica totalidad de los casos, mis posts están pegados a la actualidad diaria, ya sea económica, social o política. Para esto, mis fuentes de información pueden ser propias aunque en la mayoría de los casos proceden de las informaciones aparecidas en medios impresos o digitales.
-¿Consideras que el periodismo ciudadano hace más democrática y abierta una sociedad?
Sin duda. Más allá de los grandes medios de comunicación y de sus líneas editoriales, a menudo condicionadas por intereses económicos y/o políticos, es muy importante que los ciudadanos de cualquier condición dispongan de ventanas como los blogs o las redes sociales para comunicar informaciones o expresar sus puntos de vista sobre los asuntos que les afectan. Siempre que se huya de la descalificación y del insulto y se respeten todas las opiniones aunque no coincidan con las nuestras, el periodismo ciudadano es una extraordinaria herramienta para la participación en los procesos sociales que les afectan y para hacer frente al pensamiento oficial único y abordar asuntos que de otro modo no saldrían a la luz.
-¿Por qué decidiste escribir un blog?
La decisión de abrir el blog surgió de la necesidad de ordenar de algún modo la realidad que me rodea, analizarla, darle sentido y sacar conclusiones con sentido crítico. No buscaba ni busco notoriedad ni reconocimiento, sólo compartir mis puntos de vista sobre la actualidad con quien quiera dedicar unos minutos en leer mis artículos y comentarlos si le apetece. Estoy abierto a todas las críticas y respeto, como no puede ser de otra manera, aquellas que no compartan mi visión de esa realidad. Para eso creo que debe servir el blog porque, al fin y al cabo, intercambiar diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto nos enriquece a todos.
-Desde Paperblog consideramos que tu blog es una de las mejores bitácoras que colaboran en la página, ¿Cómo preparas tus artículos?
Gracias por el cumplido. Cada artículo nace de una reflexión previa sobre un asunto de actualidad que considere de relevancia e interés general por sus implicaciones sociales, económicas o políticas. Hecha esa reflexión, realizo una tarea previa de documentación especialmente si debo manejar cifras o porcentajes o utilizar declaraciones textuales de algún personaje público. Todo ello con el fin de ser lo más fiel posible a los hechos y a los datos. Como dice un principio básico del periodismo, las intepretaciones son libres pero los hechos son sagrados. A partir de ahí y después de hacer un esquema mental muy simple, suelo eligir un título que resuma en pocas palabras el sentido último del artículo, lo que quiero transmitir con él. Hecho este trabajo de preparación empiezo a escribir procurando ser escueto para no superar los cinco o seis párrafos de extensión, aunque sin escatimar posibles explicaciones que crea imprescindibles para que pueda extenderse el contexto en el que se enmarca el artículo. Por último intento cerrarlo con una conclusión que lleve implícito el sentido del título o que resuma mi punto de vista sobre el asunto que he tratado en el artículo. Antes de publicarlo tengo también por norma realizar una correción ortográfica y sintáctica lo más atenta posible. Hecho todo esto sólo me queda buscar una imagen o una viñeta que aluda al contenido del artículo y que pueda suscitar una sonrisa en el lector. El siguiente paso y definitivo es la publicación del articulo en el blog y en las redes sociales.
-Por último, ¿Cuál es tu opinón acerca de la plataforma bloguera Paperblog?
Aún llevó poco tiempo en ella pero mi primera experiencia es muy positiva. Si la comparo con otras plataformas por las que he tenido la desgracia de pasar – y no citaré nombres – la de Paperblog es la que más me satisface. Me gusta la sencillez del diseño y la facilidad para navegar entre los diferentes contenidos, la amplia variedad de asuntos que aborda, el trato personalizado – caso de esta entrevista que me piden los responsables de la plataforma a los que agradezco haberse interesado por mi blog – y el control de las lecturas a través de Paperblog o directamente en mi blog. Hago votos para que siga creciendo y mejorando día a día. Yo prometo seguir aportando mi pequeño granito de arena. Un saludo para todos los blogeros y blogeras de Paperblog. 

Marchando una de consenso

Consenso es una hermosa palabra del vocabulario político que procede del latín “consensus” y que a los políticos españoles no se les cae de la lengua desde los tiempos de la Transición. Otra cosa es lo que signifique o lo que esconda en cada momento, pero en su origen más puro quiere decir “acuerdo que se alcanza por el consentimiento entre los miembros de un grupo o entre varios grupos”. El consenso fue la palabra estrella tras la muerte de Franco y la recuperación de la democracia, siguió siéndolo con la mayoría absoluta de Felipe González y su, no obstante, famoso “rodillo” y lo fue después con Aznar, con Zapatero y ahora también con Rajoy. El consenso se saca a pasear por necesidad cuando no hay mayorías absolutas y por estética y lustre democrático cuando las hay aunque no se tenga voluntad alguna de conseguirlo, sólo deseos de no proyectar una imagen autoritaria ante la opinión pública. 

“Buscaremos el máximo consenso para aprobar esta ley”, dicen los que ostentan la mayoría absoluta a sabiendas de que si los que se oponen no se pliegan a sus deseos siempre podrán escudarse en que “lo intentamos pero no fue posible, hemos puesto todo de nuestra parte pero los electores nos han dado la responsabilidad de gobernar y eso es lo que vamos a hacer”. Es excusa vana y poco creíble puesto que nadie cuestiona la legitimidad de la mayoría absoluta pero sí su uso y abuso en contra ya no solo de toda la oposición sino incluso de la mayoría de la sociedad. 

Después de ignorar soberanamente el rechazo político y social generalizado ante la reforma de la Ley del Aborto, Mariano Rajoy acaba de descubrir ahora las bondades del consenso para no aprobar leyes que el próximo gobierno “no derogue desde el minuto uno”, según su acertado símil deportivo. En realidad, lo que han descubierto el presidente y sus asesores es un amplio consenso social contrario a volver a votarle al PP en las dos citas electorales del año que viene y para no echarle más leña al fuego no ha dudado en quemar en la hoguera a Ruiz – Gallardón. Que esa reforma carecía del mínimo consenso era más que evidente mucho antes de que pasara por el Consejo de Ministros. Sin embargo, Rajoy no consideró entonces necesario retirarla como acaba de hacer ahora en un ejemplo de que su manejo de los tiempos no es tan inteligente como proclaman sus hagiógrafos. 

De haber retirado la reforma el año pasado no habría quedado tan de manifiesto que lo único que le preocupa ahora es perder votos y no buscar el consenso sobre una reforma que, por otra parte, nadie había pedido, salvo la derecha extrema de su partido y la cúpula de la Conferencia Episcopal. Si de verdad Rajoy fuera un político de consenso, no sólo habría tenido que aparcar hace mucho tiempo la reforma del aborto. Tendría que haber hecho lo mismo con la reforma laboral que provocó dos huelgas generales, la de la Educación que ha concitado el rechazo unánime de la comunidad educativa o la desorbitada subida de las tasas judiciales que consiguió unir por primera vez en la historia del país a jueces, fiscales, abogados y otros agentes del ámbito jurídico además de a la inmensa mayoría de la población. 

Podríamos citar también aquí su completa falta de cintura política y voluntad de diálogo para encauzar la situación en Cataluña e impedir que llegara a las cotas de enfrentamiento que ha alcanzado. Y por mencionar un asunto más cercano, la imposición sin diálogo ni consenso de unos sondeos petrolíferos en Canarias que rechazan instituciones y buena parte de la sociedad de las Islas. Y solo cito algunos casos flagrantes de absoluta falta de consenso, a pesar de lo cual Rajoy ha seguido adelante con los faroles sin importarle lo más mínimo las consecuencias de sus medidas adoptadas con la absoluta y solitaria mayoría del PP. 

Ahora bien, si con su extemporánea apelación de ayer al consenso para retirar la reforma del aborto pretende Rajoy haberse ganado el reconocimiento de los españoles por su capacidad para el diálogo cargando la responsabilidad del fiasco sobre su ex ministro de Justicia, puede ir renunciando a la idea. El fracaso de esa reforma no es sólo de Gallardón sino del conjunto del Gobierno del que Rajoy es presidente y en el que se aprobó el anteproyecto de ley correspondiente con él sentado a la cabecera de la mesa del Consejo de Ministros el 20 de diciembre de 2013. 

El consenso no presupone debilidad política aunque quien lo busque disponga de votos suficientes para prescindir de él. Se trata de un valor esencial del juego político democrático que debe procurarse al menos cuando se quieren tomar decisiones de calado para el conjunto de la sociedad y no solo cuando los malos augurios electorales aprietan como ha hecho ahora Rajoy. Bertrand Rusell escribió que “un verdadero liberal se distingue no tanto por lo que defiende como por el talante con que lo defiende: la tolerancia antidogmática, la búsqueda del consenso, el diálogo como esencia democrática”. A saber qué hubiera dicho Rusell de Rajoy pero es improbable que lo considerara una liberal.     

Gallardón se desembaraza

No es por apuntarme un tanto pero ya dije hace unos días en este blog que a Rajoy no le temblaría el pulso a la hora de decidir entre perder votos o perder un ministro. Después de haber hecho sus cálculos electorales, el presidente ha confirmado hoy que el Gobierno retira la retrógrada e innecesaria reforma de la Ley del Aborto y, acto seguido, su ministro de Justicia, Alberto Ruiz – Gallardón, se ha ido del Ministerio y de la política, en la que ha permanecido 30 años, dando un sonoro portazo y simulando falsa humildad. Es verdad que no era esta la primera vez que el polémico ministro amagaba con dimitir para luego desdecirse. Sin embargo, en esta ocasión no le quedaba alternativa alguna después de que su jefe de filas y de gobierno desautorizara su reforma del aborto alegando que carece de consenso. 

Sin ánimo de hacer leña del árbol caído, que alguien como Ruiz – Gallardón deje la política es una muy buena noticia. Y no sólo por el hecho de que su reforma de la Ley del Aborto, que devolvía la cuestión a tiempos preconstitucionales, consiguiera concitar el rechazo generalizado de la sociedad española. Similar respuesta han tenido otras iniciativas de este ministro demasiado pagado de sí mismo y de cintura tan estrecha que le incapacita para alcanzar acuerdos con quienes no comparten sus tridentinos puntos de vista entremezclados con un neoliberalismo feroz. Véase, por sólo citar un caso, lo ocurrido con las tasas judiciales y el unánime rechazo que generaron en la sociedad y en el mundo de la justicia. 

Ahora, sin embargo, era distinto. La reforma de la Ley del Aborto en la que se empecinó a pesar de contar incluso con un claro rechazo dentro de su partido, le ha terminado pasando factura. Aunque no había debate social alguno sobre la necesidad de modificar esa ley, este era su proyecto estrella y con él pretendía pasar a la posteridad como el ministro que fue capaz de dar satisfacción a las aspiraciones de la derecha nacional más rancia y a la cúpula eclesiástica más cavernícola de este país. Que su rechazada reforma fuera derogada en cuanto cambiara el gobierno no se le pasaba ni por la cabeza. De este modo se entregó a la tarea con entusiasmo digno de mejor causa y sin escuchar a nadie, como imbuido de una especie de inspiración divina que le impulsaba a continuar adelante con una reforma que volvía a criminalizar a las mujeres y las convertía en rehenes de las decisiones de otros sobre su cuerpo. 

Tras presentar el anteproyecto de ley de reforma del aborto hace ahora justo nueve meses, el ya ex ministro sólo ha tenido oídos para las organizaciones antiabortistas y la Iglesia Católica y sordera absoluta para quienes dentro y fuera de su partido o desde las organizaciones sociales y profesionales le pedían por activa y por pasiva que retirara un cambio legislativo teñido de ideología reaccionaria de la primera a la última letra o que al menos flexibilizara su rígida posición. Ahora, las mismas organizaciones y la jerarquía católica que malamente disimulaban su satisfacción con la reforma haciendo creer que les parecía insuficiente, saldrán a las calles para echarle en cara no haber cumplido su compromiso y anunciar que no volverán a votar al PP. 

De las críticas no se va a librar el propio Rajoy, al que seguramente las manifestaciones que no tardarán en convocarse le evocarán aquellas otras de hace unos años en las que el hoy presidente del Gobierno acompañaba a los obispos para poner a Zapatero literalmente a parir. Dudo mucho de que Rajoy o alguien destacado de los suyos acuda ahora a esas protestas, aunque si fueran coherentes con lo que hacían entonces no deberían faltar ni a una. Rajoy ha incumplido otra promesa electoral, aunque en esta ocasión y para variar ha sido para bien. Sin embargo, cabe preguntarse una vez más por los tiempos que emplea el presidente en la toma de decisiones, toda vez que la falta de consenso en torno a esta reforma era evidente desde mucho antes de que el anteproyecto de ley fuera al Consejo de Ministros. 

El presidente ha dejado pudrirse una situación que ha terminado costándole su primera crisis de gobierno – a ver cuánto tarda ahora en nombrar nuevo ministro de Justicia – y ha puesto en evidencia que lo que le preocupa no es tanto la falta de consenso social y político – si fuera así habría retirado la reforma hace mucho tiempo - como el riesgo de perder cientos de miles de votos el año que viene. No me cabe la menor duda de que si las elecciones no estuvieran a poco menos de otros nueve meses, la reforma habría salido adelante sin consenso y Alberto Ruiz – Gallardón habría acabado esta legislatura como el ministro peor valorado del Gobierno pero elevado a los altares del carquerío nacional.

Cambio climático: largo me lo fiáis

Puedo parecer agorero y derrotista pero lo expreso como lo siento: nada espero de la cumbre sobre cambio climático que mañana se inicia en la ONU. Apenas nada se ha avanzado después de las cumbres pasadas, caso de la que se celebró en Copenhage hace cinco años y que se saldó con un sonoro fracaso, y no hay indicio alguno que permita abrigar esperanzas de que en esta va a ser distinto. Las cumbres sobre cambio climático, al igual que las que tienen como eje central la crisis económica, son poco más que un gran escenario mediático en donde los líderes mundiales leen hermosos discursos llenos de promesas que nunca han pensado cumplir. Así ha sido hasta ahora y así va a seguir siendo por desgracia para este castigado planeta y para las generaciones presentes y venideras, a las que les dejaremos un mundo cada día más inhóspito e inhabitable. 

Que la lucha contra el cambio climático es tarea de todos, gobiernos que actúen y ciudadanos que asuman la necesidad de modificar hábitos y pautas de consumo, es algo que está fuera de dudas. Sólo con la labor coordinada de los gobiernos y con el apoyo de sus ciudadanos, marcando objetivos ambiciosos  es posible hacer frente a un proceso a cada día que pasa más irreversible. Sin embargo, esa misma imperiosa necesidad es también la excusa perfecta para que la inmensa mayoría de los gobiernos se escuden en el inmovilismo de los otros para no hacer nada al respecto. ¿Si Rusia, India, China o los Estados Unidos no reducen sus emisiones de CO2 a la atmósfera por qué habría de hacerlo España, por poner sólo un ejemplo? ¿Y por qué habrían de hacerlo economías muchos más atrasadas que las citadas si no lo hacen las grandes y poderosas?

Si a mediados de la década pasada la lucha contra el cambio climático era una reivindicación ampliamente sentida y apoyada por una inmensa mayoría de ciudadanos en todo el mundo, a raíz de la crisis económica a la gente le importa mucho más llegar a fin de mes o no perder el empleo que preocuparse por lo que pueda pasar en un futuro más o menos próximo con el clima global. Los gobiernos de algunos de los países que más emisiones lanzan a la atmósfera se escudaron también en la crisis para no acometer acciones contra el calentamiento global alegando que restaba competitividad a sus economías. 

En definitiva, todos hemos bajado la guardia y la voz para exigir medidas eficaces contra este problema, lo que le ha venido muy bien a los gobiernos para instalarse en el inmovilismo y en las promesas hueras. El ejemplo más palpable y cercano lo podemos encontrar en España, en donde la manifestación de ayer en Madrid a favor de acciones contundentes que frenen el deterioro del planeta apenas mereció la atención de medio millar de personas. En Nueva York, en cambio, fueron más de 300.000 las que salieron a la calle, lo que pone de manifiesto que los ciudadanos de la vieja Europa, acogotados desde hace años por una crisis interminable, ya no tienen entre sus principales preocupaciones el legado medioambiental que le dejarán a sus hijos y nietos. 

Así se entiende también que en España, el Ministerio de Industria se sienta con las manos libres para decir una cosa y hacer la contraria: por un lado asegura que trabaja para impulsar las energías renovables y por otro las castiga con la supresión de las primas a la producción eléctrica con fuentes limpias. De propina le da todas las facilidades a una petrolera privada como Repsol para que haga prospecciones en Canarias y ponga en riesgo biodiversidad, agua desalada e industria turística. No le va a la saga una Unión Europea sin política clara y consensuada sobre cambio climático y que ahora acaba de entregarle la cartera sobre la materia a un político como Arias Cañete, hasta el otro día propietario de acciones en dos compañías relacionadas con el sector petrolero y que ahora vende a la carrera para que no le saquen los colores en el Parlamento Europeo. 

Lo más dramático de la situación es que la profunda transformación que está experimentando el planeta no se va a detener a la espera de que los líderes mundiales se pongan algún día de acuerdo y adopten medidas valientes para luchar contra el cambio climático y sus efectos. Las cifras revelan que los desastres naturales ya generan tres veces más refugiados que los conflictos bélicos y los científicos advierten de que como para 2020 no haya sobre la mesa acciones concretas que recorten de manera drástica las emisiones contaminantes a la atmósfera se superarán niveles considerados muy peligrosos. 

Sin embargo, como en tantas otras cosas, también en la lucha contra el cambio climático se avanza a paso de tortuga que, en este caso, es como caminar hacia atrás. Así, las conclusiones que salgan de la cumbre que se inicia mañana en Nueva York y en la que no estarán presentes los primeros ministros de algunos países que como Rusia tienen mucho que decir y hacer en este asunto, se trasladarán a otro encuentro mundial previsto para finales de este año en Lima al que seguirá otro dentro de un año en París. ¡Cuán largo me lo fiáis!

Y Escocia dijo no

Exagerando un poco, el suspiro de alivio del primer ministro británico David Cameron cuando la pasada madrugada supo que los escoceses habían decidido seguir formando parte de la Union Jack debió disipar de un plumazo la niebla matutina londinense. No digamos nada de Bruselas, en donde se contuvo la respiración durante toda la jornada no fuera a empezar a descoserse el mal zurcido traje de la Unión Europea por las costuras de Escocia. O de los infalibles mercados, que ayer tarde ya daban el “no” por descontado y se lanzaban a una vorágine de compras que ha continuado esta mañana mejorada y aumentada. 

Suspiro de España

Pero para suspiro de verdad y de los grandes el que ha dado Mariano Rajoy , tan fuerte y tan alto que se ha podido sentir en toda España, sobre todo en Cataluña. Fiel a sus principios de que no lo molesten con preguntas incómodas, a primera hora de la mañana grabó un vídeo que envió raudo a las televisiones con su valoración del resultado escocés. En él, mirando fijamente a cámara y poniendo su rictus más solemne e institucional, aseguró que “los escoceses han evitado las graves consecuencias de la separación”. No dejó pasar por alto que el referéndum escocés se ha celebrado “con escrupuloso respeto a la legalidad de su país” y remató afirmando que “todos estamos muy felices de que Escocia siga con nosotros”. 

No hace falta leer nada entre líneas de la intervención enlatada de Rajoy para saber a quién iba dirigido el mensaje, que no era ni a Cameron ni a los escoceses de los que tan feliz se siente el presidente de que “sigan con nosotros”. Si no fuera por lo que se ventila en Cataluña o lo que podría ponerse de nuevo en marcha en el País Vasco e incluso Canarias, es poco probable que a Rajoy le importara gran cosa que los escoceses se independizaran o no del Reino Unido o que se constituyeran todos en una comuna hippie. Había que lanzar un mensaje claro y diáfano a los nacionalistas catalanes y eso es lo que hizo el presidente intentando disimular su satisfacción. 

No hay cambio de guión en España

En Barcelona, el presidente Artur Mas también se vio en la necesidad de comparecer ante los medios a echar su cuarto a espadas sobre el “no” escocés y allí le dio la vuelta a las palabras de Rajoy y dijo que “lo que une es votar y lo que separa es no votar”. Bonita frase para la posteridad si no fuera porque ni Cataluña es Escocia ni España el Reino Unido, y no sólo por sus diferencias históricas. Es verdad que el proceso para el referéndum escocés merece ser considerado un ejemplo de pulcritud democrática, que la participación ha sido elevadísima y que la campaña se ha desarrollado sin zancadillas y con los líderes políticos expresando sus puntos de vista con absoluta normalidad. 

Por desgracia, algo así es a día de hoy muy difícil de imaginar en España, bien porque nuestra democracia no es lo suficientemente vieja y asentada o bien porque nos sobra la sangre caliente que a los británicos tal vez les falta y que ellos llaman flema. A algunos esto les puede sonar tópico pero no creo que lo sea, la búsqueda de salidas negociadas que eviten el enfrentamiento inútil y la frialdad de cabeza con la que en el Reino Unido se ha afrontado el reto independentista escocés es algo que a los británicos les sobra y a nosotros nos falta. De manera que, salvo enfriar un poco y por unos días el ardor independentista catalán, tengo para mí que el resultado del referéndum escocés no va a mover un ápice de sus posiciones a Madrid y su obsesión con el cumplimiento de las leyes y a Barcelona y su mantra sobre el derecho a decidir. Las intervenciones hoy de Rajoy y de Artur Mas así lo corroboran, por lo que lo único que cabe esperar es que el presidente catalán continúe adelante con la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre y que el presidente español se la pare en el Tribunal Constitucional. A partir de ahí queda por saber si se celebrará a pesar de todo o si Mas adelanta las elecciones. Ese será el siguiente capítulo de lo que el otro día llamaba el “monotema catalán” que habremos de padecer aún durante bastante tiempo más. 

El futuro de Escocia

Respecto a Escocia y al Reino Unido también se ha abierto hoy un nuevo capítulo. El “no” a la independencia no supone que las cosas vayan a quedar igual que estaban antes de votar. Cameron se empleó a fondo contra la independencia ofreciendo a los escoceses mayores niveles de autogobierno que  no tendrá más remedio que hacer extensibles a galeses, ingleses e irlandeses del norte. Se mire como se mire, ese es un triunfo que pueden apuntarse en su haber los partidarios del “sí”. Sin duda, la incertidumbre sobre la nueva moneda nacional, la marcha de las grandes empresas radicadas en Escocia, la seguridad del país, el carácter finito de las reservas de petróleo y la pertenencia futura a organizaciones internacionales como la UE, la ONU o la OTÁN han sido escollos decisivos para que el 55% de los escoceses dijera ayer “no” a la independencia. 

Puede que el 44% que dijo “sí” no esté hoy muy contento pero seguramente también es consciente de que, aún perdiendo ayer en las urnas, su país ha ganado. No digo que todos estén igual de contentos – de hecho, el ministro principal y líder del Partido Nacionalista Escocés, Alex Salmond, acaba de dimitir y lo ha hecho con la máxima serenidad, sin aspavientos ni frases de rencor. Creo que, en realidad nadie está absolutamente descontento con el resultado y mucho menos nadie se ha echado al monte a luchar por la independencia escocesa. En España sería deseable un desenlace similar o parecido pero, como ya digo, nos falta flema y nos sobra ardor guerrero. 

¡Sánchez, sálvame!

Mientras espero a que terminen de votar los escoceses me entretengo unos minutos divagando sobre el novedoso sistema que ha encontrado el socialismo español para promocionar a su líder, el eternamente “nuevo secretario general del PSOE”, Pedro Sánchez. Estaba Sánchez ayer tarde a sus cosas y en un programa de la tele le andaban dando estopa al alcalde socialista de Tordesillas, tierra de grandes eventos culturales como el Torneo del Toro de la Vega: que si es una animalada, que si nos avergüenza a todos los españoles, que esto tiene que prohibirse, que yo no voto más al PSOE, etc. Ni corto ni perezoso agarró Sánchez su móvil y llamó a la tele en cuestión y al programa de marras para hablar con el presentador y explicarle que a él tampoco le gusta lo de zaherir al toro hasta matarlo, aunque se le olvidó explicar por qué su partido no hace algo para evitarlo ya que gobierna en Tordesillas. 

No me cabe la más mínima duda de que Sánchez era perfectamente consciente de que estaba llamando a “Sálvame”, ese programa de la tele que se caracteriza ante todo por la enjundia de los asuntos que trata habitualmente – cuernos, braguetazos y traiciones - y la calidad intelectual y profesional de sus colaboradores – Belén Esteban, Lidia Lozano, Kiko Hernández, etc. Luego de dejar su impronta histórica en los anales de la televisión patria, Sánchez se nos apareció por la noche en “El Hormiguero”, otro programa en donde lo mismo te ponen al jugar al baloncesto que a hacer extraños experimentos y en medio te hacen preguntas supuestamente comprometidas. 

Sendas apariciones de Sánchez en estos dos programas revolucionaron las redes sociales – siempre atentas a hacerse eco de cualquier novedad por insustancial que sea – y se convirtieron en trending topic por unas horas hasta que rápidamente pasó el efecto mediático. En cualquier caso, el debate está servido: ¿debe todo un líder político aspirante a la presidencia del gobierno aparecer en programas de entretenimiento – por no llamarlos televisión basura – o debe reservar su discurso para foros mediáticos más formales y serios como los telediarios o las tertulias políticas? Hay quien opina que tenemos que aprender, por ejemplo, de los líderes políticos estadounidenses, a los que no se les caen los anillos por salir en programas de televisión contando chistes o poniéndose en ridículo ante las preguntas de los presentadores. 

Los que así piensan afirman también que Sánchez ha hecho bien en aparecer en “Sálvame” y en “El Hormiguero” porque de ese modo transmite cercanía y le permite llegar a una nutrida audiencia televisiva, una buena parte de la cual seguramente no sabía hasta ayer quién era el “nuevo secretario del PSOE” porque ni lee las páginas de política de un periódico ni escucha los informativos de la radio y la televisión aunque se lo ordene su médico de cabecera. 

Hay quien piensa, sin embargo, que si el líder del principal partido de la oposición tiene que recurrir a los programas de entretenimiento para debatir sus soluciones a los problemas del país con Belén Esteban o Jorge Javier Vázquez es que las cosas están mucho peor de lo que pensábamos y la regeneración política de la que hablan tanto los líderes estos días tendría que empezar casi desde la escuela. De hecho, que Sánchez haya acudido a esos dos programas de televisión es un síntoma de que a los españoles aún nos falta un buen hervor democrático que, por ejemplo, nos enseñe a usar más la cabeza cuando tenemos que elegir a quienes han de gobernarnos. 

Pero no quiero ponerme trascendental con este asunto ni regañarle a nadie porque vea determinados programas de televisión en lugar de otros o porque la política y los políticos que deciden sobre sus vidas y sus haciendas les importen exactamente una higa. Ni aunque esas decisiones terminen afectándonos a todos, los que vemos los programas de telebasura y los que huimos de ellos como de la peste. Por su parte, si Sánchez ve en esta estrategia de comunicación un filón para ganar votos y convertirse en un líder mediático para competir con Pablo Iglesias, que lo explote a conciencia. Tampoco se lo reprocharé aunque el año que viene monte un Gran Hermano para elegir al candidato del PSOE a La Moncloa.

Si Escocia dice yes

Momento histórico al que se enfrentarán mañana los 4,3 millones de escoceses con derecho a voto en el referéndum de independencia respecto del Reino Unido. El término “histórico” adquiere aquí su sentido más genuino y apartado de la ligereza con la que últimamente se suele aplicar a cualquier bobada como un partido de fútbol o cosas similares. Es mucho lo que los escoceses se juegan en el envite de mañana y, aunque casi la mitad de los ingleses observen el referéndum con displicente indiferencia, también es mucho lo que les va en esta apuesta en términos, por ejemplo, de la cuantiosa recaudación fiscal por el petróleo del Mar del Norte. Sin olvidarnos de los efectos que el resultado del referéndum de mañana tendrá sobre el monotema de la consulta soberanista catalana del nueve de noviembre de la que hablamos en el post de ayer. 

Las últimas encuestas le dan un triunfo por la mínima al no a la independencia pero hay una bolsa de unos 600.000 indecisos que pueden fácilmente inclinar la balanza en un sentido o en otro. Hay que tener en cuenta también a los residentes no escoceses cuya decisión puede ser determinante en lo que ocurra mañana. Ante este virtual empate técnico, partidarios y detractores de la independencia luchan voto a voto en defensa de sus respectivas posiciones. Londres lo lleva haciendo desde hace semanas a la vista de las encuestas que daban ganador al “sí” y parece que, al menos por ahora, ha conseguido nivelar las fuerzas frente a los independentistas. Estos, sin embargo, no arrojan la toalla y redoblan sus esfuerzos para hacer de Escocia un estado independiente del Reino Unido.

Si eso ocurriera son muchas las interrogantes e incógnitas que se abren para Escocia y los escoceses. La primera de ellas sería su exclusión casi inmediata de la Unión Europea, con todo lo que eso comporta en términos comerciales, económicos y políticos. Para volver a Bruselas, tendrían que recorrer los escoceses el mismo camino que cualquier otro país que aspire a formar parte de la UE y contar con el beneplácito de todos sus miembros. Quedaría también aislada del resto del actual Reino Unido salvo que Londres aceptara la curiosa propuesta que hacen los independentistas de compartir el Banco de Inglaterra, la libra esterlina y hasta la reina Isabel como Jefa de Estado. 

Uno, que no es independentista escocés, no puede entender que se ansíe la independencia y al mismo tiempo se quiera seguir con el mismo banco central controlando la política monetaria del nuevo Estado, la misma moneda pero con independencia política y el mismo jefe de Estado del país del que se independiza. Es algo muy parecido a lo que ocurriría si Cataluña se independizara de España y le pidiera a Rajoy compartir a Felipe VI como jefe de Estado. 

En todo caso, detrás de la apuesta independentista escocesa parecen primar mucho más los intereses económicos en juego que las señas indentitarias nacionales, que apenas han salido a relucir en esta campaña. En un primer plano de esos intereses figuran las reservas de petróleo del Mar del Norte cuya explotación y beneficios se dirime en el referéndum de mañana. Los independentistas escoceses sospechan que Londres miente al asegurar que son mucho menores de lo que se creía y que están muy agotados. Ven esas reservas como una suerte de maná con el que hacer frente en solitario a los ingentes gastos del nuevo Estado que, entre otras cosas, tendría que contar también con fuerzas armadas propias. 

Incluso han puesto sus ojos en el modelo noruego y proponen crear un fondo soberano con los beneficios del crudo que serviría para financiar ambiciosas políticas sociales. Sin embargo, el Gobierno británico les recuerda que la independencia es para siempre y el petróleo no, que los precios del crudo son muy volátiles y que, además, corren el riesgo de que las grandes empresas radicadas en Escocia, entre ellas las petroleras, hagan las maletas y se vayan a otro lugar si no les gustan los planes del gobierno del nuevo Estado para sus negocios. En otras palabras, que fiar todos los ingresos de una Escocia independiente al petróleo es como poco suicida e insostenible.

A cambio de permanecer formando parte de la Union Jack, el primer ministro Cameron les ofrece a los escoceses más competencias y más participación en la recaudación fiscal, algo que los independentistas no toman ya en consideración después de décadas sufriendo las políticas neoliberales de la señora Thatcher y sus sucesores conservadores e incluso laboristas en el Gobierno de Londres. Junto a las advertencias de un cataclismo económico si gana mañana el “yes”, un Camerón asustado ante el peligro de pasar a la historia como el primer ministro que perdió una parte del territorio nacional, también ha apelado a los sentimientos y le ha pedido a los escoceses que no le rompan el corazón abandonando el Reino Unido. La última palabra la tienen mañana los escoceses.