Algo que ocultar

El actual Gobierno de España va camino de convertirse en el que más habla de transparencia pero en el que menos la pone en práctica. No es sólo que siga sin dar explicaciones convincentes a propósito de los sobresueldos y los sobres a secas que presuntamente han percibido el propio presidente, la vicepresidenta y destacados cargos de la dirección popular. Por no hablar de la caja B que el PP tenía en todas y cada una de las comunidades autónomas y provincias españolas a las que se refirió el ex tesorero Luis Bárcenas en su última declaración ante el juez Ruz. De ese asunto y del resto de las derivadas del “caso Gürtel” y de los “papeles de Bárcenas” seguimos los españoles esperando respuestas convincentes y no silencios cuando menos clamorosos.

En la comisión del Congreso en el que diversos expertos han expuesto sus puntos de vista sobre las medidas para atacar la lacra de la corrupción, el Fiscal General del Estado llegó a decir que no hay ni leyes ni medios en este país para luchar con éxito contra este problema que cada día preocupa más a los ciudadanos y los aleja paulatinamente del estamento político. El Gobierno ni se ha inmutado y no se ha escuchado al ministro Ruiz – Gallardón anunciar ningún plan ni ningún proyecto de ley de los que tan entusiasta es para afrontar la situación. Lo realmente sarcástico es pretender hacernos creer que de esa comisión saldrán medidas para hacer verdaderamente transparente la gestión de los poderes públicos.

En realidad la opacidad con la que se comporta el Gobierno no sólo tiene que ver con los flagrantes casos de corrupción que corroen la vida política de este país. Se extiende también a otros ámbitos como el de la inmigración irregular. El último caso lo acabamos de vivir en Canarias en donde el ministerio del Interior ha prohibido a una treintena de jueces y fiscales que visiten el Centro de Internamiento de Extranjeros ubicado en la antigua prisión de Barranco Seco. Es la segunda vez que Interior prohíbe la visita y lo hace de nuevo sin dar la más mínima explicación y aludiendo a unos supuestos informes que no revela y que desaconsejan la autorización: porque lo digo yo y punto, cabe concluir.

La visita a ese centro de internamiento de inmigrantes estaba programada en el marco del Foro de Derechos Humanos e Inmigración que desde hace unos años se celebra en Gran Canaria organizado por el Consejo del Poder Judicial y el Gobierno de Canarias. En el encuentro se darán cita fiscales y magristrados de toda España que entre sus actividades pretendían conocer de cerca la realidad de unas instalaciones de esas características y las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes. Sin embargo, al ministerio del Interior estos representantes judiciales no le deben parecer personas fiables y de confianza sino peligrosos activistas antisistema y por segundo año consecutivo ha optado por negarles la entrada al centro.

Esto ocurre, además, cuando le llueven las críticas desde todos los ámbitos por la cuestionable actuación en muchos casos de las fuerzas de seguridad en Ceuta y Melilla y por las deportaciones sumarias a Marruecos de los inmigrantes que consiguen saltar la valla. Incluso podríamos traer aquí el tirón de orejas de la ONU a España por dejar a los inmigrantes irregulares sin asistencia sanitaria – otra violación de los derechos humanos – y la reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a nuestro país por intentar expulsar de prisa y corriendo a una treintena de saharauis que pidieron protección española frente a la persecución de la policía marroquí.

Las sospechas de que se están violando los derechos humanos y la propia legislación española en lugares como Ceuta y Melilla las responde Interior con una calculada ambigüedad sobre los límites que deben respetar los agentes y, sobre todo, con la opacidad y la tergiversación de los hechos, como ocurrió en febrero con los fallecidos que intentaban llegar nadando a Ceuta. La mano dura parece ser la consigna en el ministerio de Fernández Díaz para afrontar el fenómeno migratorio aunque al mismo tiempo se le llene la boca hablando de pobreza, miseria, vida mejor y mafias que trafican con seres humanos sin decir una palabra sobre el maltrato que reciben de la Gendarmería marroquí los inmigrantes devueltos en caliente al país vecino.

Por lo que se deduce, a esa oposición de mano dura con los inmigrantes irregulares y vulneración de derechos humanos básicos se une también una política de puertas cerradas a lo que ocurre en los centros de internamiento como el de Gran Canaria. Cabe pensar que alguien que no tuviera nada que ocultar y quisiera ser de verdad transparente hubiera abierto esas puertas de par en par a los jueces y fiscales. Por tanto, la pregunta que corresponde hacerse es qué tiene que ocultar el ministerio del Interior y por qué.

La crisis sigue igual

Se me escapa la razón de tanto interés en los medios de comunicación por hacerse eco de las previsiones económicas de primavera de la Unión Europea para los países de la zona euro. La única explicación puede ser que es lunes y no hay nada más potable que llevar a las ediciones digitales, toda vez que la precampaña para las elecciones del 25 de mayo despiertan menos interés entre los ciudadanos que un partido de la liga tailandesa de fútbol. Esas previsiones las ha desgranado esta mañana un señor estonio con bigote llamado Siim Kallas, vicepresidente de la Comisión Europea y a la sazón comisario interino de economía en sustitución de Olli Rehn, este témpano finlandés al que ya nos habíamos acostumbrado. 

A estas alturas de la crisis y con la experiencia atesorada después de tanto vaticinio fallido, creer en las previsiones económicas para el año que viene o el próximo, sean de la Comisión Europea, del Fondo Monetario Internacional o del Gobierno español requieren de dosis de fe similares o superiores a las que se necesitan para creer en los augurios de Octavio Aceves o en los del rey y su aseveración de que “España está en el buen camino”, pongamos por caso. Que venga ahora la Comisión Europea a confirmar o corregir al alza o a la baja las optimistas previsiones macroeconómicas del Gobierno de Mariano Rajoy es algo que me deja absolutamente frío e indiferente. 

Ni me creo que la economía vaya a crecer tanto como dice el Gobierno ni que el paro vaya a bajar lo que establecen sus pronósticos. Por tanto, que Bruselas haya dicho hoy que la economía española crecerá este año una décima menos de lo que pronostica el Gobierno y que el paro en nuestro país seguirá siendo el más alto de la Unión Europea es algo que ni me sorprende ni me escandaliza. Es cierto que esas previsiones son un jarro de agua fría sobre la recuperación que a toda costa nos pretende vender Rajoy en plena precampaña electoral pero no lo es menos que una décima arriba o abajo del PIB no es algo  para saltar de alegría o para rasgarse las vestiduras. Podemos decir que la economía sigue en situación de encefalograma plano y que la supuesta recuperación, de existir, tardará años en llegar a quienes han hecho y siguen haciendo los sacrificios en forma de pérdidas de derechos, salarios, pensiones o empleo. Yo al menos hace tiempo que dejé de creer en los brotes verdes y en la luz al final del túnel y como yo creo que piensa una gran mayoría de ciudadanos. 

Por tanto, los 600.000 puestos de trabajo que el ministro de Guindos asegura que creará la economía española en los próximos dos años me los creeré cuando los vea uno detrás de otro, aunque de lograr tamaño éxito simplemente volveríamos al paro que teníamos cuando el PP llegó al Gobierno: todo un avance, como ven. Que Rajoy tiene un problema, como poco, sí es evidente. Más allá de las previsiones macroeconómicas de la Comisión Europea que hoy ocupan espacio en todos los medios de comunicación y en las que se advierte también de que la deuda pública continuará criando michelines, Bruselas sigue en sus trece de exigir el cumplimiento del déficit y advierte de que como al presidente español se le ocurra cumplir por una vez una de sus promesas – rebajar el IRPF – volveremos a pasarnos de déficit, con lo que eso puede suponer de más recortes, reformas estructurales y ajustes. Nada nuevo bajo el achicharrante sol de esta crisis: austeridad sobre austeridad y de postre austeridad. 

En realidad, tampoco espero nada de esa reforma fiscal. Estoy convencido de que una hipotética reducción del impuesto de la renta la compensará el Gobierno con un nuevo hachazo fiscal en otro lado, por ejemplo en la tributación sobre la vivienda, que podría llegar a dispararse. Nadie regala euros a noventa céntimos en tiempos de estrecheces y menos cuando la recaudación fiscal en este país seguirá siendo de las más bajas de la Unión Europea mientras no se afronte con valentía el fraude que campa por sus respetos – cifrado por algunas organizaciones en 80.000 millones de euros - y se acometa una reforma fiscal progresiva de verdad en lugar de un mal zurcido como el que parece estar preparando el ministro Montoro para cuando pasen las elecciones. 

Por tanto y en resumen, en cuanto me hablan de previsiones macroeconómicas me acuerdo de aquella frase según la cual un economista – y esto es aplicable al Gobierno, a la Comisión Europea o al FMI - es el que te explica mañana porque fallaron las previsiones que hizo hoy. Así que lo único que de momento se puede asegurar con garantías es que la crisis sigue igual.

Mercedes Sosa: "Las manos de mi madre"

Pocas canciones tan hermosas y adecuadas para un día como el de hoy como esta de Mercedes Sosa.

¡Felicidades a todas las madres!

Serrat: "Para la libertad"

Hoy, Día Mundial de la Libertad de Expresión, me viene a la mente este hermoso poema de Miguel Hernández en la interpretación de Joan Manuel Serrat. En un día como el de hoy hay que volver a recordar aquello de: "Sin periodistas no hay periodismo. Sin periodismo no hay democracia". Va por los más de 10.000 periodistas españoles despedidos desde el inicio de la crisis económica. 

Putin avanza

Paso a paso y bocado a bocado, el zar Putin se está haciendo con el control de las regiones orientales de Ucrania y trayendo a la memoria histórica  la anexión hitleriana de los Sudetes y su filosofía del "espacio vital". Primero fue la descarada anexión de Crimea y a raíz de ella han surgido como hongos prorrusos en otros lugares del este de un país que mengua por momentos. Ni el más ingenuo de los observadores puede negar a estas alturas que todos estos movimientos filorusos están orquestados, financiados y dirigidos desde Moscú por el zar del Kremlin, obsesionado con el sueño de hacer renacer de sus cenizas la grandeza del imperio soviético. 

En un desesperado intento de salvaguardar la integridad territorial, el débil gobierno de Kiev ha lanzado en las últimas horas una ofensiva militar sobre las zonas rebeldes que ya empieza a cobrarse las primeras vidas humanas. El ataque ha generado una inmediata escalada verbal en Moscú en donde se exige a Ucrania que ponga fin a las acciones militares al tiempo que se da por muerta la vía pacífica para resolver el conflicto. Y mientras, sus aguerridos muchachos mantienen secuestrados a varios observadores internacionales de la OSCE (Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa) sin que el Kremlin mueva un dedo para liberarlos. Todo muy previsible. 

Que Ucrania tiene esta batalla perdida de antemano parece fuera de toda duda, por mucho que pretenda al menos salvar su honor y no quedar ante la comunidad internacional como un cobarde que ni siquiera movió un dedo para defender su territorio. Otra cosa bien distinta es que a esa entelequia que conocemos como comunidad internacional le importe en realidad lo más mínimo la posibilidad nada descabellada de que Ucrania entera termine bajo el control de Putin. Los hechos y los datos apuntan a que los intereses económicos primarán al final sobre la necesidad de hacer respetar a Putin algo tan esencial como la integridad territorial y la soberanía de otro estado. 

Claro que, como ya hemos contado en otro post anterior sobre este conflicto, ni la Unión Europea ni Estados Unidos tienen la suficiente autoridad moral para exigir de otros el cumplimiento de los más elementales principios del Derecho Internacional que ellos se han saltado alegremente a la torera cuando lo han creído conveniente, en contra incluso de la opinión mayoritaria de la ciudadanía. Basta recordar la invasión de Irak para sacarle los colores a quienes exigen ahora mano dura con Rusia. 

Es Estados Unidos quien más presiona para endurecer las sanciones económicas contra Rusia mientras en la Unión Europea, con el conflicto casi a sus puertas, se tiemplan gaitas. Lógico si tenemos en cuenta que los intercambios comerciales entre los países de la Unión y Rusia suman 370.000 millones de dólares al año. Pero no veamos en las presiones de Estados Unidos para que se endurezcan las sanciones a Putin solo un ataque de respeto a la legalidad internacional. Para qué negarlo: a Obama y a su país le vendría bien arrinconar política y económicamente al gigante ruso y poner contra las cuerdas al zar de Moscú. Si en la labor cuenta con el respaldo de la Unión Europea mejor que mejor. 

En Bruselas, en cambio, la tibieza manda y Alemania, el país que supuestamente lidera la Unión, es uno de los más tibios. El gran número de empresas alemanas con intereses en Rusia disuade a la canciller Merkel, que hoy se entrevista precisamente con Obama, de ir demasiado lejos en las sanciones contra Moscú. Si acaso el bloqueo de las cuentas en el extranjero de algunos jerarcas próximos a Putin como se acordó en los últimos días y poco más. Meras cosquillas. 

De fondo está al mismo tiempo el riesgo de quedarse sin el gas ruso que llega a la Unión a través de Ucrania y cuya llave Putin amenaza con cerrar en un mes si Kiev no paga lo que le debe, que no se lo podrá pagar a menos que Bruselas se rasque el bolsillo y pague en su lugar. Si la intervención militar de la OTAN en defensa de Ucrania también está descartada para evitar una conflagración de dimensiones mundiales y consecuencias imprevisibles, sólo queda la vía de sanciones económicas que de verdad hagan recapacitar a Moscú y obliguen a Putin a sacar las manos de Ucrania. 

Salvo que sea Estados Unidos el que abra la marcha apretándole las clavijas a Putin y que la Unión Europea le siga la estela, la vía de las sanciones parece tener hoy por hoy muy poco recorrido dados los poderosos intereses económicos presentes. Así, mientras en Washington y en Bruselas continúan discutiendo si son galgos o podencos y poniendo sus respectivos intereses por encima del Derecho Internacional, Putin avanza.

Si el rey lo dice…

Acaba de asegurar el rey que la economía española “va en la buena dirección” aunque aún le queda un “largo camino”. Lástima que no precisara un poco más y aclarara hacia dónde nos conduce ese “largo camino” que aún nos queda por delante pero, si el rey lo dice, quién soy yo para contradecir su visionario augurio. En mi condición de súbdito de Su Majestad sólo confío en que en ese largo camino no se tropiece la economía con un elefante y vuelva a descarrilar. Eso no sería capaz de soportarlo este país y tal vez ni la monarquía propiamente dicha.

Se ve que el rey le vuelve a coger el gusto de ir por el mundo cantando las virtudes del país en el que reina, ahora que sus males físicos parecen levemente superados y los políticos están momentáneamente aparcados a la espera de noticias judiciales. Esto que ha dicho el rey lo ha dicho en inglés y en Omán, tierra petrolera de promisión de inversiones en España en donde sus pares los jeques de turno estarán más que encantados de saber que al otro lado del mundo hay un país que un día profesó la fe de Alá y que ahora ansía una nueva invasión musulmana a bordo de jets privados y coches de lujo. Es comprensible, por tanto, que Juan Carlos les dore un poco la píldora de la situación real de España a los mandamases y empresarios omaníes: por la pasta, todo vale y está justificado. 

En realidad, probablemente se limita a decir por esos mundos de Dios lo que el Gobierno español le sugiere que diga: que ya llega el día de la redención de nuestros pecados por vivir por encima de nuestras posibilidades y es solo cosa de dos o tres calendarios como mucho para que en España vuelvan las oscuras golondrinas de tu balcón los nidos a colgar. Lo diré en voz baja para que quede entre nosotros: tengo para mí que el Gobierno le ha contagiado al rey el peligrosísimo optimismo antropológico que sufría Zapatero hace unos años cuando aseguraba que España era la envidia del mundo mundial y nuestros bancos los más potables del hemisferio occidental y parte del oriental. 

No sé si serán las elecciones que vienen dentro de un mes o de las que vienen el año próximo, pero de un tiempo a esta parte veo al presidente Rajoy a sus ministros como flotando en una nube rosa desde la que no paran de enviarnos luminosos rayos de esperanza. Ahí tienen ustedes a todo un ministro de Economía prometiéndonos 600.000 puestos de trabajo en dos años que ríete tú de la pareja Alfonso Guerra – Felipe González en sus buenos tiempos. Y ahí tienen al ministerio que pastorea Fátima Báñez enviándonos prodigiosos datos de empleo desde su propia nube estadística. Por eso es lamentable que haya tanto aguafiestas empeñado en insistir en que, en lugar de estarse creando empleo, se está destruyendo día a día; o en decir que el poco que se crea es precario y gracias al descenso de la población activa, o sea, los que han emigrado más los que han retornado a sus países de origen más los que ya ni se preocupan de buscar curro a sabiendas que no lo van a encontrar y sólo confían en sacarse la Bonoloto.

Es una pena y una tragedia que los sindicatos de este país hayan salido hoy a las calles para pedir empleo de calidad y el fin de los recortes en los servicios públicos y para advertir de que con precariedad laboral, paro y pobreza no saldremos de la crisis ni en dos ni en tres ni en veinte calendarios por mucho que Rajoy, Guindos y Arias Cañete se confabulen para hacernos ver otra cosa. Renuentes a sumarse al orfeón del optimismo que dirige el Gobierno insisten en ver la botella medio vacía cuando es evidente que está medio llena y subiendo. Con tanto mal rollo y tanto pesimismo no hay economía que se recupere, que hasta se le quitan a uno las ganas de ir a tomarse unas cañas para celebrar los datos de la última EPA. Por eso creo que tiene razón el rey cuando dice que a España “aún queda un largo camino” y es, sin duda, el que hay que recorrer hasta que cenizos como los sindicatos y la oposición se rindan ante la evidencia de que España está “en la buena dirección”. Y si el rey lo dice…

Muerte asquerosa

El hombre de la foto se llamaba Clayton Lockett y ha muerto en una prisión de Oklahoma (EEUU) cuarenta y cinco minutos después de que sus verdugos le suministraran una inyección letal. Sin embargo, no murió debido al veneno con el que el sistema penal estadounidense quería castigarle por el crimen del que fue encontrado culpable. Esos tres cuartos de hora se los pasó jadeando en una agonía interminable hasta que los muy pulcros responsables del penal ordenaron detener la ejecución. Al final murió pero de infarto mientras los testigos, supuestamente horrorizados, contemplaban el espectáculo de la muerte que se desarrollaba en vivo y en directo ante sus ojos.

Ahora, el estado de Oklahoma ha abierto una investigación para averiguar porque la inyección no cumplió la función de matar para la que fue pensada. Desde su tumba el muerto seguramente se lo agradecerá eternamente tanto a sus chapuceros verdugos como al gobernador del estado que firmó la orden de ejecución. Y sobre todo, a un sistema penal que coloca al Estado y a sus servidores al mismo nivel moral que el de los reos condenados a muerte.

Más allá de las numerosísimas consideraciones éticas y morales que cabría hacer sobre una pena tan bárbara como ésta, hay pruebas irrefutables sobre la ejecución de inocentes a través de los variados métodos legales de matar que emplea el país más poderoso del mundo que no duda, al mismo tiempo, en emplear la fuerza para imponer su sistema de valores allá donde se tercie.

Amnistía Internacional lleva décadas denunciando que el dinero, la raza y el lugar en el que se ha cometido el crimen son factores muchos más determinantes para enfrentarse a la pena capital que las circunstancias concretas de los hechos. Según esta misma organización, solo una de cada cien personas detenidas en Estados Unidos por asesinato es ejecutada. El resto son exoneradas y puestas en libertad, en muchos casos horas antes de que se les amarre a una silla eléctrica, se les ahorque o se les inyecte una combinación letal de venenos menos chapucera de la que se usó esta semana para acabar con la vida Clayton.


La pena de muerte en Estados Unidos es una especie de ruleta rusa en la que el racismo juega un papel decisivo. La propia Corte Suprema de Estados Unidos ha llegado a admitir que cuando alguien mata a una persona blanca es cuatro veces más probable que sea condenado a muerte en comparación con una que acabe con la vida de un negro o un latino. De hecho, la pena de muerte casi nunca llega a aplicarse si la víctima es latina. Los que defienden la Ley del Talión argumentan que de este modo se repara el daño causado a los familiares de la víctima. A la vista de estos datos parece evidente que no todas las familias merecen el mismo resarcimiento que las de las víctimas blancas. Sin contar con el hecho de que los medios de comunicación suelen olvidar por completo a las familias de las víctimas y centrarse únicamente en el criminal.

Desde luego, que otros países también apliquen la pena de muerte – cada vez menos - no puede ser ningún consuelo ni un argumento para mantenerla en los que aún la incluyen en su legislación, caso de EEUU. No es cierto tampoco que la mayoría de los grupos religiosos apoyen la ejecución de los reos: desde los judíos a los católicos pasando por los protestantes, los bautistas, episcopalianos o presbiterianos, la mayoría la tachan de acto inmoral. Y para quienes en el colmo del cinismo consideran que es más barato para el erario público ejecutar a un reo que mantenerlo preso el resto de su vida, los datos de Aministía Internacional también demuestran todo lo contrario.

Sólo queda la supuesta gran baza de que la pena de muerte previene el crimen. A la vista está que no, o de lo contrario los crímenes habrían disminuido drásticamente en un país que aplica la pena de muerte desde su fundación. Así las cosas, sólo cabe la perplejidad ante el empecinamiento del país más poderoso del mundo, el adalid mundial de la democracia y las libertades que cuenta con poderosos medios para prevenir el crimen - estricto control de las armas de fuego para empezar - en seguir aplicando una pena bárbara, inhumana, repugnante y viciada de racismo por los cuatro costados.

Un plátano no basta

Lo confieso: soy un macaco. Todos los días desayuno un par de plátanos de Canarias y me va estupendamente. Aclaro que no soy ghanés, camerunés ni brasileño y mucho menos futbolista, pero como plátanos igualmente. Si fuera futbolista y alguna cobarde bestia parda emboscada entre la multitud de la grada me lanzara un plátano con la intención de ofenderme, haría como Dani Alves, el futbolista del Barcelona: lo pelaría y me lo comería. Ese orangután – con perdón de los orangutanes – que acudió el otro día al estadio del Villarreal disfrazado de supuesto hincha futbolístico ha conseguido con una acción propia de quien sigue viviendo en la copa de los árboles un movimiento mundial de simpatía con el futbolista brasileño. 

Algunos  futbolistas - no todos -  se han solidarizado con él comiendo un plátano y otro tanto han hecho presidentes de gobierno como el italiano Renzi o jefes de estado como la brasileña Rousseff. Los medios de comunicación de medio mundo recogen estas muestras de rechazo del racismo de manera que, si el mono aullador que le tiró el plátano a Alves ha seguido en la red las consecuencias de su valerosa acción, a esta hora puede que esté pensando en emigrar a la selva de Papúa Nueva Guinea y establecer allí su residencia definitiva. Debería hacerlo, tanto él como otros muchos simios que domingo tras domingo aúllan en los estadios de fútbol, se mofan de los jugadores negros con cánticos racistas y ya encorajinados hasta les tiran plátanos. Sería la solución perfecta pero ese tipo de soluciones no suele ser muy habitual. 

Lo más probable es que otros micos como el de Villarreal reproduzcan el próximo domingo los cánticos racistas en cualquier estadio de fútbol de este país y alguno, envalentonado incluso y en solidaridad con el del domingo pasado, se lleve un racimo entero de plátanos para tirarlos al campo. Comer plátanos como han hecho estos días muchos personajes públicos para expresar su condena del racismo está muy bien pero es a todas luces insuficiente para acabar con esa jauría de mandriles que por desgracia pululan cada semana entre las tribus futbolísticas españolas. Más que plátanos hace faltan leyes y tolerancia cero y de eso estamos casi en pañales. 

Al descerebrado de Villarreal lo localizó el club, le ha quitado el abono y le ha prohibido la entrada de por vida al estadio. Bien está pero sigue siendo insuficiente. En países como Inglaterra la tolerancia con los gritos racistas es más que de cero de bajo cero. Chimpancé cazado coreando gritos ofensivos contra algún jugador por el color de su piel, chimpancé que es detenido y puesto ante un juez. Las estadísticas hablan por sí solas: en dos años se ha reducido en más de la mitad el número de este tipo de ofensas en los estadios de fútbol. En España aún falta mucho para llegar a eso, aquí incluso hay quienes les ríes las gracias a estos cobardes y consideran que sus acciones son meras anécdotas futbolísticas que no merecen que nadie se preocupe por ellas. De esa mentalidad comulgan incluso no pocos futbolistas españoles que a esta hora deberían de estar, como mínimo, exigiendo a quien tiene competencias para ello que legisle, vigile, persiga y extirpe esa lacra de los estadios. 

La responsabilidad de acabar con ese bochorno recae en primer lugar en los propios hinchas, que conocen perfectamente a los descerebrados que domingo a domingo insultan desde el asiento de al lado al futbolista negro del equipo rival, nunca al del equipo de sus colores. Empezar por afearles la conducta sería un primer paso de gigante. Sin embargo, el verdadero paso lo debe dar quien tiene la potestad para ello: el Gobierno y el Parlamento, legislando con dureza y haciendo cumplir la ley a rajatabla. Sin embargo, son otras cosas como los himnos o las banderas las que preocupan de verdad a este Gobierno y no el racismo que campa desde hace años por los estadios españoles. Así que dudo mucho que lleguemos a ver a Mariano Rajoy al menos comiéndose un plátano.

Los tiempos de Rajoy

De Mariano Rajoy puede decirse y con razón que es lento hasta la desesperación cuando se trata de tomar decisiones. Sus hagiógrafos resaltan que es un político que marca bien los tiempos y que no deja que nadie se los imponga. Lo cual no contradice la primera afirmación, una exasperante lentitud capaz de poner de los nervios a propios y extraños. Lo que en cambio no se puede decir en ningún caso es que sea imprevisible y que, mucho antes de tomar una decisión, no se sepa con bastante exactitud cuál va a ser. Eso, si exceptuamos el flagrante incumplimiento de todas y cada una de sus promesas electorales. Ahí sí que estuvo imprevisible, sobre todo para quienes creyeron a pies juntillas sus promesas y votaron al PP.

Ahora bien, si nos remitimos por ejemplo a los papeles de Bárcenas recordaremos que, después de meses negándose a hablar del caso, acudió a rastras un mes de agosto al Congreso a decir lo que todos los españoles ya sospechábamos que diría: yo a ese señor no lo conozco de nada y si lo nombré tesorero del partido fue un error. Casos de lentitud en la toma de decisiones por parte de Rajoy hay a montones, tantos como de previsibilidad en las mismas. El más reciente es la demora en designar candidato al Parlamento Europeo. Todas las quinielas apuntaban desde un primer momento a Arias Cañete, pero Rajoy guardó la decisión en la nevera durante semanas hasta el punto de que fue el último partido en nombrar candidato.


Eso ocurría un 9 de abril y han pasado más de dos semanas para que designara a la sustituta de Arias Cañete. Durante todo ese tiempo, el ministro ha seguido compatibilizando sus dos agendas a pesar de la imagen poco edificante de ver a un miembro del Gobierno simultaneando sus actividades oficiales con declaraciones de marcado tinte electoral, hasta el punto de que ya no era posible diferenciar cuándo hablaba como ministro y cuándo como candidato o cuándo aprovechaba los recursos públicos para lanzar su campaña. 

Desde que se conoció que Arias Cañete se irá a Bruselas después de las elecciones del 25 de mayo se dio por hecho que su sustituta sería la secretaria del ministerio, Isabel García Tejerina, y así ha sido. De nuevo, la previsibilidad más absoluta pero a paso de tortuga.  Erraban quienes especulaban con la posibilidad de que Rajoy aprovechara la marcha de Arias Cañete para acometer una reforma más amplia del Gobierno o, por lo menos, para buscar para Agricultura y Medio Ambiente un ministro o ministra con un perfil político algo menos gris y tecnocrático que el que luce la elegida. Parece demostrado que esperar de Rajoy una crisis de gobierno es esperanza inútil a pesar del evidente desgaste de una buena parte del Ejecutivo. Lo más probable es que aguante con el mismo gabinete hasta la víspera de las elecciones generales del año que viene. Ahora que ya tiene ministra de Agricultura puede Rajoy relajarse y descansar del agotador esfuerzo realizado. 

Por lo demás, García Tejerina es un nuevo ejemplo de las engrasadas puertas giratorias que tan bien comunican la administración pública con la empresa privada y por la que transitan sin problemas altos cargos de este y de anteriores gobiernos. Si Arias Cañete tiene intereses petroleros en la empresa DUCAR, la nueva ministra estuvo ligada profesionalmente a una poderosa compañía de fertilizantes – FERTIBERIA - que, además de haber sido condenada por delito medioambiental en Huelva, tiene entre sus propietarios a un conspicuo donante del PP imputado en el caso Bárcenas. Ella es la responsable ahora de resolver algunas papas calientes que Arias Cañete deja sobre la mesa, entre ellas, la firma del informe de impacto ambiental que determinará si Repsol puede hacer o no prospecciones petrolíferas en Canarias. 

Se trata de un asunto nada baladí dado el rechazo que el proyecto de la petrolera preferida del Ministerio de Industria genera en el Archipiélago, en donde aún se aguarda con santa paciencia a que Rajoy diga si autoriza o no la celebración de la consulta popular que sobre este asunto solicitaron el parlamento y el gobierno autonómicos hace ya unos cuantos meses. Teniendo en cuenta la pachorra del presidente y la previsibilidad con la que actúa, no es nada improbable que la decisión sobre la consulta la tome cuando Repsol tenga la autorización para buscar petróleo. Puede que sea entonces cuando nos diga oficialmente lo que ya sabemos desde ahora que dirá: que la consulta es ilegal. ¿Apostamos algo?

¡Que la detengan!

Lo de Esperanza Aguirre no es que aburra, es que indigna hasta el estupor y más allá. La señora condesa de Murillo tiene tan asumido su papel de “a mí no hay quien me rechiste” que es incapaz de detener la verborrea prepotente con la que expande sus estupideces por platós de televisión y estudios de radio. Tras su tocata y fuga con unos guindillas de movilidad del ayuntamiento de Madrid por aparcar su coche en un carril bus, la lideresa ha optado por lo que mejor se le da: sostenella y no enmendalla. En lugar de reconocer que metió la pata hasta la cintura, pedir disculpas a los ciudadanos atendiendo a su relevancia pública y hacer propósito de la enmienda, ha optado por una huída hacia adelante que solo puede conducirla al ridículo más lamentable. 

Al final, seguramente todo se resolverá en un juicio de faltas en el que Aguirre puede ser condenada a pagar una multa de 10 a 60 días. Solo en el supuesto poco probable de que su comportamiento sea considerado falta grave podrían caerle de seis meses a un año de prisión que seguramente no serían suficientes para acabar con sus huesos en la trena. Todo este circo que Aguirre ha montado por su soberbia reacción ante el requerimiento de los agentes se lo podría haber ahorrado y de paso ahorrarle también a los ciudadanos el bochorno que supone escuchar a diario a una dirigente política que ha ocupado altos cargos de responsabilidad pública diciendo sandeces sin parar.

Las críticas que ha recibido por su actitud chulesca durante y después del incidente con los agentes municipales no han servido para hacerla recapacitar lo más mínimo. Desprecia que se le exija la ejemplaridad que debe mostrar un representante político y basa su defensa en absurdas acusaciones de machismo, descubriéndose a estas alturas como la ferviente feminista que nunca ha sido ni será. Sabe perfectamente que cualquier otro ciudadano habría sido detenido inmediatamente y puesto a disposición judicial y, seguramente, no por una falta de orden público sino por un delito de desobediencia a la autoridad. Dos cosas completamente distintas que consecuentemente conllevan penas distintas de ser hallado culpable.

A ella en cambio fue a visitarla la Guardia Civil a su domicilio “para aclarar lo sucedido” y se marchó por donde había venido sin llevársela esposada como tal vez debería haber hecho. Pero todo eso a la señora Aguirre le debe de sonar a música celestial y cosas de gañanes que no van con ella. Lo suyo es seguir chuleando a los agentes, negando las evidencias que hasta su compañera de filas y alcaldesa Ana Botella ha tenido que admitir y soltando patujadas para rechifla de tertulias y corrillos de cafetería. ¡Pero qué salá es la Espe! ¡Qué gracia tiene! 

Para que el circo no decaiga ni un minuto y alimentar de este modo los comentarios sobre su gracejo y desparpajo, se permite decir en un pregón taurino la chorrada hasta ahora mayor de su muy extensa colección histórica de chorradas: que aquellos que detestamos la mal llamada “fiesta nacional “somos antiespañoles y queremos la destrucción de España. Solo alguien tan pagada de sí misma como Esperanza Aguirre puede soltar una perla cultivada de ese tamaño y con aroma tan rancio a ultraderecha casposa. Alguien en su entorno político y personal debería de decirle que pare de una vez y deje de tomar por imbéciles y antiespañoles a los que no le reímos sus estupideces y no comulgamos con lo que expele su cerebro mononeuronal. Alguien debería de hacerlo pero no hay esperanza de que alguien lo haga.

Cañete puede con todo

Al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente – MAGRAMA para los amigos – se le ve fuerte y rozagante. De pronto sale en un telediario comiéndose un yogur caducado y al día siguiente lo vemos zampándose unos jugosos melocotones de la huerta murciana y poco después probando unos pinchos de recio chorizo castellano en Salamanca. Sin embargo, desde el pasado nueve de abril Miguel Arias Cañete tiene un problema: no se aclara con las agendas del día a día. Ese día salió ante los medios la número dos del PP María Dolores de Cospedal y, en funciones de ventrílocua oficial del premioso dedo de designar de Rajoy, anunció que Arias Cañete sería el esperado candidato popular al Parlamento Europeo. 

Todo fueron parabienes y felicitaciones para el ministro y este, sacando pecho – lo cual tampoco era necesario – tardó solo unas horas en verse ganador y tal vez próximo comisario agrícola europeo. Hasta la candidata socialista, la señora Valenciano, pudo por fin ajustar el punto de mira de sus críticas al PP. Pero lo cierto es que, desde el mismo momento en que el dedo de Rajoy se posó sobre la barba de Arias Cañete, el ministro no da pie con bola con las agendas. El caso es que se levanta por las mañana y confunde la agenda de ministro con la de candidato: cuando acude a un acto para defender las cuotas de jurel se le escapa que cuando sea comisario europeo los pescadores podrán pescar todo el jurel que quieran; en cambio, cuando se pone el traje de faena electoral va y dice que como ministro del ramo hará todo lo que esté en su mano para que España se convierta en una unidad petrolera en lo universal, eso sí, respetando al máximo el medio ambiente. 

Esta esquizofrenia le ha hecho pensar a algunos que Arias Cañete debería dimitir como ministro y dedicarse sólo a sus mítines y promesas, más que nada para no transmitir la poco edificante imagen de que usa dinero del Ministerio para labrarse un futuro venturoso como comisario europeo. Es cierto que la Ley no le obliga a dimitir, lo cual no quiere decir que la Ley esté bien, sino más bien todo lo contrario. En todo caso, si lo hiciera tampoco chocarían los planetas entre sí, ni mucho menos.  La cuestión es por qué Rajoy no lo ha relevado ya de la pesada cartera del MAGRAMA y no se sabe si es debido a que no tiene a nadie a quién poner en su lugar – harto dudoso -, a si es que prepara una crisis de gobierno más amplia o si es el propio Arias Cañete el que quiere aguantar hasta el final como un jabato a pesar del lío con sus agendas paralelas y concomitantes. 

A lo mejor es que tiene expedientes trascendentales que resolver y no puede irse sin haberles echado un garabato al pie. Sólo Rajoy y Dios lo saben y en consecuencia sólo cabe esperar a que el dedo del presidente vuelva a posarse en el elegido para sustituir al ministro con más peso del gabinete, además del más valorado aunque no llegue al 5. Lo cierto es que Arias Cañete no ha entrado con buen pie en la carrera electoral, y no va con segundas. Nada más ser designado candidato sacó la malvada oposición a relucir que había ocultado al Congreso que tiene acciones de una petrolera - DUCAR -  que, además, contrata con la administración pública. Sin duda, sólo en España debe de ocurrir que un ministro de Medio Ambiente tenga intereses en una compañía petrolera y que encima no los declare a la Cámara. 

Se da la circunstancia de que la petrolera de la que es accionista el ministro y candidato posee filiales en Canarias, en donde otra petrolera – Repsol – quiere buscar crudo y hacer ricos a todos los canarios de un taponazo. Por supuesto, se trata también del mismo ministro de cuyo departamento depende en última instancia que Repsol pueda empezar a buscar petróleo en estas islas. Aunque el refrán popular asegura que blanco y en botella suele ser leche, en este caso le da a uno por preguntarse si negro y en barril es petróleo.

Te llegará un carta

Once hermosos millones de euros piensa gastarse la Seguridad Social en informar por correo ordinario a los ciudadanos de este país sobre su futura e hipotética jubilación. Vayan sacando pues del buzón la publicidad del supermercado de la esquina y la propaganda política para las elecciones europeas. La primera tanda está a punto de salir del horno y va destinada a los mayores de 50 años en paro y afiliados o no a la Seguridad Social.

Eso sí, como no hayan cumplido al menos 15 años de cotización olvídense de recibir la buena nueva de la ministra Báñez con las previsiones sobre su futuro cada vez más cercano. De momento no está previsto, aunque no es descartable, que en la carta se adjunte un tarot para que el feliz receptor de la misiva averigüe si volverá a trabajar antes de que pase a la situación de retirado con todos los honores y, en su caso, sepa si la pensión por jubilación le dará para dar la vuelta al mundo dos veces, comer en los restaurantes de los master chefs de turno y dedicar el resto del tiempo al macramé y el yoga.

Que no desespere el resto que hay cartas para todo el mundo. El año que viene – Dios y la Virgen del Rocío mediantes – nuestra ministra de Empleo hará llegar sus efusivas felicitaciones a los mayores de 40 años en paro o con curro. El objetivo es el mismo: advertirles de que se vayan comprando una hucha y guardando unos euros para cuando seamos viejos, porque las cuentas en la Seguridad Social están hechas unos zorros y nadie sabe si para cuando llegue la jubilosa jubilación con la que todos soñamos habrá siquiera pensiones. De momento se descarta en el Ministerio meter en el sobre un hermoso tríptico a todo color sobre los salerosos planes privados de pensiones con los que la banca y las aseguradoras a ella adheridas nos prometen dos futuros venturosos, como mínimo.

Y hasta 2016 tendrán de esperar - ¡paciencia! – los restantes curritos o parados para que el cartero llame a su puerta con la carta del ministerio. Bastará entonces con haber cotizado sólo cinco añitos para ser el afortunado poseedor de una firma de la ministra. En total, más de 17 millones de cartas circulando por toda España en los próximos tres años para regocijo de empleados y parados. Cosa distinta será que en los próximos tres años se pueda hablar en este país de algo que merezca el nombre de pensión por jubilación y no digamos nada dentro de 10, 15 o 20 años. Sobre todo teniendo en cuenta el nuevo y chiripitifláutico sistema para “revalorizar” las pensiones que queda al albur de que la economía vaya al menos regular, de que la caja de la Seguridad Social no siga criando telarañas y, en último extremo, de la santa voluntad del Gobierno de turno.

Pero no queda aquí la cosa que, a lo que se ve, en el ministerio de Báñez se sigue trabajando con ahínco en garantizarnos a todos, si no un trabajo, si por lo menos información a mansalva que nos aligere y aclare el incierto porvenir que nos espera a los que vamos cumpliendo años y echando canas. También va a aprobar el ministerio un nuevo modelo de nómina que especifique con mayor claridad lo que se aporta a la Seguridad Social por parte del empresario. Eso si a Montoro no le da por hacer caso a la gran patronal y cargar sobre los trabajadores dichas aportaciones, que de ese hombre cabe esperar cualquier cosa.

De lo que no hay noticia cierta, aunque sería una buena idea que invitó a la ministra a considerar, es de la conveniencia de regalar también a cada trabajador una lupa de muchos aumentos para que pueda alcanzar a ver el menguante salario que recibe mes a mes. Eso, junto a las cartas que están por llegar, nos daría una idea mucho más aproximada de la cuantía de la pensión si es que tenemos la suerte de cobrar alguna. Y ya puestos propongo incluir en este correo masivo que prepara el ministerio una edición facsímil de los papeles de Bárcenas encuadernada en piel y firmada de su puño y letra. Más que nada para tener algo que dejar en herencia a nuestros hijos.

La Justicia española en la picota

Dos noticias casi simultáneas han vuelto a dejar al sistema judicial español y a determinada clase política con sus vergüenzas a la vista de todo el mundo. Por orden cronológico, la primera de las noticias está fechada en Argentina. Allí, una juez federal de Buenos Aires acaba de admitir a trámite la denuncia presentada contra España por los familiares de cinco republicanos fusilados a manos de leales franquistas en 1937. Los hechos ocurrieron en el que entonces era municipio de San Lorenzo, en la isla de Gran Canaria, y los fusilados fueron el alcalde, el secretario municipal, el jefe de la policía local y dos sindicalistas. Como es fácil de suponer, su delito fue mantenerse leales a la República. 

Afirman los denunciantes que todos ellos fueron torturados antes de ser fusilados y añaden que el hijo de uno de los sindicalistas, un bebé de cuatro meses, murió al ser arrojado violentamente contra una pared durante un registro. Los familiares, parientes directos de las víctimas, prestarán declaración ante la juez bonaerense que en fechas próximas se trasladará a España para conocer de cerca otras causas de represaliados por el franquismo abiertas en su juzgado. 

Para estos denunciantes se abre por fin una vía a la esperanza de que se haga justicia y de que los restos de sus seres queridos, enterrados en una fosa común del cementerio de Las Palmas, sean desenterrados, identificados y entregados a sus familiares para que les den sepultura. No parece mucho pedir pero lo cierto es que el sistema judicial español les ha negado esa posibilidad en reiteradas ocasiones, así que ahora queda en manos de la Justicia argentina satisfacer sus justas demandas, las mismas que la fracasada Ley de Memoria Histórica es incapaz de atender. 

La otra noticia está fechada en Estrasburgo, en donde tiene su sede el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En una sentencia que como mínimo debería de avergonzar también a las autoridades españolas y al sistema judicial de este país, se condena a España por la orden de expulsión de una treintena de inmigrantes saharauis que habían llegado a Fuerteventura huyendo de la represión de la policía marroquí en El Aaiún.

Afirma la sentencia conocida hoy que España ordenó la expulsión sin haber concluido el examen de la petición de asilo presentada por los inmigrantes a su llegada a España alegando que de ser devueltos al Sahara su vida corría peligro. No lo dice el fallo, aunque es fácil deducirlo, que en el Ministerio del Interior hubo una prisa inusitada por echar del país a treinta posibles activistas saharauis y dar así satisfacción al régimen marroquí. 

La orden de expulsión fue ratificada incluso por los jueces de la Audiencia Nacional, a la que acudió pidiendo medidas cautelares la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Sólo cuando el caso llegó al Tribunal de Estrasburgo la expulsión quedó en suspenso y los saharauis pudieron permanecer en España a la espera de que se resolviera el contencioso. Eso es lo que acaba de ocurrir y el varapalo judicial a nuestro país es de los que debería escocer en lo más profundo de un país democrático.

Asegura el fallo de Estrasburgo que España violó nada menos que tres artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos: el número 13 sobre el derecho a un recurso efectivo, el número 2 sobre el derecho a la vida y el número 3 de prohibición de tratos inhumanos o degradantes. Y remata afirmando que España también se saltó a la torera el artículo 46 del mismo Convenio que “debe garantizar, jurídica y materialmente, el mantenimiento de los demandantes en territorio español hasta que concluya el examen de sus causas”. 

Claro que, bien pensado, qué se puede esperar cuando el portavoz parlamentario del partido en el Gobierno, Alfonso Alonso, afirma que la “Justicia universal sólo crea falsas expectativas y conflictos diplomáticos”. Y es que no hay nada tan tranquilizador para las conciencias de algunos y que menos problemas diplomáticos genere que la paz de los cementerios. 

Bienvenido al Sur, monsieur Hollande

La llegada del socialista Hollande a la presidencia francesa permitió abrigar esperanzas de que un gobierno socialdemócrata en París sería capaz de hacer de contrapeso del austericidio que la canciller Angela Merkel estaba imponiendo en toda Europa. Era el mirlo blanco que se suponía iba a pararle los pies a Berlín para que al menos cediera algún punto en sus políticas de ajustes y recortes a machamartillo que estaban dejando a países como Grecia, Portugal, Irlanda o España hechos unos verdaderos zorros.

Nada de eso ocurrió: Hollande se ha mostrado como un presidente débil, incapaz de hacer valer el supuesto peso de Francia en la Unión Europea y esto ha permitido a Merkel seguir campando a sus anchas en Bruselas y continuar aplicando la misma receta de aceite de ricino a pesar de los desastrosos resultados obtenidos. La puntilla han sido los calamitosos números del socialismo francés en las recientes elecciones municipales con la guinda añadida de un preocupante ascenso de la extrema derecha de Marine Le Pen. La primera decisión del presidente galo fue deshacerse de su primer ministro y nombrar en su lugar a Manuel Valls quien, nada más llegar al cargo, ha presentado un programa de ajustes que ha dejado tiritando a los franceses y a sus propios compañeros de partido, quienes ya temen por los resultados en las elecciones presidenciales de 2017.

El objetivo es ahorrar unos 50.000 millones de euros en gasto público para cumplir con el sacrosanto déficit que le exige Bruselas y para conseguirlo ha tirado del manual del buen austericida dictado por Berlín: se congelan las pensiones y los sueldos de los funcionarios, suben los impuestos de las rentas del trabajo, se recortan los recursos de las administraciones locales y se reducen las cargas laborales de los empresarios del orden de 38.000 millones de euros. Estos, a cambio, dicen que crearán millones de puestos de trabajo a cambio de ese regalo pero no especifican cuándo ni cómo. Eso sí, contentos están porque en el país de la guillotina no se recuerda un recorte igual desde la Revolución Francesa.

Algunos ya han echado cuentas y aseguran que el guillotinazo a las cuentas públicas francesas se reflejará en una caída imparable del Producto Interior Bruto y en un incremento del empleo precario, la pobreza y la exclusión social, tal y como ha ocurrido en España tras la caída del caballo de Zapatero en 2010 y las medidas, agrandadas y agravadas, que luego aplicó Rajoy nada más pisar la alfombra de La Moncloa. Y al igual que el actual presidente español, que engañó a los electores prometiendo lo contrario de lo que luego hizo, también Hollande y su primer ministro Valls impulsan un paquete de recortes que obviamente no figuraba en su programa electoral. Ahora dirán, como Rajoy en España, que “no hay otro remedio” y que se trata de “acometer reformas estructurales para garantizar el crecimiento y el empleo”.

Pero no sólo los franceses sufrirán en sus carnes los efectos de este nuevo ejercicio de austericidio perpetrado ahora por quienes de la noche de a la mañana han pasado de socialistas de toda la vida a neoliberales de nuevo cuño. Francia representa la cuarta parte del Producto Interior Bruto de la Unión Europea y si su economía se encoge – como es probable que ocurra con estas medidas – la supuesta luz de la salida de la crisis al final del túnel volverá a apagarse por tiempo indefinido en países como España, por no hablar de Grecia o Portugal, en donde ya están a un paso de alumbrarse con velas. Ahora sólo falta que el candidato de Merkel a las elecciones al Parlamento Europeo se convierta en el próximo presidente de la Comisión Europea. Entonces solo cabe concluir con aquello de apaga la luz y vámonos.

Deflacionados

Cuando no es Juana es la hermana o la prima o la prima hermana. Lo cierto es que no salimos de un susto y ya tenemos otro encima. Ahora se llama “deflación” y no se habla de otra cosa en bares, cafeterías, restaurantes, centros de salud y despachos de lotería: 

- ¿Has visto las noticias?

- No ¿qué han dicho?

- ¡Que nos amenaza la deflación! ¡Pero no se lo digas a nadie!

- ¡Qué miedo! ¿Es contagiosa esa enfermedad?

- Parece que sí y el que la contrae tarda años en curarse.

- ¡Ave María Purísima!

También hay preocupación creciente en los altos despachos del Fondo Monetario Internacional, no se vayan a creer. La señora del foulard y el pelo oxigenado conocida como Christine Lagarde ha dicho esta semana que la zona euro y en particular España corren riesgo de padecer deflación. El susto está haciendo que al Gobierno casi no le llegue la camisa al cuerpo y preguntándose si podrá seguir administrándonos el placebo de la recuperación que ya está aquí y llega para quedarse per secula seculorum. Dicen los que saben que la deflación es una patología económica muy grave que se contrae cuando la actividad está más muerta que viva y, como consecuencia, los precios de las cosas se ponen a niveles de rastro dominguero. 

Y ustedes dirán qué tiene eso de malo: si tengo que pagar menos por lo que compro eso que me ahorro. Pues tiene mucho de malo, de verdad y aunque no se lo crean: si los precios bajan nadie compra esperando que bajen más y si nadie compra las empresas no venden y cuando las empresas no venden no invierten y cuando no invierten no contratan y cuando no contratan los salarios bajan más (los de los jefes, no, jamás) y cuando los salarios bajan más nadie compra y cuando nadie compra los precios bajan un poco más y…..vuelta a empezar. 

Y eso no es todo, miren si será grave el problema: cuando nos deflacionamos, como parece que está a punto de ocurrir en España como sigamos así un poco más, nuestras deudas públicas y privadas creecen porque nuestra riqueza disminuye y los tipos de interés que hay que pagar para devolver los créditos que hayamos pedido nunca pueden bajar de cero. De lo que se deduce que quienes único salen beneficiados con la peligrosa deflación que nos amenaza son los ahorradores netos o quienes tengan la renta asegurada por la vía del trabajo o del capital. No cabe incluir en ese capítulo a quienes tienen cuenta en Suiza, aunque en realidad a ellos tampoco les afecta la deflación. 

Los que han estudiado a fondo esta enfermedad desde que se descubrió allá por la Gran Depresión del 29 del siglo pasado aseguran que el mal comienza con un carraspeo en los balances de resultados de las empresas que estas intentan calmar bajando los precios y los salarios y echando gente al paro. Poco a poco el carraspeo se va convirtiendo en una tos seca propia de la falta de dinero que pasado un cierto tiempo afecta a todo el organismo económico humano. Y dicen también que cuando te tumba te cuesta años levantarte de la cama y te puedes pasar hasta dos décadas sin gastarte un euro ni en pipas, como les pasó no hace mucho a los japoneses, aunque ellos gastan yenes, creo. 

Por eso anda estos días tan alterada la señora del foulard y el pelo oxigenado que no para de pedirle al señor de expresión somnolienta que gobierna el Banco Central Europeo que “haga algo”, lo que sea, como por ejemplo bajar más los tipos de interés aunque no sea muy ortodoxo y aunque su jefa de Berlín, guardiana de que la inflación – lo contrario de la deflación para quienes aún no lo hayan pillado – no se le desmande. Aunque italiano, podría por ejemplo irse de jarras por Frankfort y acompañarlas de unas buenas raciones de salchichas y chucrut. Al menos daría ejemplo a tanto español roñoso que se resiste a gastarse un euro con el fin de que el tren de la economía vuelva a pitar y llegue la luz esa del final del túnel que Rajoy y los suyos mantienen encendida a duras penas. Cualquier cosa porque, como cojamos la deflación, ríanse ustedes de la gripe española.

Maniobras petroleras en la oscuridad

Atentos a sus pantallas: el día menos pensado el Boletín Oficial del Estado nos traerá la buena nueva de que Repsol ya cuenta con la bendición del Ministerio de Medio Ambiente para empezar a buscar petróleo en aguas de Canarias. Lo que hace un par de días era sólo un run run que circulaba por las redacciones de los medios de comunicación va camino de convertirse en certeza, probablemente más pronto que tarde. Si tal cosa ocurre – que ocurrirá – puede que nos quedemos sin saber a tiempo qué “información complementaria” le pidió Medio Ambiente a Repsol para ultimar el visto bueno a las prospecciones. Esa documentación parece que se guarda bajo siete llaves en el ministerio de Arias Cañete que, con los deberes hechos, se apresta ahora a emprender el camino de Bruselas después de que su jefe de filas lo haya señalado con el dedo de designar candidatos.

Escama y mucho que Medio Ambiente haya tenido tiempo de estudiar un expediente tan profundo como las prospecciones en el escaso plazo que va desde que le pidió nuevos papeles a Repsol hasta la inminente publicación de la resolución en el BOE. La sospecha se incrementa si se tiene en cuenta que el mismo ministerio tiene incomprensiblemente atrasado otro expediente que afecta al anterior. Se trata del que propone declarar Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) las aguas de Lanzarote y Fuerteventura que, al contrario de sus nueve hermanos de otras partes del país, parece caminar a la velocidad los burros majoreros.

Cuando la opacidad preside las actuaciones de la administración pública en un asunto de la sensibilidad que ha despertado en Canarias la búsqueda y eventual extracción de petróleo con los riesgos sociales, económicos y medioambientales que comporta esa actividad, las sospechas se disparan. Eso no es culpa de quien sospecha sino de quien da pie a la sospecha. Así, se malician ya las organizaciones ecologistas que Repsol movió convenientemente las cuadrículas marinas en las que piensa buscar petróleo con el fin de que no se den de bruces con el área que en su día – cuando Dios quiera – se declare Lugar de Importancia Comunitaria.

Se entiende mejor así que el ministro Arias Cañete haya dicho en el Senado que una cosa – las prospecciones – nada tienen que ver con la otra – el Lugar de Importancia Comunitaria, y que cada cosa lleva su procedimiento y sus plazos. En otras palabras viene a decirle a Brufau y a los que le apoyan sin pestañear, como el PP canario, que estén tranquilos y que el engorro ese del LIC no echará a perder sus planes de sacar petróleo si lo hubiera o hubiese.

No se vayan que aún hay más. Se supone que  Medio Ambiente ya remitió al Tribunal Supremo la información que le reclamó hace unos días sobre el expediente del LIC susodicho a fin de hacerse una idea cabal ante los recursos que contra las prospecciones presentaron varias instituciones canarias. Parece de sentido común que a la vista de esa petición, Medio Ambiente debería de esperar a que el Supremo diga la última palabra antes de darle el permiso definitivo a Repsol. 

Más que nada por evitar que una eventual sentencia contraria a los intereses de Repsol deje al ministro literalmente con el culo al aire. No va a ser así porque – como ya dijo Arias Cañete – los LIC son una cosa y las prospecciones son otra, que no nos enteramos de cómo se hacen estas cosas. De la conveniencia de obligar a Repsol a realizar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que incluya la documentación que no presentó en el primero y que corrija las deficiencias denunciadas por los científicos, nada de nada. Claro que eso implicaría volverlo a exponer a información pública y el tiempo en el mundo del petróleo es oro negro.

Pero no nos alarmemos: podemos tener la absoluta seguridad de que todo se tramita de modo exquisito y transparente y, por descontado, sobra cualquier consulta “desleal” para que los ciudadanos de estas islas digamos si queremos o no petróleo en nuestras costas. De la transparencia y el rigor del Gobierno es buen ejemplo el hecho de que los representantes de las instituciones canarias recibieran la pasada semana el no por respuesta cuando se personaron en el Ministerio de Industria a consultar el expediente. De propina fueran acusados además de camorristas por el subsecretario de Industria, una de las varias manos derechas del ministro Soria.

Ahora se les ha dado cita para mañana pero tal vez ya sea tarde si, como todo empieza a indicar, el visto bueno a la petrolera por la que Soria se desvive es ya cosa hecha. De todo lo cual se deduce que cada vez falta menos para que en Canarias empecemos a amarrar los perros con chorizos de Teror.

El embrollo catalán

Si alguien tiene una idea de cómo superar el órdago independentista de los nacionalistas catalanes que levante la mano. Cansados ya de este sonsonete interminable desde que Artur Mas, el líder político de la burguesía catalana, se cayó del caballo, abrazó la fe de la independencia y terminó rendido en los brazos de ERC, muchos españoles seguramente apuestan a estas alturas por darles lo que piden, desearles que les vaya bien como “nou Estat d’Europa” y pasar página de una vez para dedicarnos el resto a sobrevivir a la crisis. Claro que esa no es la solución, aunque quién sabe si la será con el tiempo.

Entonces ¿cómo superamos tanto cruce estéril de declaraciones políticas de unos y de otros, tanta lista de supuestos agravios, tanto “no nos comprenden” y tantos “nada hay de lo que hablar si no está en la Ley” como llevamos oyendo desde hace ya demasiado tiempo? Esa es la pregunta. Que la Constitución requiere una reforma es algo en lo que cada vez hay mayor coincidencia, aunque aún no la suficiente como para dar el paso. Qué reforma necesita es en lo que hay aún menos acuerdo. El presidente Rajoy le ha ofrecido esta tarde a los nacionalistas catalanes la posibilidad de que presenten una propuesta de reforma de la Carta Magna que les permita sentirse más cómodos en España. Lo dice, claro está, con la boca pequeña y dorándoles la píldora sobre lo mucho que ama a Cataluña. Incluso se ha permitido alguna frase en catalán y hemos descubierto que, al igual que su egregio mentor José María Aznar, él también habla catalán en la intimidad. 

En realidad, y así lo demuestran sus recelos ante la posibilidad de abrir el melón de la reforma constitucional alegando que no hay consenso político para ello, su ofrecimiento no tiene recorrido alguno. Llega tarde Rajoy después de que la otra parte haya precisamente ignorado la Constitución y el principio de la soberanía nacional para poner en marcha su hoja de ruta hacia la independencia, importándole una higa la legalidad de su propuesta. Por tanto, también cabe dudar de si un ofrecimiento como el que ha hecho hoy Rajoy hubiera servido de algo hace un par de años a la vista del escaso aprecio del nacionalismo catalán más radical por la Carta Magna. 

En cualquier caso, todo ello trae causa no solo del acreditado tancredismo de Rajoy – dejar pasar el tiempo con la esperanza de que los problemas se resuelvan solos –, sino de la situación política de Artur Mas, un valioso rehén político de ERC. El partido que lidera Oriol Junqueras supo aprovechar las torpezas del presidente para ondear las “senyeras” bajo las que imprudentemente se había situado el líder de CiU. A partir de ahí los acontecimientos le han venido rodados a Junqueras: con el gobierno catalán amordazado y más pendiente de la consulta soberanista que de los efectos de la crisis para los ciudadanos de Cataluña, lo ha conducido sin pausa por la senda independentista con la vista puesta en la convocatoria del 9 de noviembre. 

Antes, unos y otros han vuelto a escenificar esta tarde en el Congreso de los Diputados sus ya conocidos y cansinos discursos a propósito esta vez de la petición catalana para que se le traspase la competencia que le permita organizar y convocar referendos “consultivos” y “sin efectos jurídicos”. Puro florilegio retórico superfluo que nadie cree pero que le sirve al nacionalismo catalán para añadir otro argumento a su larga lista de agravios – “Madrid no nos deja decidir “ - y mantener el rumbo fijo hacia la independencia. Lo normal sería que con el rechazo en el Congreso a la pretensión catalana el asunto quedara sobreseído, pero eso no va a ocurrir ni mucho menos. Cómo llegarán al objetivo final Mas y los que le apoyan – que el nacionalismo interesadamente confunden con la totalidad del pueblo catalán – es algo que está por ver y que seguramente veremos en los próximos meses. 

Entre otras opciones cabe un adelanto electoral en Cataluña pero esta vez con claros tintes plebiscitarios que bien puede conducir a una declaración unilateral de independencia de España. Así las cosas, a estas alturas es más que dudoso que se pueda superar este embrollo por los cauces del diálogo político aunque sería lo deseable: el Gobierno central carece de la cintura y la voluntad necesarias y el nacionalismo catalán sólo está dispuesto a escucharse a sí mismo y a hacer oídos sordos a todo lo que no encaje con sus pretensiones. A pesar de todo, no hay otra solución racional a tanta sinrazón política de unos y de otros.   

Aforando, que es gerundio

Ahora que el “caso Urdangarín “ y su infanta consorte anda cuasi olvidado en los medios a la espera de que el juez Castro decida si mantiene o levanta la imputación de la hija del rey, se nos acaba de descolgar el ministro de Justicia anunciando que también la reina y los príncipes de Asturias pasarán a engrosar la ya larga lista de aforados de este país. Si algún día – Dios y el rey no lo quieran – se vieran salpicados por algún escándalo de mayor cuantía podrán declarar desde la Casa Real y con escribano propio a su servicio, como debe ser. ¿Se imaginan a todo un príncipe heredero o una reina madre haciendo el paseíllo en unos juzgados de medio pelo o en el mejor de los casos ante una audiencia?

Los ingenuos bien pensados dirán que no hay relación entre una cosa y la otra pero, a los que tenemos la mala costumbre de pensar torcido, no se nos pasa por alto la posibilidad de que el ministro quiera hacerle un nuevo favor a la monarquía. No debe de haberle parecido suficiente con poner a la fiscalía a fiscalizar todos y cada uno de los pasos del juez Castro en sus investigaciones sobre las andanzas de la infanta. Para ponerle la guinda al regalo, ahora les otorga también el privilegio del aforamiento judicial a su madre y a su hermano ante eventuales catástrofes futuras. El argumento es irrebatible: ¿cómo puede ser que un país tan moderno como España no tenga aforados a su reina y a su heredero del trono? Todo un atraso legal que es necesario corregir de inmediato.

En realidad, la reina y el príncipe sólo vienen a sumarse a la legión de políticos y otros cargos públicos aforados de los que tanto se enorgullece este país, hasta el punto de que constituyen ya uno de los activos más valiosos de la marca España. Es sin duda un signo de modernidad y un ejemplo palpable de que, en efecto, como sentenció el rey en aquel famoso discurso que ya cantan los trovadores patrios por los confines del país y allende nuestras fronteras, la Justicia es igual para todos.

La única diferencia, aunque reconozco que pequeña y sin importancia alguna, es que si a un ciudadano corriente y moliente lo pescan en un renuncio y es imputado tendrá que acudir en persona al juzgado de instrucción correspondiente a prestar declaración ante el juez que le toque en suerte, le guste mucho, poco o nada. Si el pescado es un diputado, un consejero autonómico o un ministro, pongamos por caso y sin ánimo de señalar a nadie, siempre tendrá a su disposición la posibilidad de hacerlo por escrito desde su casa, desde su oficina o desde su apartamento de veraneo en Marbella, lo que le sea más cómodo y relajado.

Y todo ello, faltaba más, ante un juez como es debido, de un tribunal superior, y no ante uno de tantos aspirantes a juez estrella que pululan por los juzgados de instrucción de este país y con los que Ruiz-Gallardón también quiere acabar por la vía rápida. Quien no vea en todo esto un avance imparable hacia la igualdad de los ciudadanos ante la Ley es que está completamente ciego. Y quien saque la conclusión de que para luchar contra la corrupción política habría que empezar por eliminar la anacrónica figura del político aforado o, como poco, restringirla al máximo se equivoca gravemente o es un mal pensado como yo.