Aborto o cuando Rajoy mandó callar

A Rajoy no le gusta el barullo. Para evitarlo da contadas ruedas de prensa, la mayor de ellas por tele de plasma, y le ahorra a los periodistas el ingrato ejercicio de hacer preguntas que son respondidas a medias o no respondidas. A la vista del nivel de ruido que está alcanzando el debate sobre el aborto en su propio partido, con barones y diputados desmarcándose de la “progresista” contrarreforma de Gallardón, el presidente del Gobierno y del PP ha ordenado a los suyos que dejen de dar espectáculo mediático y diriman sus diferencias a puerta cerrada. 

Ni caso: ha sido decirlo y saltar nuevas voces para pedir “consenso”, “diálogo”, “equilibrio” o “voto secreto”. Son los mismísimos barones populares como Monagos, Feijóo o Herrera los que han dejado patente su incomodidad con la ley social más retrógrada de este Gobierno, que ya ha impulsado unas cuantas y muy retrógradas. La rebelión se extiende también  por las alcaldías y los escaños populares del Congreso, con petición de voto secreto aunque con resultado negativo por ahora. Y eso sin contar a quienes prefieren no moverse para seguir saliendo en la foto, aunque en su fuero interno abominen de un anteproyecto de ley que ha recibido el rechazo unánime de las fuerzas políticas, los profesionales sanitarios, las organizaciones de mujeres y, en general, del común de los ciudadanos que no ven por qué hay que retroceder a la edad de las catacumbas en la regulación del derecho al aborto. 

Para cerrar el cuadro añádase al rechazo generalizado en España, en donde salvo los sectores más ultras y la Conferencia Episcopal nadie más veía necesidad alguna de la contrarreforma, el reproche de destacados medios de comunicación internacionales como el conservador The Times hablando de “abuso de poder” o la insólita misiva de la portavoz del Gobierno francés al de España quejándose del desatino de Gallardón. Y todo ello cuando apenas han pasado tres semanas desde que el ministro diera a conocer su reforma sin esperar a que el Tribunal Constitucional se pronunciara sobre el recurso que el PP tiene presentado contra la ley ahora en vigor. 

El propio Gallardón lo justifica en su convencimiento de la inconstitucionalidad de la Ley de plazos de 2010, de manera que no se explica qué hace aún abierto y funcionando mal que bien el Tribunal Constitucional si contamos en este país con un intérprete de la Carta Magna de la inefabilidad del ministro de Justicia. La cuestión es si la incipiente rebelión en las filas del PP contra este engendro legal irá a más o si por el contrario recogerán velas los díscolos y se plegarán a la disciplina del partido y a la “discreción” que les pide la superioridad encarnada por Rajoy, a buen seguro disgustado con este lío interno que está chafándole su segundo año triunfal en La Moncloa y el bosque de brotes verdes que nos prometió por Navidad. 

Por lo pronto han conseguido que el mismísimo ministro de Justicia recule algo y admita la posibilidad de cambios en la reforma aunque – aclara – “no serán sustanciales”. Eso quiere decir en esencia que como mucho serán puramente cosméticos para calmar a la galería y dar falsa apariencia de consenso. Tal vez y para disimular mantendrá algunas reuniones de compromiso con la oposición y luego dirá que lo intentó pero no fue posible el acuerdo. 

A partir de ahí PP y Gobierno serán uña y carne de nuevo – ¿cuándo no lo han sido? - y las enmiendas de la oposición serán adecuadamente machacadas por el rodillo de la mayoría absoluta mientras las protestas de la calle se estrellarán una vez más contra las paredes del Congreso. Así las cosas, el PSOE le ha pedido hoy a Gallardón que guarde la contrarreforma del aborto en un cajón, cuando lo que en realidad habría que hacer es tirarla a un vertedero. 

Liberales de boquilla

Pues no, no hubo “burda manipulación” en la ya famosa subasta eléctrica del pasado 19 de diciembre que levantó oleadas de protestas en las redes sociales ante una subida del recibo de la luz no inferior al 11%. El informe de la Comisión Nacional de la Competencia no habla ni de “burda”, ni de “manipulación”, como alegremente dijo con todas las letras el ministro de Industria José Manuel Soria para justificar la anulación de la subida vía decreto, el sistema de gobierno al que más cariño le tiene el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Lo que sí dice el informe es que en la subasta hubo una “insuficiente presión competitiva”, es decir, que se detuvo mucho antes de lo habitual con lo que el precio bajo menos de lo esperado por el Gobierno. Ahora bien, de ahí a concluir que hubo “manipulación” o “concertación” para darle una bofetada al Gobierno en la cara de los consumidores va un trecho que la Comisión de la Competencia no se atreve a cruzar. En consecuencia y aunque la investigación continuará, nadie pagará sanción alguna por el que estuvo a punto de convertirse en el tarifazo eléctrico de la historia.

Una subida que sólo se evitó gracias a la presión en las redes sociales sobre un gobierno al que el oligopolio eléctrico parece tener bien agarrado por los plomos y al que utiliza como correa de transmisión para vendernos ese mantra inexplicable del déficit de tarifa como consecuencia de lo poco que pagamos por la luz para tanto como cuesta producirla. El marasmo en el que se encuentra el sistema eléctrico en este país merecería atención especial del médico chino y el ministro que la impulsó, que va de desmentido en desmentido y de contradicción en contradicción, una cura de reposo en un convento de silenciosos cartujos.

Con la reforma del sector que iba a acabar con el famoso déficit convertida en papel mojado y la más absoluta incertidumbre de lo que ocurrirá a partir de ahora con el recibo, los ciudadanos y las empresas ya no saben a qué atenerse aunque todos nos tememos lo peor. Después de intervenir con todas las de la ley en un mercado presuntamente liberalizado al anular la subasta del tarifazo, el Gobierno dijo que se convocaría otra puja, después cambió de opinión y anunció que establecerá un nuevo mecanismo de subasta que “refleje mejor la situación del mercado” y ahora duda sobre si será mensual o trimestral como hasta estos momentos.

En medio, el último Consejo de Ministros del año nos regaló una arbitraria subida del recibo del 2,3% obtenida de un cálculo no menos arbitrario de la propia Comisión de la Competencia y el añadido de los peajes públicos que regula el Gobierno. La pregunta que muchos se hacen es cómo se enjugará la diferencia entre el 2,3% que ha subido la luz en enero y el 11% que tendría que haber subido si se hubiera respetado el resultado de la subasta de diciembre.

Aunque tampoco hace falta ser adivino para imaginarnos quién pagará la diferencia con un Gobierno tan liberal que irrumpe en el sacrosanto sector privado cuando la sabia mano de la oferta y la demanda arroja resultados políticamente incorrectos como en diciembre y que, sin embargo, ha dejado hacer y pasar cuando empleando visos de aparente buena competencia ese mismo mercado nos ha venido endilgando subidas en dosis menos escandalosas del recibo trimestre tras trimestre y año tras año para reducir un déficit que, misteriosamente, no para de aumentar.

Es ahora cuando el Gobierno se cae del guindo y descubre que la subasta famosa de nuestras pesadillas es un contubernio eléctrico plagado de “burdas manipulaciones”. Cabe preguntarse qué había sido hasta ahora: ¿una rifa benéfica tal vez?

La infanta en la rampa

Si nada lo remedia – y a fe que habrá poderosos recursos para remediarlo – la infanta Cristina descenderá el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la rampa que da acceso a los juzgados de Palma de Mallorca. Allí la esperará el juez José Castro para interrogarla en calidad de imputada por blanqueo y delito fiscal en el llamado “caso Nóos”, el instituto “sin ánimo de lucro” con el que su esposo Iñaki Urdangarín obtenía dinero público que luego desviaba hacia empresas pantalla como Aizoon, cuya propiedad compartía al 50% con su esposa, quien a su vez y según el fiscal no se enteraba de nada de lo que hacía su ejemplar consorte ni de dónde sacaba para tanto como aparentaba.

El auto de imputación – 227 folios de minucioso desglose de las andanzas fiscales de la hija del rey – se ha conocido sólo tres días después de que el Jefe de la Casa Real – que es como decir el mismo rey – se quejara amargamente en una entrevista del “martirio” que está suponiendo la larga duración del proceso y uno después de que el mismo Jefe del Estado diera muestras más que evidentes de fatiga y auturullamiento durante la lectura del discurso con motivo de la Pascua Militar. En este punto cabe recordar las palabras que con mucha mayor desenvoltura pronunció el propio rey en su discurso navideño de 2011, cuando subrayó aquello tan comentado luego de que la “Justicia es igual para todos”. Siendo así, al menos en teoría, no se comprende la razón por la que la causa que afecta al yerno del rey y ahora también a su hija iba a resolverse antes que la que pueda afectar a cualquier otro mortal pero de sangre roja.

Sobre todo si, como ha denunciado el propio juez instructor, ni la policía ni la Agencia Tributaria – con aquel vodevil en torno a los DNI de la familia real - no han mostrado precisamente una excesiva diligencia a la hora de poner en su mesa la documentación que había reclamado para determinar si la infanta había hecho méritos para la imputación. Por no mencionar el papelón de la Fiscalía en todo este largo proceso, recurriendo el primer auto de imputación y adelantando su rechazo al segundo mucho antes de que se produjera. Lo extraño es que a esta hora aún no haya anunciado que recurre también este segundo auto del juez Castro, aunque no tardaremos mucho en confirmarlo.

Con el Ministerio Público y la Abogacía del Estado actuando de hecho como abogados defensores de la infanta y no como defensores del bien y el interés público, no son pocas las dudas sobre la posibilidad de que, efectivamente, el próximo 8 de marzo la infanta Cristina descienda la misma rampa que ya recorrió en su día Iñaki Urdangarin rodeada de cámaras y micrófonos y cegada por los flashes de los fotógrafos.

Entre las argucias a las que probablemente se agarren las defensas de hecho y de derecho de la infanta figura la llamada “doctrina Botín”, bendecida por el Tribunal Supremo, que impide abrir juicio oral cuando ni la Fiscalía ni el supuestamente perjudicado – en este caso la Hacienda Pública – no sólo no lo han pedido sino que se han opuesto.

Que en las cañerías del Estado están trabajando en estos momentos a pleno rendimiento para volver a dejar al juez Castro compuesto y sin imputación es algo de lo que hasta el más ingenuo puede estar seguro. Sin embargo y por ahora, la segunda imputación de la infanta extiende en lugar de concluir el “martirio” del que se queja el Jefe de la Casa del Rey, siempre tan respetuosa con las decisiones judiciales. Y ello en un momento en el que arrecia el debate sobre la conveniencia de la abdicación de alguien que cada día que pasa al frente de la Jefatura del Estado sólo contribuye a emborronar un poco más una hoja de servicios hasta hace algún tiempo bastante presentable.