Horror y vergüenza en Lampedusa

A estas horas son ya más de 130 los muertos y más de 250 los desaparecidos tras incendiarse y naufragar una barcaza con 500 inmigrantes que pretendían alcanzar la isla italiana de Lampedusa. A unos 200 kilómetros al sur de Sicilia y a poco más de 100 al norte de Túnez, Lampedusa es hoy la imagen más descarnada del drama humanitario de la inmigración. En realidad, lo viene siendo desde hace un cuarto de siglo, periodo en el que unos 8.000 inmigrantes han perdido la vida en esas aguas. Mientras siguen llegando barcos con cadáveres al puerto de Lampedusa y la alcaldesa de la isla afirma que ya no tiene sitio para ellos, se ha alzado de nuevo el habitual coro de lamentaciones ante esta inmensa tragedia.

Desde Roma a Bruselas pasando por las Naciones Unidas, todo el mundo deplora lo ocurrido y dice que un horror como el de hoy no se puede repetir. Pero lleva repitiéndose ya demasiado tiempo y los anteriores coros de lamentaciones y los anteriores propósitos de la enmienda no han evitado que volviera a ocurrir. No se trata de dudar de la sinceridad con la que el primer ministro italiano o la Comisión Europea o el secretario general de la ONU lamentan la pérdida inútil de tantas vidas humanas. Mucho menos la del papa Francisco, que también ha dejado hoy oír su voz para deplorar lo ocurrido. Recordemos que la primera visita oficial del papa argentino fue precisamente a Lampedusa, lo que dice mucho a favor de su sincera preocupación por este drama. Sin embargo, además de lamentarse y rezar por las víctimas y sus familiares, poco más puede hacer el papa.

Las medidas para evitar que esto pase han estado y están en donde siempre: en los despachos de los políticos. Es ahí en donde durante todo el tiempo que dura este drama humanitario no se ha pasado casi nunca de las palabras a los hechos. Las pocas veces que eso ha ocurrido, como cuando en 2006 llegaron a Canarias más de 30.000 inmigrantes irregulares, el fenómeno se ha enfocado más como un problema o una “invasión” que como una potencial oportunidad para los países receptores de ese flujo humano.

Aunque demasiado tarde, se reconoce ahora en la Unión Europea que el enfoque para encarar y poner fin a dantescos hechos como los de hoy en Lampedusa tiene que girar radicalmente y dirigirse a la persecución de las mafias sin escrúpulo que trafican con seres humanos. Para ello es imprescindible la cooperación abierta, decidida y constante con los países emisores de emigrantes, ayudando además a su estabilidad política y a su desarrollo económico y social para evitar que la desesperación, la miseria y hasta la persecución política no sigan arrojando a seres humanos al albur de una aventura de resultado más que incierto.

Impedir la llegada o devolver a los que consiguen llegar a sus países de origen es una política a todas luces insuficiente. A la vista está que no detiene el flujo migratorio de personas desesperadas que no entienden de fronteras y que no dudan en jugarse la vida para alcanzar lo que confían sea un mundo mejor para ellos y sus familias.

Por muy profunda que sea la crisis económica que azota a la vieja Europa y por sangrante que sea la herida que sufre la cohesión social a raíz de las políticas de la derecha ultraliberal, los europeos no podemos encogernos de hombros y mostrarnos indiferentes ante horrorosos episodios como el de hoy. Si aún nos queda algo de los valores que animan esta vieja cultura, si aún creemos en la solidaridad y en la igualdad entre los seres humanos, tenemos la obligación de exigir que se detenga este drama y que después de los lamentos y las protestas de buenas intenciones se pase por fin a la acción y a las soluciones.

Esquizofrenia presupuestaria

En Baleares tocan a rebato contra los presupuestos de la recuperación del ministro Montoro. Nadie se queda atrás, ni los sindicatos ni los empresarios ni los partidos políticos. Empezando por el partido gobernante, el PP, algunos de cuyos dirigentes no se han ahorrado gruesas palabras para calificar el trato que recibe aquel archipiélago en las cuentas públicas estatales. “Una burla, un desprecio y un nuevo escarnio para los ciudadanos” fueron los términos que empleó Antoni Camps para describir que en los presupuestos estatales su comunidad reciba una inversión de 66 euros por habitante.

Y dijo más el señor Camps: “Parece que Baleares no forma parte de España y a una comunidad que cree en el proyecto común de España se la ningunea”. No quedó aquí la cosa y, ya lanzado, Camps remató la faena: “Aunque queremos seguir siendo solidarios, no nos pueden tomar por el pito del sereno y tratarnos como a tontos. Somos los que más esfuerzos fiscales hacemos, los más solidarios y los más maltratados”. Antoni Camps no es el Paulino Rivero de Baleares, sino un destacado diputado del PP en el parlamento autonómico, el mismo partido que gobierna en España, por si se les había olvidado.

No ha sido el único que se ha lanzado en tromba contra las cuentas de Montoro. Miquel Ramis, portavoz popular en el parlamento regional, ha dicho textualmente que "el Gobierno central es consciente de que Baleares lidera la recuperación económica nacional y aun así aportará a nuestra Comunidad una cantidad muy reducida, lo que es intolerable, inaudito y criticable absolutamente". Y sentenció: “las islas siempre han sido solidarias y queremos seguir siendo, pero ya está bien de que nos desprestigien de esta manera. Baleares es solidaria, pero no es tonta". Parecería el José Miguel Barragán de las Baleares pero no, es el portavoz del PP en su parlamento autonómico.

Y como no hay dos sin tres, aquí está lo que ha dicho el mismísimo consejero de Hacienda balear, José Vicente Marí, también del PP. En su opinión “"hay determinados ministerios que no se han enterado aún de que Baleares es España". Así están las cosas en Baleares, con todas las fuerzas políticas dispuestas a presionar en la misma dirección para mejorar el trato que reciben las islas en los próximos Presupuestos del Estado.

Traslademos ahora el foco a Canarias y a la posición del PP respecto al trato de estas islas en esas cuentas públicas, criticadas por el resto de las fuerzas políticas, por el Gobierno de la comunidad autónoma, por los sindicatos y hasta por las patronales. El secretario del PP en Canarias, Asier Antona, ha dicho que “este es un presupuesto que tiene en cuenta a Canarias y, en la tramitación parlamentaria, estoy convencido de que los diputados y senadores del PP de las islas intentarán mejorar las partidas que vienen para el archipiélago". En defensa de las cuentas de Montoro ha salido también la Delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, para la que "no se puede hablar de maltrato cuando Canarias es la octava comunidad autónoma con mayor inversión. Hay nueve comunidades que reciben menos inversión que Canarias".

Pero los números no mienten y a la vista están los recortes en el Fondo de Compensación Interterritorial, en las políticas de empleo o el convenio de carreteras. Por seguir con las citas, ya dijo Grocio hace más de 400 años “que ni siquiera Dios puede hacer que dos por dos no sean cuatro”, de manera que las contorsiones dialécticas del PP canario para justificar lo injustificable no pueden hacer que unas cuentas nefastas para esta comunidad autónoma dejen de serlo.

Hasta ahora uno tenía la firme convicción de que el PP era un partido unido, cohesionado, grande y libre pero esa percepción empieza a cojear a la vista de estos ejemplos y otros que podríamos traer aquí. Por tanto, la cuestión es saber la razón por la que los populares de Baleares se echan sin miedo a la yugular de Montoro y los de Canarias justifican sus tijeretazos y desvían la atención hacia el Gobierno autonómico o la crisis, que no digo yo que no tengan su alícuota parte de responsabilidad. Sin embargo, es la misma pregunta que sigue sin respuesta al hecho de que el PP de Baleares se haya plantado frente a las prospecciones petrolíferas en sus aguas y el de Canarias las considere poco menos que el maná tanto tiempo esperado. ¿Tendrá algo que ver la presencia de un ministro canario en Madrid y en eso salen ganando en Baleares?  

Un ministro canario en Madrid

Analizar los Presupuestos Generales del Estado para 2014 requiere el uso de guantes para no cortarse, mejor dicho, para no recortarse. Las cuentas públicas de la “recuperación” tienen tantas y tan afiladas aristas que cualquier descuido puede terminar en profundas heridas. Apartemos con cuidado las cifras que corresponden a Canarias y echemos un vistazo. Desde que el PP llegó al gobierno, la comunidad autónoma con la segunda mayor tasa de paro del país no ha dejado de perder peso en las cuentas del Estado.

Así, de los 1.200 millones de euros que recibió en 2010 con Zapatero aún en La Moncloa y que llevó al PP canario a abandonar el gobierno autonómico por considerarlos insuficientes, el año que viene se pasará a algo más de 600. Un recorte por tanto hasta la mitad del hueso, cabe decir, desde que Mariano Rajoy lleva las riendas de este país por la senda del crecimiento y la creación de empleo. En los presupuestos estatales del año que viene, la comunidad con más necesidades recibe una nueva bofetada en forma de cero euros para el ya histórico Plan Integral de Empleo, recorte drástico en fondos para formación de desempleados, lo mismo que este año para infraestructuras y más de un tercio menos para compensar los desequilibrios territoriales.

Por no entrar en la letra más pequeña aún a propósito de partidas comprometidas para cuestiones como reposición de viviendas largamente prometidas y sin contar que las Islas también se verán agraciadas en la pedrea presupuestaria de la miserable subida de las pensiones – en Canarias de las más bajas del país - o la congelación salarial de los empleados públicos – con un alto porcentaje de mileuristas en el Archipiélago.

A la vista de estos cuatro datos escogidos casi al azar pero muy significativos son notables los esfuerzos del PP canario por justificar lo injustificable mientras el resto de las fuerzas políticas, los sindicatos y hasta los empresarios tocan a rebato. Vale, admitamos que hay que racionalizar el gasto de las administraciones y pagar la deuda pública, aunque buena parte de ella sea la consecuencia de los generosos rescates bancarios que, a día de hoy, siguen sin servir para que circule el crédito. Obviemos incluso el debate nada superfluo sino todo lo contrario entre austericidio a macha martillo un año sí y al otro también y políticas de reactivación económica.

Aún así, no se entiende qué criterios sigue el Gobierno español para asignar a Canarias un porcentaje de las cuentas públicas que apenas alcanza la mitad del PIB de la comunidad autónoma, que no se corresponde con la población insular y que año tras año aleja más la inversión per capita en las islas de la media nacional, contraviniendo sin ningún pudor lo que establece el Régimen Económico y Fiscal canario, una suerte de Constitución económica de este archipiélago.

Y puesto que no hay criterios presupuestarios razonables que expliquen este trato inicuo para con la comunidad autónoma más alejada del territorio peninsular y con las mayores tasas de paro y exclusión social, sólo cabe pensar en intencionalidad política, en mala intencionalidad política para ser más precisos. Que el PP sea oposición en Canarias seguro que tiene mucho que ver con ese trato y es aquí en donde se agranda poderosamente la figura de José Manuel Soria, al que algunos llaman con inconfundibles resonancias de caciquismo decimonónico, el ministro canario en Madrid. Si Juan Carlos Senante se preguntaba en una de sus más famosas canciones aquello de “ qué es lo que haces tú aquí, una gaviota en Madrid”, ahora tal vez hayamos encontrado la respuesta.