El aborto que viene

Estando Mariano Rajoy en el Vaticano visitando al papa Francisco volvió a tocar a rebato Rouco Varela y Ruiz Gallardón sólo tardó unas horas en anunciar una reforma de la ley del aborto. Más allá del interés de la Conferencia Episcopal y de los sectores más conservadores del país por mantener viva la cuestión, no había ningún debate social sobre la necesidad de cambiar esa norma. De hecho, con la que ahora está en vigor se han practicado menos abortos que con la anterior.

Aún así, el ministro de Justicia recogió el guante de los obispos y volvió a poner sobre la mesa una cuestión resuelta para la inmensa mayoría de la sociedad española. De lo que ha dicho hasta ahora respecto a los cambios que piensa introducir se deduce su intención de volver a los supuestos recogidos en la ley de 1985 bajo los que no era delito abortar y abandonar la ley de plazos de 2010. Entre aquellos supuestos, validado por el Tribunal Constitucional, figura el de la grave malformación del feto. Ruiz Gallardón quiere ahora penalizarlo de nuevo con el argumento de que España es un Estado social y de derecho en el que los discapacitados reciben un trato adecuado por parte de los poderes públicos.

Suena a sarcasmo hiriente viniendo del miembro de un Gobierno que está a punto de aplicar un nuevo recorte en las ayudas a la dependencia y elevar el copago de los dependientes. Su propuesta, no obstante, no ha gustado a muchos de sus compañeros de partido y el asunto se ha empantanado. A Celia Villalobos la han sancionado por abandonar un pleno en el que se debatía una propuesta del PSOE contra la posibilidad de volver a penalizar el aborto por malformación del feto. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que en su día firmó el recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto de 2010 en el que el PP comparaba la legalización del aborto por malformación del feto con las leyes nazis de exterminio y esterilización, también ha matizado las palabras de Gallardón.

El portavoz popular Alfonso Alonso tampoco lo ve con buenos ojos y hasta el presidente Mariano Rajoy, que también firmó aquel recurso preparado por Federico Trillo, ha dicho ahora que aún no hay nada decidido y que cuando lo haya se comunicará a la opinión pública. Por el medio y por libre, dándole color y altas dosis de estupidez al debate, se han colado una tal Beatriz Escudero diciendo con desparpajo que son las mujeres con menos formación las que más abortan y todo un ministro del Interior afirmando que “ETA y el aborto tienen algo que ver”.

Con todo, no es difícil prever cómo acabará el debate que se ha abierto en el seno del PP y del Gobierno: matiz arriba o abajo todo hace presagiar una vuelta a los supuestos bajo los que no es punible abortar, lo que implicará retroceder tres décadas respecto a la ley de plazos en un asunto que ya se daba por zanjado y en el que el PP, además de la Conferencia Episcopal, juegan interesadamente a mezclar la ciencia, la moralidad, la ética y la legalidad.

En ese sentido, no parece haber muchas dudas de que el Gobierno buscará la manera de rodear la sentencia del Constitucional sobre la ley de 1985 y, aún sin haberse pronunciado sobre la de 2010, volverá a penalizar el aborto por malformación del feto; sólo queda por saber si lo hará en todos los supuestos de anomalía o lo permitirá al menos en los más graves. Tal vez todo dependa al final no tanto del fallo del Constitucional sino de lo fuerte que vuelva a tocar a rebato Rouco Varela.

De Zapatero a Rajoy

Se pongan como se pongan o lo digan como lo digan Rajoy o sus ventrílocuos en el Gobierno y en el PP, no es cierto que la situación socioeconómica española sea hoy mejor que hace año y medio, cuando Zapatero abandonó La Moncloa. El paro se ha incrementado en más de un millón de personas, la deuda pública se ha disparado, el mantra del déficit sigue fuera de control y la situación social se ha deteriorado hasta extremos cada día más graves. Aún así, continúa el PP y el Gobierno aferrándose a la “herencia” para justificar sus políticas de ajustes, recortes y reformas que, a la vista está, sólo han conseguido ahondar más el foso de la crisis. Las últimas previsiones macroeconómicas del propio Gobierno lo confirman por más que el presidente y los suyos intenten hacer creer que España ha recuperado credibilidad y confianza porque nadie pregunta ya por el rescate. ¿Y el de los bancos qué es: una ayuda a fondo perdido y sin condiciones? 

Todo empezó hace ahora tres años cuando Zapatero, después de negar la crisis por activa y por pasiva y de camuflarla bajo el eufemismo de “desaceleración económica”, se cayó del caballo camino de Bruselas y compareció en el Congreso de los Diputados para anunciar un recorte de unos 15.000 millones de euros en el Presupuestos. El recorte se concretó en la congelación de las pensiones y la bajada salarial de los funcionarios, lo nunca antes visto. Después vino la primera reforma laboral que le costó una huelga general pero que se quedó a años luz de la del PP y que ha provocado también una amplia contestación en la calle.

Cuando Zapatero abandonó la Moncloa, algo que debió de haber hecho desde el momento en el que la política económica española quedó intervenida por los mercados y el presidente se convirtió en un mero ejecutor de la austeridad que ha impuesto Berlín hasta la fecha, el paro estaba en cinco millones de personas y el déficit público había escalado hasta el 9,4%, incluyendo las ayudas públicas que ya se habían dado a los bancos en un creciente proceso de socializar las pérdidas privadas y convertirlas en deuda de todos los ciudadanos.

Ante aquellas medidas con las que Zapatero cavó su propia fosa política y la de su partido, el PP, entonces en la oposición, respondió con una inusitada dureza y acusó al presidente de encabezar un Gobierno tutelado por Bruselas y los mercados, le afeó todas las medidas que había anunciado, dijo que si gobernaba nunca haría nada igual, exigió su dimisión y, en la correspondiente votación en el Congreso, votó en contra de ellas poniendo al país al borde del rescate financiero. Era la consigna de dejar que el país se hundiera que ya vendrían ellos a levantarlo.

Sin embargo, un año y medio después de que Zapatero hiciera las maletas y abandonara La Moncloa, el PP ha profundizado y endurecido todas y cada una de las medidas ensayadas casi a la desesperada y en contra de su voluntad por el presidente socialista; sólo que Rajoy y los suyos las aplican con total convencimiento y sin atender ni a la oposición, ni a los agentes económicos y sociales y mucho menos prestar atención al malestar social como no sea para demonizar a los que se atreven a manifestarlo en la calle. Pero los resultados están a la vista: la economía sigue en recesión, el paro se ha situado en 6,2 millones disparado por la agresiva reforma laboral de los populares y que ahora Merkel pide endurecer, la deuda pública ha seguido creciendo y el déficit ha llegado hasta el 10,6% incluyendo el generoso rescate a los bancos que, mientras, siguen sin dar crédito.

Y todo ello después de reiterados recortes en servicios públicos esenciales y subidas de impuestos que se prometió no aplicar nunca pero que ahora se prorrogan para lograr el desiderátum del cumplimiento del déficit, cada día más lejano cuanto más se retrasen las políticas de reactivación económica que prioricen la creación de empleo. Pocos meses después y tras conocer el déficit público que dejó el último gobierno de Zapatero, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría echó mano de la socorrida “herencia” y aseguró que si ella fuera socialista le “daría vergüenza salir a la calle”. Con las cifras de paro, déficit y empobrecimiento general del país después de un año y medio en La Moncloa, y sin entrar ahora en los casos de corrupción que afectan a los populares, ¿qué deberían sentir los dirigentes del PP y los miembros del Gobierno cuando salen a la calle?

Historias ejemplares de la banca

Podrían ser muchas más pero sólo serán tres. Las tres se han producido el mismo día y demuestran que, cuando se trata de hurgar en los bancos, es imprescindible usar guantes y tocar las piezas con exquisita delicadeza, no vaya a griparse el sagrado sistema financiero.

La primera historia llegó ayer de Bruselas. La Comisión Europea le acaba de enviar una carta al ministro de Guindos para que le informe con todo lujo de detalles qué es eso de que en Andalucía – y puede que también en Canarias – los respectivos gobiernos autonómicos van a expropiar temporalmente el uso de las viviendas con las que se quedan los bancos después de echar a sus desahuciados inquilinos que no pueden pagar las hipotecas. 

Preocupa mucho que esas decisiones contravengan las condiciones a cambio de las cuales se rescató a la banca española con 100.000 millones de euros. Tanta preocupación contrasta en cambio con el silencio cómplice de Bruselas mientras en España se aplicaba una ley hipotecaria abusiva  de la que han sacado buena tajada los bancos. Si no llega a ser por un juez español y por la presión de la calle nada se habría hecho para ponerle coto a esa situación y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no habría movido un dedo para sentenciar que la ley era contraria a la normativa comunitaria. 

Con todo, el PP y el Gobierno, siempre tan respetuosos con lo que dicta Bruselas y afecta a los bancos, acaban de aprobar en solitario una ley antidesahucios que, aunque contenga pequeños avances, se queda a años luz de las demandas sociales.

La segunda historia tiene su origen en el Tribunal Supremo. Sentencia que las cláusulas suelo de las hipotecas de tres entidades bancarias no son válidas porque no se informó con claridad a los clientes de su existencia. Determina el fallo que la validez de tales cláusulas sólo se justifica siempre que el banco, entre otras cosas, le explique claramente al cliente que si el Euribor baja la cuota de la hipoteca sólo lo hará hasta un mínimo y que, en consecuencia, se encontrará con que su crédito a interés variable se convertirá por arte de magia en un crédito a interés fijo que sólo puede variar al alza. 

Así que no vale camuflar la dichosa cláusula en un tupido bosque de letra pequeña para que cuele, aunque siempre podrá decirle al cliente que, o la acepta, o ya se puede ir a pedir el crédito a otro banco. Si bien sienta jurisprudencia, lo que no hace el Supremo es extender el alcance del fallo a las hipotecas con cláusula suelo del resto de las entidades que no eran objeto de este proceso. Y sobre todo, se cuida mucho de obligar a los bancos a devolver al usuario el dinero cobrado indebidamente a expensas de la cláusula suelo. La razón la expresa la sentencia de un modo un tanto enrevesado, tal vez para disimular un poco, pero se entiende bien: la retroactividad de la sentencia generaría el riesgo de trastornos graves con trascendencia al orden público económico. ¿Capisci?

La tercera historia es muy conocida, pero no está de más recordarla. Un estudio de FACUA – Consumidores en Acción difundido ayer concluye que los bancos nos cobran una media de 150 euros anuales en comisiones. Puede ser por una transferencia, un descubierto o simplemente por hacernos el favor de guardarnos los ahorrillos, aunque luego venga la troika y como en Chipre reclame su parte del botín. España es, después de Italia, el país con las comisiones bancarias más altas de la Unión Europea. Bruselas prepara una normativa para exigir transparencia en este campo y posibilitar que los consumidores puedan cambiar de banco con facilidad….y seguir pagando comisiones desorbitadas por conceptos muchas veces incomprensibles.

El banquero Rothschild dijo una vez: “Denme el control financiero de una nación y ya no me interesará quién haga sus leyes”.