La línea roja del agua

Los Presupuestos Generales del Estado de este año ya han traspasado numerosas líneas rojas en el premeditado ataque del PP contra el estado del bienestar pero los de 2013 dan unos cuantos pasos más allá de ese límite. Sin embargo, por lo que a Canarias se refiere, las cuentas públicas del próximo año rebasan todo lo imaginable al dejar a cero la subvención que recibe la producción de agua desalada en las Islas, ya recortadas en los Presupuestos aún en vigor. 

Sólo la ignorancia o los deseos deliberados de jorobar – por no emplear otra palabra que también empieza por “j” - pueden explicar una decisión como esa. Ignorancia no creo que sea porque, entre otras cosas,  en la mesa del Consejo de Ministros se sienta un miembro del Gobierno que fue alcalde de la ciudad más poblada de Canarias y en la que la práctica totalidad de sus habitantes se tiene que abastecer por fuerza de agua desalada; por tanto, conoce perfectamente el coste de la producción y lo que pagan los ciudadanos por algo tan elemental y necesario como el agua. 

Ese mismo ministro fue también presidente del cabildo de una isla con un potente sector turístico que depende de manera directa e inevitable del agua procedente de potabilizadoras. Y no digamos nada de islas como Lanzarote o Fuerteventura en donde, además de contar también con una pujante industria turística, casi el 100% de la población residente tiene que abastecerse también de agua desalada. 

A pesar de las subvenciones públicas, el agua en Canarias es de las más caras de España y, encima, no es demasiado recomendable para beber o cocinar. De manera que decenas de miles de ciudadanos tenemos que recurrir al agua embotellada para tareas que en otros lugares del país se resuelven con el agua del grifo y a precios mucho más económicos. Para mayor escarnio estamos hablando de una partida de apenas diez millones de euros, lo que no llega ni a la categoría de gota en el océano presupuestario.

En su alocada y absurda carrera de recortes, el Gobierno del PP no ha tenido suficiente con someter a los canarios a la humillación de mostrar un certificado de residente para verificar que vivimos en estas islas o con regatearnos la compensación por la lejanía y la insularidad, además de despreciar los acuerdos bilaterales firmados y reducir a la nada partidas vitales como la del Plan Integral de Empleo. 

Ahora, además, pretende obligarnos a pagar el agua al precio del petróleo o del Don Perignon en un territorio con más de un 30% de paro y con los salarios y las pensiones más bajas del país. Los canarios no podemos consentir que el Gobierno traspase también esa línea roja y los primeros que deben evitarlo son nuestros representantes públicos en las Cortes Generales, empezando por los diputados y senadores del PP. Contemporizar o intentar justificar lo injustificable no es una alternativa por lo que, de llegar a aplicarse la medida, no tendrán otra opción que entregar sus actas de diputados y senadores.

Modular es lo mismo que recortar

No es casualidad sino todo lo contrario que el PP haya lanzado una piedra contra el derecho fundamental de manifestación justo en el momento en el que arrecian en la calle las protestas sociales contra las políticas de recortes del Gobierno. En el partido gubernamental empieza a cundir la preocupación por la frecuencia y la intensidad de las protestas y a algunos de sus miembros no se les ha ocurrido nada mejor que proponer una modulación de un derecho recogido expresamente en la Constitución.

Abrió el fuego la Delegada del Gobierno en Madrid pero enseguida se le unió el presidente de esa comunidad autónoma y hasta el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que habla por su parte de regular administrativamente ese derecho, eufemismo que, como el de modular, sólo pretende ocultar sin conseguirlo el verdadero fin de la idea: recortar el derecho ciudadano a manifestarse de forma pública y colectiva y dentro de los cauces ya establecidos por la Ley.

Aún preocupa mucho más que a Torres-Dulce le preocupen las manifestaciones que - dice – atacan a las instituciones del Estado, como si el Gobierno, las Cortes o el Poder Judicial debieran ser territorios sagrados exentos de la crítica y la protesta civil. Si a esa ocurrencia del Fiscal General del Estado le unimos el dislate de María Dolores de Cospedal al comparar el 25S con la intentona golpista de Tejero, es fácil hacerse una idea cabal de cuáles son las verdaderas intenciones de los que piden modular las manifestaciones: volver a la época en la que Fraga clamaba aquello de la calle es mía y poner en práctica las alabanzas de Rajoy a la mayoría silenciosa, acallando y deslegitimando así unas protestas sociales más justificadas que nunca en estos momentos. 

Con todo, se puede estar más o menos de acuerdo con las consignas de las manifestaciones – basta con no acudir a ellas si no se comparten sus proclamas o sus fines - y en absoluto se pueden compartir los actos de violencia que muy contadas veces se producen en estas protestas. Sobra pues la modulación, porque para perseguir y castigar la violencia eventual en las manifestaciones ya se bastan y sobran la policía y los tribunales de justicia que disponen de instrumentos materiales y legales más que suficientes para ello.

El PP, que ahora está tan preocupado por estas manifestaciones, es el mismo que desde la oposición animaba a participar en las que convocaban la Iglesia Católica o las víctimas del terrorismo contra José Luis Rodríguez Zapatero y en algunas de las cuales – por cierto – también hubo algún brote de violencia como el zarandeo, los insultos y el intento de agresión en 2005 a José Bono, entonces ministro de Defensa. 

En aquel momento, al PP no le parecía necesario modular nada ni lloraba lágrimas de cocodrilo por los negocios del centro de Madrid que solía colapsarse también con aquellas protestas; lo único que importaba es que se sumaran al desgaste del Gobierno cuantos más manifestantes mejor.

Si el PP, ahora en el poder, desea modular algo, tiene un inmenso campo de actuación a su alcance sin tocar derechos fundamentales. Puede empezar, por ejemplo, exigiendo responsabilidades penales a los banqueros que, después de endosarle a todos los españoles una deuda descomunal y de engañar a miles de ellos con las participaciones preferentes, están a punto de irse de rositas y con los bolsillos bien llenos; puede seguir por la propia corrupción que anida en el seno de los partidos, incluido el PP, y si lo desea, y no es mucho esfuerzo, puede perseguir el fraude fiscal de las grandes fortunas. Ahí tienen terreno el Gobierno, la policía y los jueces para modular a placer. Que lo hagan y dejen el derecho de manifestación en paz. 

Fueron felices y comieron perdices

No por mucho madrugar se alcanzan mejores acuerdos. Los presidentes autonómicos se plantaron ayer al alba en el Senado y mantuvieron una reunión con Rajoy más larga que un discurso de Fidel Castro. El encuentro se concretó en un documento unánime plagado de buenas intenciones: las comunidades autónomas se comprometen a cumplir el déficit del 1,5% este año y, en justa recompensa, el Gobierno abre la posibilidad de revisar el sistema de financiación autonómico y el reparto de la carga del déficit entre las distintas administraciones publicas.

Para acuerdo tan etéreo habría bastado con una hora de reunión e incluso con unos cuantos correos electrónicos. Porque una cosa son esos compromisos y otra bien distinta su cumplimiento: algunas autonomías no podrán cumplir el déficit y el Gobierno aplaza casi a las calendas griegas la revisión del reparto del déficit y del sistema de financiación autonómico. La de ayer era la quinta reunión en ocho años de los presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno central y se celebró en medio de fuertes tensiones territoriales de las cuales, al parecer, apenas se habló salvo para defender la unidad nacional por parte de algunos presidentes autonómicos del PP. Así, mientras Rajoy aseguraba que la reunión no tenía como objetivo debatir el modelo de Estado, el presidente catalán Artur Mas hacía mutis por el foro camino del puente aéreo.

Al parecer, tampoco se habló mucho de los efectos sociales y económicos de los recortes del Gobierno de Rajoy y sólo el lendakari se atrevió a elevar la voz para advertir de que por esta senda el país va camino del abismo. Uno no entiende que no se aproveche un foro como ese, que debería ser mucho más frecuente y normal a la vista de que el Senado ni desaparece ni se convierte en una verdadera cámara de representación territorial, para exponer a tumba abierta los evidentes desajustes del modelo territorial de este país y las consecuencias que está acarreando para los servicios básicos de sanidad y educación que prestan las autonomías la política de orejeras de recortes sobre recortes.

A pesar de su escasa consistencia, el compromiso de ayer deja al menos tres conclusiones positivas: la primera el acuerdo en sí que, aunque demasiado bienintencionado, es una rara avis de estos tiempos de gresca permanente; la segunda, que las autonomías no son tan irresponsables como el propio Gobierno, el partido que lo sustenta y algunos medios de comunicación pretenden hacer creer; la tercera conclusión beneficia en exclusiva a Rajoy, que ha conseguido aplacar a sus barones más incómodos y a las comunidades más díscolas y presentarse ante los mercados con el compromiso de que todo el mundo será obediente y cumplirá sus obligaciones para crecer y crear empleo. Si a eso unimos que España “no pedirá el rescate este fin de semana”, qué más se puede pedir como no sea comer perdices.