La línea roja del agua



Los Presupuestos Generales del Estado de este año ya han traspasado numerosas líneas rojas en el premeditado ataque del PP contra el estado del bienestar pero los de 2013 dan unos cuantos pasos más allá de ese límite. Sin embargo, por lo que a Canarias se refiere, las cuentas públicas del próximo año rebasan todo lo imaginable al dejar a cero la subvención que recibe la producción de agua desalada en las Islas, ya recortadas en los Presupuestos aún en vigor. 


Sólo la ignorancia o los deseos deliberados de jorobar – por no emplear otra palabra que también empieza por “j” - pueden explicar una decisión como esa. Ignorancia no creo que sea porque, entre otras cosas,  en la mesa del Consejo de Ministros se sienta un miembro del Gobierno que fue alcalde de la ciudad más poblada de Canarias y en la que la práctica totalidad de sus habitantes se tiene que abastecer por fuerza de agua desalada; por tanto, conoce perfectamente el coste de la producción y lo que pagan los ciudadanos por algo tan elemental y necesario como el agua. 

Ese mismo ministro fue también presidente del cabildo de una isla con un potente sector turístico que depende de manera directa e inevitable del agua procedente de potabilizadoras. Y no digamos nada de islas como Lanzarote o Fuerteventura en donde, además de contar también con una pujante industria turística, casi el 100% de la población residente tiene que abastecerse también de agua desalada. 

A pesar de las subvenciones públicas, el agua en Canarias es de las más caras de España y, encima, no es demasiado recomendable para beber o cocinar. De manera que decenas de miles de ciudadanos tenemos que recurrir al agua embotellada para tareas que en otros lugares del país se resuelven con el agua del grifo y a precios mucho más económicos. Para mayor escarnio estamos hablando de una partida de apenas diez millones de euros, lo que no llega ni a la categoría de gota en el océano presupuestario.

En su alocada y absurda carrera de recortes, el Gobierno del PP no ha tenido suficiente con someter a los canarios a la humillación de mostrar un certificado de residente para verificar que vivimos en estas islas o con regatearnos la compensación por la lejanía y la insularidad, además de despreciar los acuerdos bilaterales firmados y reducir a la nada partidas vitales como la del Plan Integral de Empleo. 

Ahora, además, pretende obligarnos a pagar el agua al precio del petróleo o del Don Perignon en un territorio con más de un 30% de paro y con los salarios y las pensiones más bajas del país. Los canarios no podemos consentir que el Gobierno traspase también esa línea roja y los primeros que deben evitarlo son nuestros representantes públicos en las Cortes Generales, empezando por los diputados y senadores del PP. Contemporizar o intentar justificar lo injustificable no es una alternativa por lo que, de llegar a aplicarse la medida, no tendrán otra opción que entregar sus actas de diputados y senadores.

Modular es lo mismo que recortar

No es casualidad sino todo lo contrario que el PP haya lanzado una piedra contra el derecho fundamental de manifestación justo en el momento en el que arrecian en la calle las protestas sociales contra las políticas de recortes del Gobierno. En el partido gubernamental empieza a cundir la preocupación por la frecuencia y la intensidad de las protestas y a algunos de sus miembros no se les ha ocurrido nada mejor que proponer una modulación de un derecho recogido expresamente en la Constitución.

Abrió el fuego la Delegada del Gobierno en Madrid pero enseguida se le unió el presidente de esa comunidad autónoma y hasta el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que habla por su parte de regular administrativamente ese derecho, eufemismo que, como el de modular, sólo pretende ocultar sin conseguirlo el verdadero fin de la idea: recortar el derecho ciudadano a manifestarse de forma pública y colectiva y dentro de los cauces ya establecidos por la Ley.

Aún preocupa mucho más que a Torres-Dulce le preocupen las manifestaciones que - dice – atacan a las instituciones del Estado, como si el Gobierno, las Cortes o el Poder Judicial debieran ser territorios sagrados exentos de la crítica y la protesta civil. Si a esa ocurrencia del Fiscal General del Estado le unimos el dislate de María Dolores de Cospedal al comparar el 25S con la intentona golpista de Tejero, es fácil hacerse una idea cabal de cuáles son las verdaderas intenciones de los que piden modular las manifestaciones: volver a la época en la que Fraga clamaba aquello de la calle es mía y poner en práctica las alabanzas de Rajoy a la mayoría silenciosa, acallando y deslegitimando así unas protestas sociales más justificadas que nunca en estos momentos. 


Con todo, se puede estar más o menos de acuerdo con las consignas de las manifestaciones – basta con no acudir a ellas si no se comparten sus proclamas o sus fines - y en absoluto se pueden compartir los actos de violencia que muy contadas veces se producen en estas protestas. Sobra pues la modulación, porque para perseguir y castigar la violencia eventual en las manifestaciones ya se bastan y sobran la policía y los tribunales de justicia que disponen de instrumentos materiales y legales más que suficientes para ello.

El PP, que ahora está tan preocupado por estas manifestaciones, es el mismo que desde la oposición animaba a participar en las que convocaban la Iglesia Católica o las víctimas del terrorismo contra José Luis Rodríguez Zapatero y en algunas de las cuales – por cierto – también hubo algún brote de violencia como el zarandeo, los insultos y el intento de agresión en 2005 a José Bono, entonces ministro de Defensa. 

En aquel momento, al PP no le parecía necesario modular nada ni lloraba lágrimas de cocodrilo por los negocios del centro de Madrid que solía colapsarse también con aquellas protestas; lo único que importaba es que se sumaran al desgaste del Gobierno cuantos más manifestantes mejor.

Si el PP, ahora en el poder, desea modular algo, tiene un inmenso campo de actuación a su alcance sin tocar derechos fundamentales. Puede empezar, por ejemplo, exigiendo responsabilidades penales a los banqueros que, después de endosarle a todos los españoles una deuda descomunal y de engañar a miles de ellos con las participaciones preferentes, están a punto de irse de rositas y con los bolsillos bien llenos; puede seguir por la propia corrupción que anida en el seno de los partidos, incluido el PP, y si lo desea, y no es mucho esfuerzo, puede perseguir el fraude fiscal de las grandes fortunas. Ahí tienen terreno el Gobierno, la policía y los jueces para modular a placer. Que lo hagan y dejen el derecho de manifestación en paz. 

Fueron felices y comieron perdices

No por mucho madrugar se alcanzan mejores acuerdos. Los presidentes autonómicos se plantaron ayer al alba en el Senado y mantuvieron una reunión con Rajoy más larga que un discurso de Fidel Castro. El encuentro se concretó en un documento unánime plagado de buenas intenciones: las comunidades autónomas se comprometen a cumplir el déficit del 1,5% este año y, en justa recompensa, el Gobierno abre la posibilidad de revisar el sistema de financiación autonómico y el reparto de la carga del déficit entre las distintas administraciones publicas.

Para acuerdo tan etéreo habría bastado con una hora de reunión e incluso con unos cuantos correos electrónicos. Porque una cosa son esos compromisos y otra bien distinta su cumplimiento: algunas autonomías no podrán cumplir el déficit y el Gobierno aplaza casi a las calendas griegas la revisión del reparto del déficit y del sistema de financiación autonómico. La de ayer era la quinta reunión en ocho años de los presidentes autonómicos con el jefe del Gobierno central y se celebró en medio de fuertes tensiones territoriales de las cuales, al parecer, apenas se habló salvo para defender la unidad nacional por parte de algunos presidentes autonómicos del PP. Así, mientras Rajoy aseguraba que la reunión no tenía como objetivo debatir el modelo de Estado, el presidente catalán Artur Mas hacía mutis por el foro camino del puente aéreo.

Al parecer, tampoco se habló mucho de los efectos sociales y económicos de los recortes del Gobierno de Rajoy y sólo el lendakari se atrevió a elevar la voz para advertir de que por esta senda el país va camino del abismo. Uno no entiende que no se aproveche un foro como ese, que debería ser mucho más frecuente y normal a la vista de que el Senado ni desaparece ni se convierte en una verdadera cámara de representación territorial, para exponer a tumba abierta los evidentes desajustes del modelo territorial de este país y las consecuencias que está acarreando para los servicios básicos de sanidad y educación que prestan las autonomías la política de orejeras de recortes sobre recortes.

A pesar de su escasa consistencia, el compromiso de ayer deja al menos tres conclusiones positivas: la primera el acuerdo en sí que, aunque demasiado bienintencionado, es una rara avis de estos tiempos de gresca permanente; la segunda, que las autonomías no son tan irresponsables como el propio Gobierno, el partido que lo sustenta y algunos medios de comunicación pretenden hacer creer; la tercera conclusión beneficia en exclusiva a Rajoy, que ha conseguido aplacar a sus barones más incómodos y a las comunidades más díscolas y presentarse ante los mercados con el compromiso de que todo el mundo será obediente y cumplirá sus obligaciones para crecer y crear empleo. Si a eso unimos que España “no pedirá el rescate este fin de semana”, qué más se puede pedir como no sea comer perdices.

Política para quien se la pueda pagar

María Dolores de Cospedal es una mujer muy atareada: preside la comunidad de Castilla – La Mancha, es la número dos del partido en el Gobierno del país y hasta antes de ayer era también senadora. Por los tres cargos percibía anualmente en torno al cuarto de millón de euros. Como senadora ya no cobra y como secretaria del PP asegura que tampoco, de modo que solo le queda el sueldo de presidenta autonómica, al parecer unos 68.000 euros anuales.

No creo que haya sido la caída de sus ingresos lo que la ha llevado a eliminar de los presupuestos autonómicos de 2013 el sueldo del medio centenar de diputados regionales, que sólo cobrarán dietas por asistencia a plenos y comisiones. Esto, para empezar, supone un elevado riesgo de que se declare en la cámara una epidemia de dietitis de difícil erradicación como no sea por la vía de reponer los sueldos como ocurrió hace unos años en la Asamblea de Madrid.

Lo grave es que la medida huele que apesta a un populismo demagógico, que lamentablemente tiene muchos seguidores, y nos retrotrae a los muy lejanos tiempos en los que la política sólo podía ser cosa de gente con posibles y cuyo objetivo no era la defensa del interés general sino el de una casta o grupo social determinado: la Iglesia, la familia o los sindicatos en las cortes franquistas, por no remontarnos a las cortes medievales o a las del Estado preliberal y democrático.

Al margen de que todo trabajo tiene que ser retribuido adecuadamente, su decisión – que ni siquiera comparten algunos destacados miembros de su partido – abre de par en par la puerta a que los representantes de la soberanía popular se conviertan en presa fácil de los grupos privados de presión. El sueldo público de los diputados, además de dignificar su trabajo, es una garantía contra ese tipo de prácticas corruptas y el mecanismo que permite a los ciudadanos que lo pagan exigir responsabilidades a sus representantes.

Por continuar con su razonamiento populista, si Cospedal quiere dar ejemplo de austeridad en tiempos de crisis, no debería aplicarlo sólo en espaldas ajenas sino en las suyas propias y en las de su Gobierno suprimiendo también sus respectivos sueldos. ¿Por qué no si, como pregona, la política debe ser una actividad eminentemente altruista?

De forma paralela a la supresión de los salarios de los diputados regionales, Cospedal quiere reducir a la mitad los 49 diputados que ahora tiene el parlamento autonómico de Castilla – La Mancha, como si – toda vez que no van a cobrar – importara demasiado que fueran 25, 100 o 200. Tal vez, lo que esconde la propuesta es tenerlo mucho más fácil en las urnas y rodearse de un exquisito círculo de adinerados diputados que puedan dedicar todo su tiempo a hacer lobby en la cámara autonómica .

A raíz de la crisis económica y de los sufrimientos que un día sí y otro también se les exigen a los ciudadanos, en la sociedad española ha crecido de forma alarmante la desafección hacia la política y los políticos, que es como decir hacia el sistema democrático; al mismo tiempo, se ha convertido en abrumadoramente mayoritaria la opinión de que debería de reducirse el número de representantes públicos quienes, además, deberían de ser los primeros en ajustar sus legítimas retribuciones a estos tiempos de sacrificios casi generalizados para le gran mayoría. Sobre todo eso se puede y se debe discutir y buscar acuerdos, pero cosa bien distinta y además muy peligrosa  es alentar esa desafección con medidas de rancio olor a tiempos felizmente superados.

El verdadero objetivo de los Presupuestos

Los presupuestos son el espejo de las intenciones políticas de un gobierno y los que se presentaron el sábado en el Congreso reflejan con toda claridad las del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy. De nuevo se apuesta por el recorte del gasto frente al incremento de los ingresos y de nuevo se cava un poco más en el ya profundo hoyo en el que está hundida la economía española. 

De las cuentas públicas presentadas el sábado lo único creíble son los nuevos recortes en inversión pública que generarán más desempleo hasta rondar previsiblemente el 25% de la población activa, la congelación de los salarios públicos que enfriarán más el consumo y el nuevo tijeretazo en servicios básicos como la sanidad. Así y todo, no serán estos los únicos ni los últimos recortes si como es de temer España termina pidiendo el rescate, en cuyo caso, los libracos entregados el sábado en el Congreso se convertirán en puro papel mojado.

Por la parte de los ingresos, los presupuestos del año que viene no pasan de la mera declaración de intenciones: presuponer que en un escenario de recesión, desempleo y consumo congelado crecerán los ingresos es como creer en el milagro de los panes y los peces. Igual de ilusorio es suponer que con la aplicación de estos presupuestos la economía española sólo caerá el año que viene un 0,5%, en contra del parecer de la inmensa mayoría de los analistas y organismos internacionales. 
 
A la vista de la situación tampoco es creíble, como afirma el Gobierno, que se cumpla este año el sacrosanto objetivo del déficit y mucho menos el del año que viene y todo eso a costa de inmensos e inútiles sacrificios que una vez más recaen sobre los de siempre. Añádase que en 2013 destinaremos 38.000 millones de euros a pagar la deuda, más de lo que se destinará a gastos de personal, a pesar de lo cual deberemos a nuestros prestamistas prácticamente lo mismo que ganamos gracias a la generosa ayuda que recibirán los menesterosos bancos que han conseguido que entre todos paguemos sus pufos inmobiliarios sin que ello vaya a servir tampoco para que de una vez abran el grifo de los créditos.


Ese es, a grandes rasgos, el cuadro macroeconómico que dibujan estos maquillados presupuestos estatales que el Gobierno ha intentado endulzar anunciando una subida del 1% de las pensiones pero sin querer aclarar por evidentes razones electoralistas si las revalorizará de acuerdo con el alza del IPC, disparado a raíz de la subida del IVA.

Frente a las advertencias nada menos que del FMI y de la Comisión Europea en el sentido de que Rajoy se está pasando de frenada con sus recortes sin compensarlos con medidas que reactiven la economía, el Gobierno hace oídos sordos y se muestra completamente decidido a aprovechar la crisis para convertir en grato recuerdo del pasado el estado del bienestar por la vía de su acoso y derribo y su entrega en bandeja de plata a intereses privados. Con estos presupuestos, el PP da un nuevo y decidido paso en esa dirección y delata con claridad cuáles son sus verdaderas intenciones.

Músicas para una vida - Reelin' in the Years

Allá por los 70 triunfó en todo el mundo un grupo norteamericano llamado Steely Dan;  mezclaba jazz, pop, rock, funk y R&B y lo lideraban Donald Fagen y Walter Becker.  Uno de sus canciones más conocidas es Reelin' in the Years....El "look" es auténtico de los años 70.....





¡Hagan juego, señores!

Junto con los Presupuestos de crisis para salir de la crisis, según la original definición de Soraya Sáenz de Santamaría, el Consejo de Ministros acaba de aprobar dos modificaciones legislativas que, sin necesidad de ser mal pensados, parecen diseñadas como regalo de despedida a Esperanza Aguirre y para dar satisfacción al magnate del juego Sheldon Adelson y a los jugadores profesionales de casinos y otros garitos similares.

Para empezar, el Gobierno modificará por la vía de urgencia – que hay muchos jugadores haciendo cola - la Ley de Haciendas Locales para que se pueda bonificar con hasta el 95% del Impuesto de Bienes Inmuebles y el Impuesto de Actividades Económicas cuando concurran “circunstancias sociales, culturales, histórico artísticas o de fomento del empleo”. El ayuntamiento madrileño al que le caiga en suerte Eurovegas tiene pues ya respaldo legal para darle gusto al jerifalte del juego, que había puesto como condición para levantar su imperio en España disfrutar de unas largas vacaciones fiscales del IBI y el IAE de no menos de diez años.

Adelson se frota las manos porque ya sólo le falta que el Gobierno también modifique el impuesto sobre plusvalías de los terrenos urbanos que paga el vendedor, con lo que el pelotazo será redondo y completo tanto para el que compra como para los que venden.

No es Adelson el único que tiene motivos para estar contento: los jugadores que acudan a sus casinos o los que apuestan por Internet también están de enhorabuena porque podrán desgravarse del IRPF las pérdidas en el juego siempre que no sean superiores a las ganancias. Es una buena manera de expulsar del juego a los gafes que pierden hasta la camisa y alentar a los verdaderos profesionales que nunca se van con las manos completamente vacías y que ahora encima ven como una comprensiva Hacienda está dispuesta a perdonar, que una mala noche la puede tener cualquiera.

También es una buena fórmula para que los curritos de a pie que compramos de tarde en tarde una bonoloto o un número para el Gordo de Navidad nos animemos a acudir a los casinos en busca de emociones fuertes; sobre todo ahora que, al mismo tiempo que le pone las cosas fáciles a Adelson y a los tahúres del Mississippi, el Gobierno anuncia que aquellos que tengamos la mala suerte de ganar más de 2.500 euros tendremos que pagar el 20% de los premios obtenidos en los populares sorteos de Lotería. Por la misma regla de tres que se va a aplicar a los jugadores de casino, sería justo que el Gobierno también nos devolviera el 20% de la inversión cuando no nos saquemos ni el reintegro.

Si con los presupuestos que presentó ayer el Gobierno nos pareceremos cada vez más más a Grecia y a Portugal, ahora ya nos falta menos para parecernos también a Mónaco y Montecarlo. Así que ¡hagan juego, señores!

Hoy tampoco será un gran día

Lo siento por Serrat y por los optimistas antropológicos, pero hoy tampoco será un gran día. El ambiente viene cargado de malos augurios que harán que este 27 de septiembre se gane por méritos propios el derecho a figurar en la relación de los numerosos días infaustos de la crisis. Que el Consejo de Ministros se reúna los viernes para aprobar nuevos recortes – recuerden aquello de habrá medidas todos los viernes – ya es motivo semanal de zozobra; que lo haga en jueves para aprobar los próximos Presupuestos Generales del Estado sólo puede causar pánico.

Sabremos hoy cuán profundo es el nuevo tijeretazo que prepara el Gobierno para agradar a los mercados y, por supuesto, para crecer y crear empleo. Con el fin de irnos preparando para la que nos va a caer encima hoy mismo, ayer ya se filtró que el sueldo de los funcionarios – yunque de la gran parte de los martillazos - seguirá un año más en el frigorífico, aunque el Gobierno tendrá el detalle de devolver la paga de Navidad que se ha quedado este año.

Ha sido sólo el aperitivo: con toda seguridad habrá recortes en la inversión pública – insisto, para crecer y crear empleo -, a los canarios es muy probable que nos recorten de un modo u otro las bonificaciones de los billetes aéreos, que nos hemos acostumbrado a viajar demasiado y demasiado barato entre islas o a la Península y eso no se puede tolerar. Lo mejor es permanecer en casa y en silencio, que es como le gustan a Rajoy que estén los españoles sensatos, aunque antes de llegar al poder él era un ferviente partidario de la algarabía y el lío si al que había que poner de vuelta y media era a Zapatero.


No se vayan que hay más: además de ultracongelar el sueldo de los funcionarios, continuar adelgazando la administración pública hasta dejarla en los huesos sin importar demasiado si los afectados son médicos, enfermeros o profesores, y de recortar la inversión pública, se anuncian también nuevos impuestos como el céntimo verde o la modificación de la tributación de las plusvalías del primer año para los viciosos que hayan tenido la mala idea de colocar parte de sus ahorros en bolsa. De una nueva subida del IVA o del IRPF no se sabe nada de momento, aunque de aprobarla tal vez figure en el quinto punto de una nota de prensa emitida a las diez de la noche por el Ministerio de Hacienda.

Queda la duda de lo que hará el Gobierno el próximo año con las pensiones, que Bruselas pide que se ultracongelen al igual que el salario de los empleados públicos. Sin embargo, Rajoy ha dicho que no las tocará - ¿le creemos? -, pero hace falta saber si las actualizará acorde con la subida del IPC o simplemente las subirá por debajo del incremento de la inflación, lo que en la práctica supone rebajarlas.

Y todo esto con el único objetivo de congraciarse con los mercados y conseguir que el déficit no rebase la última barrera impuesta por Bruselas. No son por tanto unos Presupuestos Generales del Estado pensados para reactivar la economía, crecer y crear empleo, sino para pagar la deuda, cuyo coste ya superará el año que viene el de personal; deuda que nos han infligido los propios mercados que, al mismo tiempo, atosigan a España para que pida cuanto antes el rescate y siga creciendo así la bola de nieve de la crisis: recesión – desempleo – déficit – deuda y vuelta a empezar.

Grecia y Portugal están recorriendo ese camino y España ya ha empezado a hacerlo también y se adentrará más en él con estos presupuestos con los que hoy nos castigará el Gobierno a pesar de haber sido buenos y no haber salido a la calle a protestar. ¿Comprenden ahora porque creo que hoy no será un buen día?

Un mal día para la “marca España”

Todo empezó a ir mal cuando muchos españoles se desayunaron con un reportaje fotográfico de la biblia mundial del periodismo, el New York Times, que retrata con toda crudeza algunas - solo algunas – de las dramáticas consecuencias de la crisis económica en España: gente hurgando en los contenedores de basura, comedores sociales, protestas contra los recortes laborales y sociales, etc. Más allá de que tampoco están los Estados Unidos para presumir de equidad social y ausencia de miseria y desprotección sanitaria, éste fue el presente con el que recibió Nueva York al Rey y al presidente Rajoy. En doce fotografías en deslumbrante blanco y negro para dotarlas de mayor fuerza, la alicaída “marca España” que el monarca pretendía fomentar recibió el primer golpe de la jornada.

La cosa empeoró cuando, subido a la tarima de oradores, el presidente catalán Artur Mas anunció lo que casi todo el mundo esperaba después del fracaso de su órdago con el pacto fiscal: elecciones adelantadas al 25 de noviembre. Envuelto en la estelada y tocado con la barretina, Mas escenificó su propio fracaso político al convocar elecciones cuando aún le quedaba por delante la mitad de la legislatura y en los dos años que lleva al frente de la Generalitat la situación económica de su comunidad no ha hecho sino empeorar.


Pero la culpa, obviamente, no es suya ni de los gobiernos catalanes anteriores ni de la profundidad de la recesión generalizada: la culpa sólo la tiene el Gobierno de Madrid, al que acusa de haber levantado un muro ante las aspiraciones catalanas de contar con un sistema de financiación similar al que tienen vascos y navarros. El paro o las interminables listas de espera que sufren los ciudadanos de Cataluña son asuntos secundarios para él y de hecho solo se refirió a ellos en su discurso media hora después de haber empezado a hablar: en donde haya una buena causa independentista a la que encaramarse por anacrónica que resulte, que se quiten del camino los problemas reales de la gente de a pie. Todo lo resolverá la soberanía o la independencia o lo que sea que pretenda en realidad con tal de sacarle los euros a Rajoy.

Si con las fotos del New Yok Times y las elecciones catalanes la “marca España” empezaba a registrar ya una de sus cotizaciones más bajas de los últimos años, la puntilla la pusieron las cargas policiales de la noche en los alrededores del Congreso de los Diputados. Las escenas ya conocidas de otras manifestaciones se repetían: carga policial, carreras, caídas, porrazos, gente sangrando, manifestantes arrastrados a las furgonetas policiales, periodo de descanso y vuelta a empezar.

Esto a las puertas del Congreso de los Diputados que los convocantes de la protesta se proponían rodear coincidiendo con un pleno de la cámara; sin embargo, la policía se les adelantó y lo rodeó primero desde un día antes, de manera que la mayoría de los manifestantes se contentó con verlo desde lejos, mientras los afortunados que pudieron mirar cara a a cara a los leones se llevaron algún que otro porrazo de recuerdo. Una vez más parece que ha habido de todo: exceso de fuerza policial por un lado y provocación de grupúsculos expertos en reventar manifestaciones por otro.


No fue una buena idea cercar el Congreso y no sólo porque era previsible que la policía lo hiciera primero y hasta porque la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, llegara a comparar las protestas con el 23-F en un descarado intento de deslegitimarlas. No fue buena idea porque el Congreso es la sede de la soberanía nacional y, nos gusten más o menos, sus miembros han sido elegidos en unas elecciones libres y plurales. Si los impulsores de las protestas de ayer quieren cambiar el sistema deben explicar con algo más de claridad cuál es el que proponen para sustituirlo. Del mismo modo deben explicar por qué consideran que la Constitución Española no es democrática – me pregunto qué diría Santiago Carrillo ante eso – y cuál es la que proponen en su lugar.

Hay razones más que suficientes para salir a la calle y protestar alto y claro en contra de que paguen la crisis quienes la sufren y en contra del denodado ataque que sufre el estado del bienestar a manos del neoliberalismo más rampante. Pero no sólo el fondo de esas protestas es importante, también las formas lo son: la contundencia en las críticas no tiene porque estar reñida con el respeto a las instituciones que representan a todos los españoles, al menos mientras no haya un sistema mejor que el democrático, el menos malo de todos los conocidos hasta ahora.

Este es el panorama en vísperas de que el Consejo de Ministros apruebe mañana los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Mucho me temo que mañana tampoco será un buen día y habrá más razones para salir a la calle a protestar, aún sintiéndolo mucho por la “marca España”.

Financiación autonómica y ceremonia de la confusión

Con la algarabía catalana – Mariano Rajoy dixit – en primer plano, el Gobierno del PP y el PP se han enredado en su propio lío con un confuso cruce de mensajes encontrados sobre la necesidad o no de revisar el sistema por el que se financia a las comunidades autónomas. Las declaraciones contradictorias sobre este asunto entre miembros del Ejecutivo y del partido que lo sustenta hacen pensar por momentos en que el PP le hace oposición a su propio gobierno y viceversa.

 
La película de los hechos es aproximadamente la siguiente: el jueves se reúnen Mariano Rajoy y Artur Mas con el pacto fiscal que pide Cataluña sobre la mesa; como la petición catalana es inasumible por el Gobierno central se le ofrece a Más una revisión del modelo de financiación. Al día siguiente, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría admite que hay muchas autonomías disgustadas con el sistema, promete que “se revisará en esta legislatura” y anuncia que el asunto se abordará en la reunión que los presidentes autonómicos celebrarán la semana próxima con Rajoy.



Sin embargo, para sorpresa de muchos, en la reunión que ayer celebraron la propia vicepresidenta y las comunidades autónomas para preparar el orden del día del encuentro autonómico con Rajoy, el asunto ni siquiera se mencionó. Esa fue la primera señal de aviso. La segunda, mucho más alarmante, la dio casi al mismo tiempo María Dolores de Cospedal, la número dos del PP y a la sazón presidenta de Castilla – La Mancha que, junto a la propia Cataluña, Canarias o Andalucía, peor financiación reciben.

Aseguró la dirigente popular – en contra de lo que había dicho Sáenz de Santamaría – que “no es el momento de abrir en canal” el modelo de financiación autonómico y que los presidentes de las autonomías en la que gobierna el PP ni siquiera lo plantearán en la reunión con Rajoy. Éste, desde la lejanía de Nueva York, a donde llegan muy atenuadas las demandas soberanistas catalanas, remachó el clavo asegurando que revisar la financiación autonómica no es una prioridad para su Gobierno.

Aunque con otras palabras, el presidente vino a decir que en épocas de vacas flacas como la actual, en la que la caja pública empieza a criar telarañas por la caída de los ingresos, poco es lo que hay para repartir y contentar las aspiraciones de todas las comunidades autónomas. Muchas de esas comunidades - caso de Canarias, que debió de habérselo pensado bien antes de darle en 2009 el visto bueno al modelo actual - se sienten perjudicadas por el reparto en vigor. Para estas autonomías, las últimas declaraciones de Cospedal y de Rajoy son un jarro de agua fría sobre sus aspiraciones – alimentadas por las palabras de Sáenz de Santamaría - de que el modelo se revise cuanto antes para paliar el déficit de financiación que vienen padeciendo en los últimos años.

Pero, más allá de la algarabía en la que parece haber caído de nuevo el Gobierno en relación con este asunto, con la desautorización de Rajoy a su propia vicepresidenta, surge una duda razonable sobre si efectivamente es este el mejor escenario económico para revisar la financiación autonómica de la que dependen la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación.

A menos que los ingresos vuelvan a aumentar significativamente a corto y medio plazo – que no parece lo más probable – será imposible atender las demandas de todos sin originar nuevos y tal vez más profundos agravios comparativos entre comunidades autónomas ricas y pobres, sobre todo si la revisión se hace pensando en calmar las veleidades soberanistas catalanas.

En ese escenario, Canarias podría salir aún mucho más perjudicada de lo que está actualmente con el ahora denostado sistema de 2009. ¿Qué hacer entonces? Sólo cabe una salida: exigir con una sola voz que reúna a todas las instituciones, fuerzas políticas, sociales y económicas del Archipiélago una financiación acorde con la realidad del Archipiélago y el cumplimiento escrupuloso del Régimen Económico y Fiscal, una particularidad canaria cada vez más arrinconada e ignorada por el Gobierno del Estado. Eso o, en el caso de que al final se abra el melón de la revisión del sistema, rezar aquello de virgencita, virgencita que me quede como estoy.

Errores y mentiras

Estos días está causando furor en la red un vídeo de apenas tres minutos en el que Nick Clegg, el líder de los liberal demócratas británicos, socios de los conservadores de David Cameron en el gobierno de su graciosa majestad, pide perdón por haber apoyado la subida de las tasas universitarias a la que se opuso en la campaña electoral. Una web satírica lo ha convertido en un rap y ahí tenemos a Mr. Clegg a un paso de ocupar el primer puesto de los 40 Principales gracias a la originalidad y a lo poco común de su decisión.

Es cierto que su gesto – que le honra – debería tener la lógica consecuencia de la dimisión por defraudar la confianza de los votantes, al margen de que no servirá para que bajen las tasas ni para que los estudiantes que ya han pagado la subida recuperen el dinero. Por otro lado, Clegg ha intentado con este vídeo – que sus asesores le desaconsejaron que grabara para no proyectar una imagen de debilidad - producir un golpe de efecto al inicio del congreso de su partido en el que, como es natural en este tipo de cónclaves, no falta gente con deseos de moverle la silla. Aún así, que un representante público se atreva a decir de motu propio que cometió un error y pida perdón por ello es algo que adquiere un altísimo valor en los tiempos actuales de descrédito de la política y de los políticos.

Traslademos el asunto a España. Los casos en los que un representante público pide perdón por sus errores o por haber hecho lo contrario de lo que prometió se pueden contar con los dedos de una mano y sobran más de la mitad. El ex presidente Zapatero admitió en un par de ocasiones que no vio el huracán económico que se avecinaba, aunque la confesión no incluyó nunca la palabra perdón o la expresión lo siento; además, no se produjo por propia voluntad sino en respuesta a preguntas periodísticas o a críticas de la oposición. Más parecido al gesto de Nick Clegg fue el de nuestro rey cazador, que con cara compungida pidió perdón en treinta segundos por su metedura de pata en Botswana y prometió que una cosa así no se repetirá.

Comentario aparte merece el caso de Mariano Rajoy, que tendrá el dudoso honor de pasar a la historia como el presidente del Gobierno que más medidas contrarias a lo que había prometido ha puesto en marcha. El problema de Rajoy no es que haya cometido errores, salvo que se consideren como tales el rosario de decisiones adoptadas en sus nueve meses de gobierno que van justo en la dirección contraria a las promesas hechas en la campaña (impuestos, despido, copago, recortes en sanidad, educación y servicios sociales, etc.).

El problema es que ha mentido a los ciudadanos, o por ignorancia – cosa poco probable –, o por calculo político – mucho más verosímil. Cogido en falta cada vez que aplica un nuevo recorte se escuda en vanos argumentos del tipo no hay más remedio, es lo que toca o a mi tampoco me gusta pero hay que hacerlo para crecer y crear empleo. Nick Clegg ha necesitado unos tres minutos para disculparse por el asunto de las tasas universitarias y el Rey treinta segundos para hacerlo por el caso de la cacería en Botswana; si Rajoy sufriera un ataque de remordimiento político – algo muy dudoso - necesitaría al menos un capítulo entero de Secretos y mentiras.

Músicas para una vida - Cantares

La poesía de Antonio Machado hecha música a través de Joan Manuel Serrat en un disco titulado Cantares grabado en 1969. Las tres primeras estrofas son de Machado y las otras tres del propio Serrat, que incorpora a ellas los versos caminante, no hay camino / se hace camino al andar.

¡Buen domingo!



Cuando la risa no hace gracia

El mundo musulmán clama estos días contra un supuesto video blasfemo del profeta Mahoma. Una treintena de personas han perdido ya la vida en las protestas que han recorrido la mayoría de los países de religión musulmana, entre ellas, el embajador de Estados Unidos en Bengasi (Libia). Hoy, viernes de oración en las mezquitas, seguramente será otro día de manifestaciones, quema de banderas e intentos de asalto a las legaciones diplomáticas, consulados y otros centros occidentales en esos países, lo que ha obligado a extremar las medidas de seguridad. Y confiemos en que quede sólo en eso. En medio de esta ola de protestas teñidas de violento fanatismo religioso, alentadas incluso por algunos Estados teocráticos para ganarse el favor popular, una revista satírica francesa publicó esta semana una serie de viñetas sobre Mahoma que han recrudecido las protestas al considerarlas los musulmanes más intransigentes igualmente ofensivas y blasfemas. 

La decisión de la publicación francesa ha venido también a poner de nuevo sobre la mesa si debe o no tener límites la libertad de expresión, derecho elemental en cualquier sociedad democrática. Los responsables de la revista aseguran que no debe haberlos porque la autocensura es el primer paso hacia el totalitarismo.

Ni los islamistas radicales que protestan violentamente estos días ni algunos de sus gobiernos permitirían jamás en sus países el ateísmo, que existiese libertad religiosa o que se erigiesen iglesias cristianas, sinagogas o templos budistas. Justo lo contrario de lo que exigen sus correligionarios en los países occidentales en donde se les autoriza la construcción de mezquitas y disfrutan como cualquier otro ciudadano del derecho a practicar su religión o a no practicar ninguna sin más límites que los establecidos por la Ley. Por eso, resulta asombroso que algún iluminado miembro de la Liga Árabe haya llegado incluso a proponer que la legislación de los países occidentales incluya la figura penal de la blasfemia.

¿Por qué entonces ponerle límites a la libertad de expresión? Por una sola razón: por responsabilidad y, si me apuran, por oportunidad. Las viñetas de la publicación francesa no parecen ni responsables ni oportunas porque sólo han contribuido a echar más petróleo en la hoguera del fanatismo, ya bastante extendida y violenta. Y no se trata de autocensurarse para no molestar a los intolerantes, que no tendrían los mismos miramientos si el problema fuera el inverso. Se trata de ejercer el derecho a la libertad de expresión de manera menos burda y provocadora para que no contribuya a incrementar aún más la intolerancia, sino a denunciarla y combatirla.

JK 5022: justicia de bajos vuelos

Después de cuatro años de perezosa investigación judicial, la Audiencia Provincial de Madrid acaba de llegar a la conclusión de que los únicos responsables de la tragedia aérea que acabó con la vida de 154 personas una calurosa tarde del mes de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas fueron los pilotos del avión de Spanair, fallecidos también en el accidente. Según la Audiencia, los dos mecánicos de la compañía a los que el juez instructor había inculpado, actuaron de forma imprudente pero no son los responsables directos de la catástrofe. Archívese pues la causa penal, que los muertos no hablan y por tanto no pueden defenderse, y que inicien los familiares si quieren un nuevo y largo calvario judicial para reclamar indemnizaciones por la vía civil; si aún les quedan fuerzas, se verán obligados a sortear los mil y un obstáculos que les pondrán en el camino las aseguradoras, sin contar con que tendrán que luchar con los fantasmas de la compañía aérea y de la empresa fabricante del avión, ambas desaparecidas.


Los cuatro años que ha durado la investigación  desembocan en un lamentable y decepcionante fallo judicial que deja a unas familias ya destrozadas y ahora, además, profundamente frustradas por lo que a todos luces parece una clara falta de interés de las autoridades de aviación civil y de la Administración de Justicia para llegar al fondo de los hechos. Y ello después de las huecas promesas de investigar a conciencia, depurar responsabilidades y poner todos los medios para que algo igual no vuelva a ocurrir. 
 

En lugar de ordenar una exhaustiva investigación de la concatenación de causas que condujeron al accidente, que sirviese para detectar qué se hizo mal y ayudase a depurar las eventuales responsabilidades penales, la Audiencia ha optado por la solución más fácil y cómoda: echarle la culpa a los muertos. Todo ello – qué casualidad – justo una semana después de que se filtrase a los medios de comunicación - ¿por quién y con qué objetivos? - la grabación de la caja negra del avión siniestrado en la que los pilotos bromeaban entre ellos segundos antes de darse cuenta de la inminencia de la tragedia. Se esfuma así la posibilidad de someter a la controversia de un juicio oral los factores técnicos y los actos humanos que provocaron el desastre y aplicar la ley en consecuencia.

Los familiares de las víctimas, que siempre han tenido a gala subrayar que no buscaban venganza ni recompensa económica y que sólo deseaban que se aclarase lo sucedido para que no se repita, descubren incrédulos que sus justas demandas no tienen respuesta; los pilotos, estigmatizados por el fallo de la Audiencia, creen que un accidente como aquel se puede repetir y añaden que ni la Justicia ni las autoridades de aviación civil españolas han estado a la altura del caso. Mientras, los ciudadanos de a pie nos quedamos atónitos al comprobar cómo un accidente de aquella magnitud se sustancia judicialmente con tanta ligereza y nos preguntamos si podemos seguir confiando en los responsables de la seguridad aérea de este país.

Un día antes del fallo de la Audiencia madrileña, el nuevo presidente del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, prometía solemnemente en la apertura del año judicial hacer “todos los esfuerzos” para que los ciudadanos recuperen la “confianza en la Justicia”. Después de decisiones como la de ayer lo va a tener, como poco, muy difícil.

Carrillo: hasta la última calada

 
Mis primeras noticias de Santiago Carrillo se las debo a Radio España Independiente, La Pirenaica, que los españoles escuchaban en el máximo secreto y muertos de miedo para intentar saber algo de lo que ocurría en el país en el que vivían. Franco la terminó diñando y los acontecimientos se precipitaron: Carrillo con peluca en la frontera, Carrillo detenido, su partido legalizado y sonoro ruido de sables en los cuarteles. 
 

Superados aquellos primeros momentos convulsos y de máximo riesgo, empezó la Transición de la dictadura a la democracia y Carrillo se dejó muchas plumas de la identidad de su partido por el camino con tal de evitar que los españoles volvieran a matarse entre sí: reconoció la legitimidad de un Adolfo Suárez nombrado por el Rey al que a su vez nombró Franco y renunció a la bandera tricolor y a la república. Muchos se sintieron traicionados y no tardaron en darle la espalda, a lo que él mismo ayudó al no mostrar en el seno del partido la misma cintura política que fuera.

Llegó la Constitución en la que la contribución de Carrillo fue esencial y llegaron las primeras elecciones democráticas en 40 años. Ahí se sitúa otra imagen imborrable para mi de Carrillo: la del líder comunista en un multitudinario mitin en el viejo Estadio Insular de Las Palmas de Gran Canaria con la grada curva a reventar y acompañado de algún dirigente del PCE en Canarias de cuyo nombre no consigo acordarme. El reducido grupo de amigos que nos habíamos atrevido a acudir – apenas habían pasado tres años de la muerte de Franco – estábamos conjurados para no hablarle a nadie, y menos a nuestras familias, de nuestra escapada política; cuando llegamos nos pareció que había el doble de maderos de los que realmente había y sospechábamos que la grada estaba plagada de agentes de la secreta.

Luego vendrían las elecciones de 1982 y la mayoría de los españoles prefirió al PSOE de Felipe González en detrimento del PCE de Santiago Carrillo, que había llevado la mayor parte del peso de la lucha contra el franquismo dentro y fuera del país. El fracaso en las urnas le obligó a abandonar la secretaría general y el PCE inició un lento y largo declive similar al de otros partidos gemelos, que se aceleró tras la caída del muro de Berlín en 1989. Los tiempos estaban cambiando profundamente.

Carrillo acaba de dejar una España que poco tiene que ver con la que se encontró al regresar después de 38 año de exilio. Entonces, conceptos como voluntad de diálogo, acuerdos y pactos estaban cargados de contenido: se buscaban sin descanso hasta que se alcanzaban y así fue posible la transición a la democracia, con todas las imperfecciones que se quieran enumerar ahora desde la distancia y la tranquilidad que proporcionan ver aquellos hechos con tanta perspectiva histórica; hoy, esos conceptos apenas llegan a la categoría de catálogo de buenas intenciones para la galería y, tal vez por eso, los políticos son hoy una de las principales preocupaciones de los españoles.

Salvando las distancias y las circunstancias, si en la España de hoy existiera sólo la mitad del convencimiento de que de las situaciones más complicadas se puede salir por la vía del diálogo y el acuerdo como se salió de la dictadura o de la crisis económica de entonces a través de los Pactos de La Moncloa, las perspectivas para nuestro país serían mucho más esperanzadoras. Carrillo vivió su larga e intensa vida como se fumó sus sempiternos cigarrillos: hasta la última calada. Ahora que el último se ha consumido casi entre sus dedos, se apaga también la vida de un hombre que puso la reconciliación de los españoles por encima de los intereses de su partido y que protagonizó en primera persona, para lo malo y para lo bueno, casi un siglo de la historia de España. Conviene tenerlo siempre muy presente en un país de tan corta memoria histórica.

Aguirre o la cólera del PP

En un país en el que el verbo dimitir aplicado a la clase política está a punto de desaparecer del Diccionario por desuso, que lo conjugue un animal político como Esperanza Aguirre sólo puede causar conmoción, respeto y un punto de admiración. Sin embargo, una vez superado el impacto inicial, las reacciones se dividen en varias categorías.

Por un lado están los que han brindado con lo que tenían a mano porque al fin se va la lideresa del ala más ultraconservadora del PP, la menos democrática en las formas y en el fondo y la más férrea defensora de recortar todo lo que se ponga a su alcance y huela a servicios públicos. Enfrente se sitúan los integrantes de lo que podríamos llamar el cocido party, huérfanos desde ayer de quien ha sabido expresar en voz alta y sin complejos todo lo que  comparten con ella pero no se atreven a decir en público.

Y luego tenemos a los esperanzólogos, subespecie analítica que lleva horas escudriñando los gestos y leyendo entre líneas para averiguar qué hay realmente detrás de la dimisión. No se creen – y tal vez no les falte razón – que sean sólo razones de salud y familiares las que han llevado a la dimisión de Aguirre. Suponen unos que la ex presidenta no puede soportar más a Rajoy, que la relegó en favor de su eterno rival Ruiz Gallardón y que, en contra de su forma de ser, nunca dice lo que piensa.


Hay quien ve en la marcha de Aguirre un choque de trenes por asuntos como el “caso Bolinaga” o la subida del IVA contra la que ella tanto luchó, sin contar el recortazo presupuestario de 1.000 millones de euros que le aplicó el Gobierno a su comunidad autónoma. Son cosas que Aguirre no perdona que, unidas a las razones explicitadas en la rueda de prensa de ayer, podrían explicar su abandono de la primera línea política.

La conclusión a la que llegan muchos de estos esperanzólogos es que realmente Aguirre no ha dicho adiós sino hasta luego y que ahora, mientras se cuida y cuida de su familia, esperará sentada a ver pasar los cadáveres políticos de sus enemigos, Rajoy entre ellos, arrastrados por el tsunami de la crisis.

Entonces podría hacer recuento de sus fuerzas y, en caso de considerarlas suficientes, intentar de nuevo el asalto a las altas torres de Génova y después a las de La Moncloa. Hasta podría imaginarse el slogan de la campaña: “Aguirre o la cólera del PP”.

Ni pongo ni quito Esperanza y respeto su decisión y sus razones para dar un paso atrás ¿o a un lado?. No obstante, si pudiera le recomendaría a esta mujer de hierro que haga un esfuerzo para olvidarse definitivamente de la política, que da muchas cornadas y es muy ingrata. Sé que sería muy duro para ella después de 30 años en la primera línea de fuego, pero estoy convencido de que su salud y su familia se lo agradecerían. Muchísimos españoles también.

La margarita del rescate

Continúa Mariano Rajoy deshojando la espinosa margarita del rescate de España: lo pido, no lo pido, lo pido. Semanas llevamos así con este juego mareante en el que el presidente dice una cosa en España - “a lo mejor no hace falta pedirlo” o “tengo que pensarlo bien y hablarlo con mucha gente” - y otra fuera - “parece que no habrá más remedio que pedirlo”.

Fiel a su estilo de tancredismo político, Rajoy parece seguir esperando a que la prima de riesgo se relaje un poco más, a que la economía dé alguna señal de recuperación – vana esperanza con los recortes aprobados y los que se anuncian para las próximas semanas – o a que pasen las elecciones gallegas. En definitiva, espera a que el toro del rescate pase de largo sin hacerle mucha pupa política más de la que ya le están haciendo sus medidas

Puede incluso que encuentre en Angela Merkel una inesperada aliada para no pedirlo y evitarse así el estigma político y económico que caería de inmediato sobre él, su gobierno y su partido. Circulan ya algunas teorías según las cuales, a la canciller, a las puertas de unas elecciones trascendentales, no le apetece lo más mínimo tener que volver a convencer a su partido, a sus socios, a su parlamento y a sus ciudadanos de que hay que desembolsar una importante cantidad de millones de euros para sacar de apuros a los derrochadores españoles, como ha tenido que hacer ya con griegos, irlandeses y portugueses.


Pero que nadie se llame a engaño: que España no pida finalmente el rescate integral tampoco importa mucho más allá del coste político que la petición tendría para el Gobierno y para el PP, ya estigmatizados por el rescate bancario. De hecho, mientras Mariano Rajoy deshoja la margarita o hace como que la deshoja, su ministro de Economía ha anunciado inminentes nuevas “reformas” - vulgo recortes – para cumplir con el objetivo de déficit de este año.

Dicho en otras palabras: España está dispuesta a hacer todos los recortes que sean necesarios y más – incluso antes de que se lo exijan los mercados - con tal de evitar la palabra maldita. Que esa política de obsesión por el control del déficit sin acciones compensatorias de reactivación económica siga conduciendo a España por el mismo camino que transitan ya griegos y portugueses parece que es lo de menos para el PP, convencido de que los españoles sabremos agradecerle a Rajoy tanto bien como nos está haciendo con sus medidas – Cospedal dixit. Y de lo del rescate ya nos enteraremos a su debido tiempo; sólo es necesario estar atentos a la prensa alemana.

Cadena perpetua encubierta

Prepara el Gobierno la enésima reforma del Código Penal cuando aún no se han cumplido dos años desde la entrada en vigor de la anterior y cuando ya rondan la treintena las que se han aprobado en la etapa democrática. No es cierto por tanto, como dice el ministro Ruiz Gallardón sin sonrojarse y para justificar esta nueva vuelta de tuerca, que el actual Código Penal apenas haya experimentado cambios desde el siglo XIX.

Porque una nueva vuelta de tuerca es lo que anuncia el Gobierno para un sistema penal que no ha cesado de endurecer las condenas, no siempre de manera justificada, en los últimos años. En esa línea va también la nueva reforma que tiene como nueva pena estrella una de las promesas electorales del PP - la única que parece dispuesto a cumplir hasta la fecha -, la implantación de la prisión permanente revisable para homicidios terroristas y de menores, entre otros delitos. Estamos ante otro de los eufemismos que tanto gustan al Gobierno y con los que intenta ocultar la realidad porque, en este caso, de lo que se está hablando es de cadena perpetua de hecho.

Con ese juego malabar de palabras se nos quiere presentar como constitucional lo que no tiene visos de serlo por mucho que el ministro recurra el Consejo de Estado, que no es precisamente la institución encargada de darle marchamo constitucional a las leyes. Dice la Constitución que el objetivo de las penas es la reinserción del penado, algo casi imposible si la condena puede convertirse en perpetua por la vía de la revisión. El ministro, con el fin de justificar su iniciativa, se agarra también a la legislación de otros países europeos que aplican esta pena; sin embargo, oculta que el plazo que debe transcurrir antes de la revisión es menor que el que se piensa aplicar en España y que no estará por debajo de los 25 o 35 años de prisión.


No es casualidad sino todo lo contrario que esta reforma se anuncie la misma semana en la que arrecian las críticas al Gobierno desde el propio PP por la excarcelación del etarra Bolinaga y cuando el “caso Bretón” sigue acaparando titulares y sensacionalismo televisivo. Subido en la ola de la alarma social que provocan casos como esos y otros parecidos, el Gobierno busca calmar las aguas y dar respuesta a un segmento de la sociedad que coincide en gran medida con el perfil electoral del PP y que está convencido de que sólo endureciendo mucho más las penas ese tipo de hechos no se repetirán, aunque la experiencia diga la contrario.

Tampoco es casualidad que, coincidiendo con las crecientes protestas por la crisis y los recortes sociales y laborales, el ministro incluya en su reforma un agravamiento de las penas por acciones derivadas de manifestaciones y otros actos de protesta. Por ejemplo, se modifica la definición de "alteración del orden público" para incluir en ella "una referencia al sujeto plural y a la realización de actos de violencia sobre cosas y personas".

El Ministerio de Justicia asegura que "se castigará la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público". La guinda la ha puesto el propio Ruiz Gallardón al asegurar que la modificación del Código Penal "no puede preocupar a nadie que no agreda a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". Se olvida sin embargo el ministro de los delitos de cuello blanco, del saqueo de las arcas públicas, del trinque de los directivos bancarios y de los que se ríen de Hacienda. Tal vez en otra reforma se incluyan también estas figuras, en el sentido amplio del término.Ahora no parece ser el momento.

Cuando esta nueva e innecesaria reforma salga adelante, España tendrá la legislación penal más dura de la Unión Europea y seguirá siendo uno de los países europeos con mayor número de presos en sus cárceles y en donde más años de prisión se cumplen, por mucho que la percepción social no sea esa. Como sigamos endureciendo el Código Penal para agravar las condenas a golpes de titular y alarmas sociales – comprensibles pero que no pueden convertirse en la guía de las reformas de un Código que debe tener vocación de permanencia – llegará un momento en el que sólo nos quedará recurrir a la ley del talión.

Re(in)sidencia aérea

El Partido Popular vuelve a meter la pata hasta más arriba del corvejón. No satisfecho con obligar a los residentes en Canarias a hacer cola en los ayuntamientos para obtener un certificado que lo acredite y acogerse así a los descuentos en los billetes aéreos y marítimos, se acaba ahora de sacar de la manga una moción que ha disparado todas las alarmas.

Aprobada ayer en el Senado con el único apoyo del PP – están tardando los senadores populares canarios en dar explicaciones sobre su apoyo a la iniciativa -, la moción de marras propone que se mantengan esas subvenciones “si hay disponibilidad presupuestaria”, es decir, si hay dinero en la caja. La coletilla de la “disponibilidad presupuestaria” abre la puerta a un recorte de la partida con la que se abonan esas subvenciones e incluso a su total supresión en el peor de los casos. Alegan los dirigentes populares que la alarmante coletilla figura en todas las mociones con contenido presupuestario porque estamos en una época en la que hay que mirar con lupa en qué se gasta el dinero público y juran en arameo que la subvención no corre peligro.

Si es así, cabe preguntarse qué necesidad había de presentar una moción que, además, contradice otra aprobada en junio y en la que el PP se abstuvo, en la que se insta al Gobierno a mejorar las conexiones aéreas y marítimas de Canarias. Es cierto que las mociones no obligan legalmente al Gobierno pero sí reflejan con claridad las intenciones de quienes las presentan y las defienden, en este caso el PP. Y esas intenciones no parecen augurar nada bueno para los que residimos en islas a 2.500 kilómetros de distancia del territorio peninsular y no disponemos de otros medios para movernos en nuestra comunidad o conectarnos con el resto del país que el barco o el avión.

Algo tan elemental que hasta suena a perogrullada no lo entienden en cambio ciertos políticos populares mesetarios – véase el caso del ínclito alcalde leonés que arremetió contra esas subvenciones a propósito del conflicto minero - que sólo parecen ver en los residentes en Canarias a parásitos del presupuesto público a los que es imprescindible extirpar de raíz en aras de los recortes tan en boga. 

Es creciente la sensación de que la ministra de Fomento, Ana Pastor, comparte también ese prejuicio. Su empecinamiento en obligar a los canarios a obtener el certificado de residente para acogerse a las subvenciones aéreas y marítimas, no sólo nos retrotrae a la prehistoria de la era informática causando gastos y molestias innecesarias a los ciudadanos, sino que ha terminado arrojando sobre ellos un manto de sospecha de fraude generalizado que ha obligado a algunos pesos pesados del Gobierno, empezando por el ministro Soria, a pedir perdón por el desatino, la torpeza y la improvisación.

Fraude que, por otro lado, el Gobierno español ni ha demostrado, ni cuantificado ni explicado quién lo comete, ni mucho menos el porqué deben ser los ciudadanos los que tengan que cargar con la prueba de su inocencia. Tal vez si el Gobierno pusiera el mismo empeño en perseguir el fraude fiscal con mayúsculas en lugar de promulgar ofensivas e inútiles amnistías fiscales, las cosas le irían mucho mejor al país.

Se impone que el Gobierno explique con claridad qué piensa hacer con las bonificaciones y, en el supuesto de que las mantenga, para qué siglo cree que tendrá a punto el sistema telemático que permita acreditar la residencia sin necesidad de retroceder a la época del “vuelva usted mañana”. Sobre todo por no hacer cola inútilmente e ir pensando ya en la posibilidad de recurrir a los cayucos y a las balsas.