Canarias, donde todo es posible

Que nadie se llame a engaño, el título de este artículo no es el lema de una nueva campaña de la Consejería de Turismo para atraer a nómadas digitales a Canarias. Es, resumida en cinco palabras, la realidad mágica de una tierra en la que pasan cosas dignas de ser desentrañadas en un programa televisivo de misterios insondables. Aquí es posible encontrar cara a cara en un mismo periódico que el Parlamento canario va a gastarse más de 100.000 euros en proveer de butacones nuevos a las cansadas posaderas de sus señorías, junto a otra noticia en la que se afirma que Caritas atendió el año pasado en las islas a unas 53.000 personas más que el año anterior y a casi el doble que en 2019. No digo que en otros lugares no se registren fenómenos paranormales similares, pero en Canarias ya se han convertido en una tradición tan arraigada que han pasado incluso a formar parte de nuestra identidad.

EP

No es el chocolate del loro

Muchos pensarán que lo de los 100.000 euros para butacones parlamentarios es solo el chocolate del loro y que con ese dinero no se arregla gran cosa. Más allá de que el loro tan socorrido ya nos sale por un pico en gastos superfluos, los que así piensan deberían saber que esa cantidad es la que dedica anualmente el Gobierno de Canarias a los bancos de alimentos de las islas, que se las ven y se las desean para atender la demanda de comida de quienes no llegan a fin de mes. Nada tengo en contra de que sus señorías posen sus nalgas en sillones razonablemente confortables por si les apetece dormir la siesta, pero en tiempos de crisis y de pobreza los gestos de quienes viven del erario público siempre son importantes e incluso bienvenidos. Gastarse ahora ese dinero en cambiar los asientos del Parlamento es una indecencia que sus señorías pueden y deben evitar si les importa algo lo que los ciudadanos piensan de ellas.

Pero lo de los sillones y la pobreza es solo uno de esos casos mágicos que ocurren en esta tierra de prodigios. Véase por ejemplo el sorprendente y oscuro “caso mascarillas” por el que el Gobierno canario pagó cuatro millones de euros por unos tapabocas que resultaron ser falsos y que hubo que destruir. Después de una docena de requerimientos infructuosos a la empresa a la que se encargó la compra, con la que ni siquiera se firmó un contrato, para que devuelva el dinero, el Gobierno ha ido ahora a la Fiscalía, que ya investigaba a instancias particulares la alegría con la que nuestros gobernantes se gastan el dinero de los contribuyentes. Además de no haber denunciado todavía en el juzgado, ni el presidente regional ni su consejero de Sanidad han dado aún explicaciones convincentes a la opinión pública y, por supuesto, nadie ha asumido ninguna responsabilidad. En verdad, un caso digno de Hércules Poirot.

La dependencia y los plátanos del papa

Lo de las mascarilla no es menos extraordinario y enigmático que lo que ocurre con la atención a la dependencia. Como no sea por la incompetencia manifiesta y palmaria de la consejera del área, es muy difícil entender cómo es que mueren cada día nueve personas en Canarias esperando por una prestación reconocida o por qué tenemos la lista de espera más larga del país o cuál es la razón de que la financiación esté por debajo de la media o de que necesitemos el doble de plazas residenciales de las que están previstas. Y todo ello, según la Diputación del Común, podría ser  más dantesco si muchos dependientes que tienen derecho a la prestación no hubieran decidido no solicitarla para ahorrarse nervios y esperas ante la comprobada ineficacia de la administración autonómica.

"Podemos gobierna los días pares y hace oposición los impares"

Y qué decir del impenetrable asunto de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, a los que el Gobierno de Pedro Sánchez les ha regalado ahora, seis meses después de terminar la erupción, un “comisionado” para “agilizar” la reconstrucción de la isla. Mientras, aún quedan 2.000 personas desalojadas viviendo en casas de parientes o en alojamientos provisionales, otros muchos siguen incomunicados y las ayudas prometidas se enfrentan a la inmisericorde burocracia en la que mueren los sueños y las esperanzas de quienes lo perdieron casi todo. Pero eso sí, ha dicho Ángel Víctor Torres que “el papa Francisco podrá degustar una magnífica fruta como es el plátano de Canarias, nacido en las tierras fértiles de La Palma”. Torres se ha venido arriba alabando el regalo del ministro Bolaños en su audiencia privada con el pontífice y ha rematado el ditirambo proclamando que ha sido “un gesto hacia la isla que ha sufrido el volcán más devastador, en daños materiales, de Europa”. Quien no se consuela es porque no quiere.

La lista de casos esotéricos es tan larga que podríamos estar hablando de ellos varios días sin parar. No sé ustedes, pero yo siempre me he preguntado cómo concuerda que las islas tengan el REF “más avanzado” de su historia y reciba millones de turistas, mientras las tasas de exclusión y paro – tanto juvenil como adulto - son las más altas del país. Por no mencionar también lo mucho que le gusta el verde al actual Gobierno canario y lo mucho que habla de “huella de carbono cero”, al tiempo que teme más que a un nublado el impuesto europeo sobre el queroseno de la aviación. Me cuadra tan poco como ver a Podemos gobernando los días pares y haciendo oposición los impares, por no hablar de algunos políticos para los que la vida es un carnaval permanente en la que no caben otras prioridades y que, no satisfechos con regalarnos dos meses de murgas en invierno, salivan ahora pensando en extender la fiesta al verano como si no hubiera un mañana. El circo que no falte jamás, el pan siempre puede esperar en una tierra en la que todo es posible, salvo, a lo que se ve, unos responsables públicos a la altura de las circunstancias y unos ciudadanos conscientes de su poder.

Día de Canarias: ¿una suerte vivir aquí?

A las puertas del Día de Canarias el Gobierno autonómico ya nos ha obsequiado el ineludible vídeo con el marchito tópico del fuego y el mar, que ya conocemos de memoria después de años machacando en la misma idea. De nuevo se sucederán los parabienes por vivir aquí, porque aún siendo la comunidad más pobre y con la mayor tasa de paro del país, en contentura y ganas de fiesta no nos gana nadie; se volverán a escuchar discursos oficiales cargados de buenas intenciones y autojustificaciones, veremos al Gobierno premiándose a sí mismo, nos revestiremos de típicos por unas horas, muchos incluso se atreverán con una isa y un sancocho y, al día siguiente, felices de haber tenido un día más de fiesta, regresaremos a la tozuda realidad cotidiana de un archipiélago al que, si no es por Juana es por la hermana, cuando no por ambas, le va a costar levantar cabeza. No tengo nada contra quienes celebran así el Día de Canarias, aunque habrá a quien mi forma de ver esa jornada le parezca demasiado pesimista y hasta poco patriota. En cualquier caso, me resisto a disfrazar de falso optimismo un panorama imposible de soslayar ni aún con la mejor de las intenciones.

Paro e ineficacia pública

Un rápido y somero repaso de los datos económicos y sociales bastan para convencerse de que vivir en Canarias a fecha de hoy es como mínimo para estar preocupados por el futuro, no digo ya para alegrarse. Según la EPA, el Archipiélago es la comunidad autónoma con mayor tasa de paro y la segunda que más empleo destruyó en el primer trimestre del año. También lidera el paro juvenil no solo de España sino de la Unión Europea, y aunque es cierto que en el último año ha habido un aumento de empleados y de afiliación, la precariedad laboral es la norma generalizada.

Mientras el paro parece ya un problema crónico de la economía canaria, hasta el punto de que ni el regreso de los turistas tras la pandemia permite reducirlo significativamente, a nadie le debería sorprender que Canarias sea también una de las comunidades autónomas con mayores tasas de pobreza y exclusión social. Solo de drama social cabe calificar que 630.000 canarios se encuentren en esa situación o que 300.000 padezcan exclusión severa o que 125.000 estén en situación crítica, según el último informe de FOESSA.

No cabe duda de que la pandemia agravó un problema que, como el del paro, también se ha vuelto crónico. No obstante, al empeoramiento ha contribuido de forma decisiva la ineficacia y la ineficiencia de los poderes públicos para responder en tiempo y forma a esa realidad. Con solo decir que el publicitado Ingreso Mínimo Vital apenas llega aún al 7% de los que lo necesitan en Canarias, está dicho prácticamente todo. No extraña tampoco por tanto que las islas encabecen también la clasificación de comunidades en las que menos cobertura ha alcanzado el IMV, presentado poco menos que como la panacea contra la pobreza, contra la que las únicas panaceas posibles son la educación y el empleo. 

Dependencia, el lunar más negro

Aunque el gran lunar negro de la gestión autonómica sigue siendo la atención a la dependencia, en donde – cómo no – Canarias lidera también la lista de personas en el limbo, es decir, dependientes con el grado de dependencia reconocido que aún no perciben la prestación o el servicio a que tienen derecho. En las islas mueren cada día 8 personas esperando por esa prestación y se tardan 900 días de media en resolver un expediente de dependencia. Aún así, Canarias redujo el año pasado en cerca de 44 millones de euros su aportación a la dependencia, según acaba de revelar la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. ¿Una suerte vivir aquí para los dependientes?

La escasa diligencia autonómica para dar respuesta a la aguda crisis social que sufren las islas va pareja con el menosprecio y el ninguneo que el Gobierno central sigue exhibiendo ante la realidad de la comunidad autónoma con los peores datos económicos y sociales del país. La penosa gestión de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, utilizado por Pedro Sánchez para su lucimiento personal, es solo un botón de muestra al que cabe añadir el desconocimiento, cuando no el desdén, de Madrid ante el cumplimiento del REF o la pachorra frente al drama humano de la inmigración.

Un giro con Marruecos que aumenta la incertidumbre...

Ahora, el ministro de Exteriores ha venido a Canarias a reconocer que la pirueta de Sánchez respecto al Sahara tampoco ayudará a reducir el número de inmigrantes que intentan llegar a las islas, un intento en el que muchos pierden la vida. Esa fue precisamente la excusa con la que se vendió a la opinión pública un acuerdo que, por si no había ya suficientes dificultades en las islas, ha ensombrecido aún más el futuro de un archipiélago que tiene la mala suerte de no llamarse Cataluña.

La pandemia o el volcán pueden considerarse atenuantes, pero en ningún caso eximentes de la falta de empuje e ideas del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni mucho menos para justificar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez y de algunos de sus ministros. La suerte que tiene el presidente canario Torres es que la oposición parece haberle dado bula hasta las elecciones y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos o hacerse oposición a sí mismos, pero ni se les pasa por la mente despegarse del poder. 

Torres insiste en que todo irá viento en popa a partir de ahora y que la economía canaria crecerá más que ninguna otra. Mientras ese feliz y dorado momento llega y a falta de solo un año para las elecciones, no se conoce aún cuál es la hoja de ruta y los hitos que piensa seguir el Gobierno autonómico para superar esta crisis, más allá del fárrago de planes, estrategias, perspectivas y agendas tan bienintencionados como poco realistas. Torres también gusta de prometer que dejará una Canarias mejor que la que encontró, pero, a fecha de hoy, los principales indicadores económicos y sociales demuestran que la situación ha empeorado en los tres últimos años y no solo por culpa de la pandemia o del volcán, sino también por la impericia y la ineficacia del Gobierno. Además de quienes sufren a diario el drama del paro, la pobreza o la exclusión, o de quienes mueren esperando la prestación de la dependencia, si hay alguien en Canarias que debería saber mejor que nadie que para la mayoría de los canarios no es una suerte vivir aquí, ese debería ser Ángel Víctor Torres.  

Sánchez, Canarias y el amigo marroquí

Cuando oigo a un político prometer algo me acuerdo de la canción de Pablo Milanés: “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”. El 23 de marzo Pedro Sánchez acudió raudo a Ceuta y Melilla a “explicar” su amplia reverencia ante el rey de Marruecos en el contencioso del Sahara, conocida por sorpresa solo unos días antes a través del Gobierno marroquí, que no del español. Ese mismo día el presidente de Canarias, el también socialista Ángel Víctor Torres, decía solemnemente en el Parlamento autonómico que Sánchez “tendrá que explicar en el archipiélago su carta al rey de Marruecos”, que el dirigente regional calificó de “relevante” y “trascendente”, para añadir que “ninguna propuesta tendrá recorrido si no es con el acuerdo entre las partes”. A Torres se le pasó el pequeño detalle de que Sánchez ha despreciado olímpicamente la postura de una de las dos partes, por no hablar de Argelia, de la oposición española y hasta de sus ministros y socios de gobierno, antes de postrarse a las plantas de Mohamed VI y jurarle que la propuesta autonomista es “la más seria, realista y creíble”. A lo mejor lo es, pero eso lo deben decidir los saharauis y eso es lo que debe respetar Sánchez.

EFE

Canarias y la danza de los siete velos 

El 26 de abril, mas de un mes después, el mismo Ángel Víctor Torres de antes afirmó que el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estaba “preparando un viaje en las próximas semanas a Canarias” para explicar la pirueta saharaui de Sánchez, a quien, al parecer, su apretada agenda no le impidió viajar ocho veces a La Palma para fotografiarse junto al volcán, pero sí le impide subirse al Falcon y darse un salto a los territorios de ultramar para despejar las numerosas incertidumbres provocadas por su danza de los siete velos en Rabat. Hay tantas cuestiones trascendentales para Canarias en el cambio de posición sobre el Sahara, que demorar más su explicación es confirmar que las islas, su futuro y sus intereses no están ni se les espera tan siquiera en la trasera de la última hoja de la agenda gubernamental. Imaginen que esto afectara a Cataluña o al País Vasco. 

La reactivación ahora de la estancada comisión hispano – marroquí para abordar el peliagudo y demorado asunto de la delimitación de las aguas territoriales sería una buena noticia si pasamos por alto la política de hechos consumados de Marruecos en las aguas del Sahara y el asentimiento dócil de España. Hace poco más de dos años el Parlamento marroquí aprobó, unilateralmente y ante el silencio español, ampliar las aguas territoriales y crear una zona económica exclusiva que choca de lleno con la que nuestro país reclama para Canarias. Es evidente el interés marroquí por las riquezas submarinas insulares y, francamente, a la vista del tradicional entreguismo español a las tesis de Rabat, el hecho de que las islas tengan un representante en esa comisión tranquiliza muy poco si su status se limita al de un mero convidado de piedra.

Vuelven las prospecciones y siguen llegando pateras

En esas estábamos cuando, ¡oh, sorpresa!, se anuncian prospecciones de hidrocarburos en aguas supuestamente marroquíes, a unos pocos kilómetros de las costas de Lanzarote y Fuerteventura. De buenas a primeras se disparan de nuevo las alarmas y se ponen sobre la mesa los riesgos ambientales de una actividad de la que se desconocen las medidas de seguridad adoptadas y quiénes serían los responsables de los daños económicos y medioambientales de un eventual accidente. Una vez más, el Gobierno canario parece haberse enterado por la prensa de lo que se cocía a unos pocos kilómetros de las costas de las islas y que, probablemente, el Gobierno central sí conocía.

Con todo, la inmigración es el aspecto más cínico de ese acuerdo a costa del pueblo saharaui. Aún así, las llegadas de inmigrantes a Canarias desde que se dio a conocer el giro de Sánchez se han incrementado un 20%, si bien ha disminuido la presión sobre Ceuta y Melilla. Los inmigrantes, ante cuyas muertes y desapariciones en el mar el Gobierno español y el canario se dan golpes de pecho, se han convertido en indecente moneda de cambio en este trato espurio. Es difícil no ver que Marruecos se ha comprometido de palabra a impedir – cuando le convenga, claro está - la salida de sus propios ciudadanos hacia Ceuta y Melilla y hacia Canarias a cambio de que España ceda en el Sahara y quién sabe en qué más.

¿Se negoció con Marruecos sobre la soberanía canaria?

La pregunta es una de las más preocupantes si recordamos cierto titular, según el cual, el acuerdo “obliga a Marruecos a desistir (sic) de Ceuta, Melilla y las Islas Canarias”. El ministro Iceta lo retuiteó al instante e incendió las redes, demostrando que en este Gobierno hay mucha gente a la que le falta un buen hervor. ¿Se puso en algún momento sobre la mesa la soberanía de Canarias, Ceuta y Melilla en el conchabo con Marruecos? ¿A qué viene hablar de que Marruecos “desiste”? ¿Qué negoció Sánchez con Marruecos a propósito de Canarias, Ceuta y Melilla? La guinda al lamentable espectáculo la ha puesto Pegasus y sus escuchas. Todo lo anterior, desde el inesperado giro de Sánchez a los supuestos términos del acuerdo con Marruecos, ha quedado indeleblemente manchado por la sospecha de un chantaje marroquí si, como todo indica, el espionaje partió de ese país.

A modo de resumen, Canarias lleva décadas pagando los platos rotos de la política de apaciguamiento español con el vecino del sur. La pesca, la agricultura o la inmigración son solo tres ejemplos de lo que ha supuesto para los intereses de estas islas una política exterior con Marruecos que ha tenido mucho menos de buena vecindad en pie de igualdad que de hechos consumados marroquíes con consentimiento español. Un Gobierno canario, cuyo presidente ha demostrado que su peso político en Madrid no alcanza la categoría pluma y cuyos socios lloriquean por las esquinas sin atreverse a dar un golpe sobre la mesa, no garantiza que en este momento crucial se defiendan tampoco los intereses canarios. Hoy es 20 de mayo de 2022 y ni Sánchez ni Albares se han dejado caer aún por Canarias. Torres calla y, como decía Milanés, “el tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos”.

Canarias: en la encrucijada y sin hoja de ruta

Si uno se toma la molestia de escuchar las intervenciones de Ángel Víctor Torres en el reciente debate sobre la nacionalidad canaria, no podrá encontrar nada que el presidente no haya hecho bien en todos los frentes en los que ha tenido que combatir, desde la pandemia a la erupción palmera pasando por la inmigración. Ni en las 79 páginas del discurso con el que comenzó el soporífero pleno parlamentario ni en las réplicas y contrarréplicas a los portavoces de los grupos políticos, es posible hallar una sola brizna, por pequeña que sea, de autocrítica, algo que el presidente admita que debió haber hecho de otra manera. Mucho menos es posible dar con el más leve reproche al trato que Pedro Sánchez sigue dispensando a esta malhadada comunidad autónoma. De manera que, a la postre, estos debates sobre el estado de la nacionalidad solo sirven para que el presidente y los grupos que le apoyan hagan un ejercicio de autocomplacencia y para que la oposición juegue a hacer de oposición: la realidad del hemiciclo y la que se vive en la calle se vuelven a parecer como un huevo a una castaña.

Un gobierno débil

Nadie niega las graves consecuencias de la pandemia, pero esta no puede ser la coartada permanente para ocultar la falta de proactividad del Gobierno del Pacto de las Flores ante una agenda plagada de asuntos pendientes, ni para explicar su mansedumbre ante los sucesivos desplantes de Sánchez. Basta acudir a las hemerotecas para comprobar la debilidad con la que Torres y su Gobierno siguen respondiendo a los incumplimientos de Madrid en cuestiones como la celeridad de las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma, el eterno convenio de carreteras, el traspaso de las competencias recogidas en el reformado Estatuto de Autonomía o el respeto al Régimen Económico y Fiscal.

Y ni siquiera es preciso tirar de hemeroteca, porque pervivirá mucho tiempo en la memoria de los canarios, para recordar el desdén con el que Madrid sigue tratando el fenómeno de la inmigración irregular que llega a Canarias por mar. Ahí están para demostrarlo los golpecitos de buena voluntad en la espalda y las largas que el Ejecutivo central sigue dando a la regulación legal del reparto de los menores inmigrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, para que no sea Canarias la que deba hacer todo el esfuerzo en solitario.

"La cesión de España en el Sahara abre una gran incertidumbre en Canarias"

El penúltimo episodio de esa actitud ha sido la cesión en el contencioso del Sahara, ignorando olímpicamente los lazos emocionales e históricos entre el pueblo canario y el saharaui y generando una enorme incertidumbre sobre las consecuencias económicas y políticas de esa decisión para el Archipiélago. Aún así, el presidente canario ha reaccionado con la docilidad que le caracteriza y de inmediato ha hecho suya la falsedad que disemina ahora su partido, según la cual el histórico giro no supone una nueva traición en toda regla al pueblo saharaui. La suerte que tiene Torres es que la oposición parece haberle dado bula y sus socios en el Gobierno, especialmente Podemos y NC, se conforman con hacer aspavientos pero ni se les pasa por la cabeza despegarse de los sillones del poder.

Voluntarismo presidencial

Si por algo se ha caracterizado la intervención de Torres en ese debate, además de por la ausencia absoluta de autocrítica, ha sido por el voluntarismo con el que afronta la salida de la grave situación en la que se encuentra el Archipiélago. Todo, según Torres, va a ir viento en popa a partir de ahora y la economía canaria va a crecer más que ninguna otra en España. Eso, claro está, siempre y cuando no la fastidie una nueva ola de coronavirus y haya que volver a los ininteligibles niveles de riesgo o que el precio de los combustibles por la guerra en Ucrania obligue a dejar los aviones de turistas en tierra. 

Pero mientras cruza los dedos para que el virus desaparezca y acabe la guerra, la sociedad canaria desconoce cuál es la hoja de ruta que piensa seguir para superar esta crisis y transformar y relanzar la economía canaria, más allá del fárrago de planes, estrategias y agendas tan bienintencionados como poco realistas en la situación actual. Por lo pronto, ni siquiera piensa en tomar ya alguna medida para paliar el alza del precio de los combustibles que sufren los transportistas. Como obediente alumno de Sánchez también esperara a que su jefe anuncie sus ayudas para él aprobar las suyas, no vaya a ser que se equivoque y alguien le llame a capítulo.

Servicios sociales: el talón de Aquiles

Pero donde de verdad hace aguas el discurso de Torres es en el terreno social. Por más que presuma de que la cobertura social es “la mayor de la historia” no puede borrar las escandalosas estadísticas de exclusión y pobreza que padece el Archipiélago. La atención a la dependencia sigue estancada después de casi tres años gestionada por Podemos, el número de personas en situación de pobreza severa continúa creciendo y la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, que tantas esperanzas despertó y con el que tanta propaganda política se hizo, es de las peores de España. No cabe presumir de nada ante estas estadísticas ni todo puede ser anotado en el debe de la pandemia, sino en el de una lamentable gestión de los servicios sociales cuando más se les necesita y ante la que Torres ha sido incapaz de poner orden y exigir eficiencia a la consejera responsable.

"El interés de las islas debería estar por encima de la disciplina de partido"

Nada que no supiéramos hemos sabido en el debate sobre el estado de la nacionalidad, ni nada ha salido de él que nos ayude a atisbar cómo superará Canarias esta encrucijada histórica. Cierto es que una guerra en Europa y los efectos de una pandemia que aún no podemos dar por definitivamente superada oscurecen el futuro. Ahora bien, aún así, esas circunstancias históricas no pueden convertirse en la excusa ni en la justificación de la preocupante falta de empuje y liderazgo de un Gobierno autonómico cargado de buena voluntad pero ineficaz en el desempeño de sus competencias, que no son pocas, e incapaz de hacerse valer ante el Gobierno central. 

No basta amenazar con revirarse para luego agachar la cabeza y dar por buena cualquier excusa de Madrid: ante la gravedad de la situación debería pasar a un segundo plano la disciplina de partido y exigir claro, alto y con firmeza el trato que merecen y necesitan las islas para tener alguna posibilidad de salir con bien de esta crisis. Y si no se está dispuesto a hacer ese sacrificio por Canarias sería mucho más honroso dejar el despacho e irse a casa. 

La pandemia y los que quedan atrás

Que once millones de españoles se encuentren en situación de exclusión social y que más de seis millones sufran pobreza severa apenas si ha tenido una repercusión pasajera, superficial y efímera en los grandes medios nacionales. Las andanzas de un tenista embustero, las macrogranjas o la cansina pugna política diaria a propósito de cualquier banalidad que se tercie han merecido mucha más atención mediática y de las redes sociales. Amparado por la indiferencia generalizada, ni siquiera el Gobierno, que presumió al inicio de la crisis de que nadie quedaría atrás, se ha dado por aludido ante los alarmantes datos que sobre el aumento de la pobreza en España durante la pandemia han presentado esta semana la Fundación FOESSA y Cáritas.  

Realidad paralela

El señor Sánchez y sus ministros viven instalados desde hace tiempo en una dimensión paralela a la de la dura realidad social y, desde allí, se han propuesto convencernos de que la economía y el empleo avanzan ya a toda máquina y nadie está siendo abandonado a su suerte. Los datos del Informe de FOESSA, una entidad que viene radiografiando con rigor y solvencia la evolución social y económica de la población española desde 1965, se dan de bruces con la Arcadia feliz en la que el Gobierno se empeña en que creamos.

Según el Informe, los ciudadanos en situación de exclusión social han aumentado en 2,5 millones entre 2018 y 2020 y el de los que han caído al pozo de la pobreza severa se ha incrementado en 650.000. La juventud, golpeada con dureza en la crisis anterior, se vuelve a llevar una de las peores partes: casi tres millones de jóvenes de entre 16 y 34 años engrosan ya las estadísticas de la exclusión social en un país que lidera el paro juvenil de la Unión Europea.

"La brecha social se ha agrandado un 25% en la pandemia"

Se mire por donde se mire es casi imposible encontrar un dato esperanzador en el Informe. Dos millones de hogares dependen de un solo sueldo para llegar a fin de mes y en otros dos millones todos los miembros de la familia están en paro. La precariedad laboral se ha duplicado y casi un millón de personas son parados de larga duración. A la brecha social, que según FOESSA se ha agrandado un 25% durante la pandemia, hay que añadir ahora la brecha digital que repercute especialmente en las personas mayores, otro colectivo que también está quedando atrás.

Otro tanto ha ocurrido con la brecha de género, que ha crecido de nuevo respecto a la crisis anterior, poniendo así rostro femenino a los aspectos más duros de la realidad social del país. Esta situación, sobre la que no hace falta cargar mucho las tintas porque ya es lo suficientemente negra y desoladora, tiene su traducción en menos dinero para alimentación, ropa y calzado, entre otros bienes de primera necesidad, y mayores dificultades para acceder a los servicios públicos.

Un escudo social insuficiente

Es urgente que los responsables políticos reaccionen ante esta grave situación y se pongan de acuerdo en cómo afrontar con medidas a corto, medio y largo plazo la cronificación de la pobreza en nuestro país, una situación de la que resulta casi imposible escapar sin ningún tipo de apoyo público. Sin que ello signifique desmerecer o menospreciar el esfuerzo hecho por el Gobierno a través de los ERTES o del Ingreso Mínimo Vital, a la vista está que el famoso "escudo social" del que tanto ha presumido con fines propagandísticos está dejando demasiado que desear. 

A modo de ejemplo, el manoseado Ingreso Mínimo Vital no llega aún ni a la mitad de los 850.000 potenciales beneficiarios que prometió el Gobierno. Conseguir que cumpla el objetivo para el que fue aprobado y se extienda a quienes lo necesiten debería ser una prioridad del Ejecutivo, pero no hay constancia de que se esté haciendo algo al respecto. Igual de prioritario debería ser reducir la precariedad laboral, pero tampoco parece que la leve reforma laboral vaya a ayudar mucho por más que la señora Díaz la utilice a toda hora como banderín de enganche electoral. Facilitar el acceso a la vivienda con algo más que medidas cosméticas como el bono de alquiler, acometer la brecha digital que discrimina a los mayores y adaptar los servicios sociales a las necesidades de los colectivos más vulnerables deberían ser ejes centrales de la actuación de todas las administraciones públicas, empezando por la central.

"El IMV no llega ni a la mitad de los potenciales beneficiarios"

Ni el Gobierno, que tanto alardea de progresista, ni la sociedad española pueden permanecer impasibles o pasar de puntillas sobre una hecatombe social de estas dimensiones: nada más y nada menos que casi la cuarta parte de la población española se está quedando atrás o se ha quedado definitivamente en la estacada en medio de la indiferencia generalizada. Los eslóganes que prometían que eso no ocurriría o que saldríamos más fuertes tendrían que haber servido para mucho más que para alimentar el autobombo y decorar las comparecencias públicas del presidente y sus ministros. Los crudos datos de FOESSA evidencian con su frialdad que ninguna pancarta por grande que sea ni ningún eslogan por mucho que se repita como un mantra, bastan para tapar la profunda y creciente brecha social que sufre el país.  

Desesperante atención a la dependencia

Acaban  de cumplirse quince años de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, una norma que generó grandes esperanzas pero que  también sigue sembrando frustración entre las familias que comprueban en carne propia la enorme distancia que aún hay en este país entre los derechos reconocidos sobre el papel y su disfrute real. En España han muerto este año casi 44.000 personas atrapadas en la telaraña de la burocracia, esperando una prestación por dependencia que ya llegará demasiado tarde para ellas. En el caso de Canarias, pocas dudas debería haber ya de que este es precisamente uno de los grandes lunares en la gestión del Gobierno autonómico cuando se ha superado con creces el ecuador de la legislatura. Los pequeños avances en este capítulo, que a pesar de todo ha habido y no hay por que negar, son tan inapreciables y tímidos que apenas si se perciben en medio de unos datos globales que no han hecho sino empeorar. 

Predicar y dar trigo

Cuando estaba en la oposición Sánchez sabía exactamente lo que había que hacer para evitar subidas de la luz como la de este año, pero una vez en el poder se le olvidó por completo. Con la atención a la dependencia en Canarias ha pasado exactamente lo mismo: cuando la actual consejera era la portavoz de Podemos en la oposición no dejaba pasar ninguna oportunidad de afearle de forma agria al gobierno de turno su gestión de este asunto, pero desde que tiene mando en plaza las cifras de la suya han puesto de manifiesto el abismo que existe entre predicar y dar trigo. Dicho en otros términos, la demagogia nunca ha servido para resolver ningún problema en ningún lugar. 

Una media de ocho dependientes han muerto cada día de este año en Canarias esperando recibir la prestación que tenían reconocida o pendientes de resolución sobre su grado de dependencia. En términos porcentuales Canarias tiene a más del 27% de sus dependientes reconocidos aguardando en listas de espera por una prestación, lo que la coloca la tercera por la cola en la clasificación de las comunidades autónomas por este concepto. No se queda atrás la lista de espera, que ha crecido también un 24%, a lo que se suma que la resolución de un expediente de dependencia se demora en Canarias una media de tres años, el doble de la media nacional, frente a los seis meses que establece la ley. 

Burocracia y caos organizativo es igual a ineficiencia

Se podría pensar que estos lamentables porcentajes son la consecuencia de la escasez de recursos y de personal, pero no parece que vayan por ahí los motivos de la situación. Se de la casualidad de que se ha contratado a un centenar de empleados para agilizar los expedientes y de que se ha incrementado la partida presupuestaria para atender la dependencia, pero el servicio sigue proa al marisco. Blanco y en botella, las causas no pueden ser otras que la burocracia, el caos organizativo y, en resumen, la ineficiencia del gasto público financiado con impuestos de todos los ciudadanos. 

Sin embargo, decir estas cosas, como recientemente ha hecho el presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, no gustan a una consejera que dos años y medio después de ocupar el cargo sigue recurriendo a la herencia recibida para intentar encubrir su deficiente gestión; eso cuando no amaga con dimitir o se desdobla de nuevo en portavoz de Podemos en la oposición y culpa de sus carencias al Gobierno central, en el que es precisamente su partido el responsable de los servicios sociales. 

"Una media de ocho dependientes mueren cada día en Canarias esperando la prestación"

En medio del desbarajuste por el que atraviesa la atención a la dependencia en la comunidad autónoma, el director general de la materia ha alegado "razones personales" para abandonar el barco e irse a casa. Su gestión ha permitido incorporar este año a unos 1.300 dependientes y a otros 3.000 se les ha reconocido el derecho. Sin embargo, deja sobre la mesa una pila de 10.000 expedientes sin resolver que, en muchos casos, se sustanciarán cuando ya sea demasiado tarde para quienes habían puesto sus esperanzas en la prestación para mejorar sus condiciones y calidad de vida. 

Quejas en saco roto

Con frecuencia ocurre que el retraso en la tramitación del papeleo obliga a repetir la evaluación y son habituales los casos en los que potenciales beneficiarios del sistema desisten de solicitar la prestación ante el calvario burocrático y la desesperante espera a la que temen verse sometidos. Ante esta realidad no extraña lo más mínimo que una de cada cinco quejas ante la Diputación del Común de Canarias esté relacionada con la penosa gestión de la prestación por dependencia, como ha revelado el titular de esa institución. 

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales viene reiterando desde hace años que Canarias tiene un serio problema de eficiencia en la gestión de ese servicio que se ha agravado en esta legislatura. Sus quejas, las de la oposición, las del diputado del común, las del comité de empresa de la consejería, las de las organizaciones no gubernamentales o las de los colegios profesionales relacionados con esta materia, han caído una tras otra en un terreno yermo en el que solo han encontrado desdén o desesperados intentos de culpar a terceros de la propia incapacidad. 

Lo dije en un post anterior sobre este asunto y me reafirmo a la vista de las últimas estadísticas: frente a este desastre, que vulnera el derecho y frustra las esperanzas de miles de personas, solo cabe la dimisión de la consejera. En su defecto, el presidente Torres debería agradecerle los servicios prestados y cesarla. Sabemos que no lo hará porque no es la valentía su principal virtud política, pero de él será en última instancia la responsabilidad de haber elegido para el cargo a una persona que ya ha dado sobradas muestras de su ineficiencia en un asunto socialmente tan sensible y delicado. 

Inmigración: sordos, mudos y ciegos

En política rige una máxima no escrita por la cual de lo que no se habla no existe. A punto de despedir 2021 ya han llegado a Canarias este año 20.000 inmigrantes por vía marítima, una cifra que trae a la memoria la crisis de los cayucos de 2006. Con todo, lo más grave no es el número de los que han llegado, sino el de los que no han tenido esa suerte: entre el 1 de enero y el 30 de noviembre se han ahogado 937 personas intentando llegar a Canarias, ente ellas 83 niños y 248 mujeres. Obviamente, en la estadística oficial no se incluye a los más desafortunados de todos, los desaparecidos de los que no quedó noticia, que ni siquiera pueden aspirar a ser un número en el conteo de muertos y que bien podrían duplicar la cifra atroz de los de cuyo fallecimiento sí hay constancia. Lo cierto es que e pesar de estos datos terribles, ni hay debate político o social ni en los medios aparece otra cosa que no sea el cansino recuento casi diario de llegada de pateras y muertes durante la travesía.

AP/JAVIER BAULUZ

Inmigración y agenda política

Que estas gélidas cifras oficiales sean un 7% superiores a las de 2020 y un 363% más que en 2019, no parecen suficiente argumento para que la clase política y el conjunto de la sociedad muestren algún signo de alarma, inquietud o desasosiego por el drama humanitario que se desarrolla ante nuestros propios ojos y ante el que preferimos permanecer mudos, sordos y ciegos. ¿Cuántas personas más tienen que morir o desaparecer en el mar para que el asunto merezca la atención que requiere por parte de todos? 

Puede que sea la pandemia que no cesa o los problemas económicos, pero lo cierto es que la tragedia de las personas que fallecen intentando llegar a Canarias ha desaparecido por completo de las agendas políticas de los gobiernos central y autonómico. Aunque a decir verdad, antes del virus y sus consecuencias tampoco era algo que pareciera quitar demasiado el sueño a los gobernantes, salvo cuando tenían que pasar el mal trago de que las televisiones y las redes sociales mostraran al mundo a miles de inmigrantes hacinados en un muelle pesquero bajo un sol implacable, porque los irresponsables representantes públicos habían desoído todas las advertencias sobre el repunte del fenómeno y no se habían preparado adecuadamente los medios  de acogida.

"Hacer el menor ruido mediático posible es la consigna en vigor"

Ahora, más allá de habilitar de prisa y corriendo algunas instalaciones para dar alojamiento en condiciones muchas veces precarias a los que tienen la suerte de pisar tierra firme y de poner algún tuit de compungida condolencia, no se tiene constancia de plan o estrategia gubernamental alguna para responder al desafío. Desviar el tiro a Bruselas e ir tirando como buenamente se pueda sin hacer mucho ruido mediático parece ser la consigna política en vigor. Nadie debió escudarse en 2019 en que no se podía saber lo que estaba a punto de ocurrir con la ruta canaria de la inmigración, una de las más peligrosas del mundo, en cuanto se incrementó el control sobre las del Estrecho y el Mediterráneo. Aún así, han pasado ya dos años y 2021 va camino de convertirse en el peor año en cuanto a muertes de inmigrantes en el mar desde que se llevan estadísticas, mientras la pasividad política y la indiferencia social también han ido en aumento.

Indiferencia social y reto político

Ni siquiera la presión sobre los centros que acogen a menores inmigrantes llegados sin acompañamiento familiar consigue sacar de su modorra política al Gobierno de Canarias, incapaz de lograr de Madrid que derive a otras comunidades autónomas a parte de los 2.700 chicos que tiene bajo su tutela. Los centros están al límite, faltan cuidadores, las pruebas de edad se retrasan y centenares de menores podrían terminar en la calle en una especie de limbo legal. Eso sí, el Parlamento canario creó en septiembre una "comisión de estudio" sobre la inmigración, una fórmula tan socorrida como inútil de la que suelen echar mano los políticos cuando quieren dar la falsa sensación de que están muy preocupados por un problema. Los resultados prácticos de esa comisión los podemos avanzar ya antes de que concluya sus trabajos: cero pelotero.

Si a los políticos les incomoda hablar de un problema que no pueden resolver con eslóganes simplones, la sociedad no les va a la zaga con su indiferencia ante lo que ocurre en las costas de las islas. Así, entre el silencio de unos y la falta de compasión de otros hemos normalizado este drama, lo hemos asumido como algo inevitable en lo que no tenemos ninguna responsabilidad y hemos seguido con nuestras cosas. Es una respuesta social hasta cierto punto comprensible cuando una situación, por trágica que sea, se vuelve crónica y quienes deberían liderar la búsqueda de soluciones prefieren también practicar la política del avestruz. Sin embargo, creo que es la peor de las  alternativas imaginables porque el desafío no va a desaparece solo porque nos engañemos dejando de hablar de él y no prestándole atención. 

"Hemos normalizado el drama y lo hemos asumido como inevitable"

Clase política y sociedad deberíamos desprendernos de ataduras ideológicas y sesgos xenófobos y al menos ser prácticos por una vez: la inmigración ordenada y segura salvaría muchas vidas y sería de gran ayuda económica en un país cada día más envejecido, en el que en algunas provincias ya hay serios problemas para encontrar mano de obra en sectores como la construcción o los servicios. En la última década las muertes de españoles autóctonos han superado en más de un millón a los nacimientos y, según el INE, el 20% de la población ocupada tiene en la actualidad más de 55 años, lo que significa que se empezará a jubilar en los próximos años, agravando aún más la carencia de trabajadores y las maltrechas cuentas de la Seguridad Social. 

¿Y si dejáramos de taparnos la boca, los ojos y los oídos y miráramos por una vez el problema de frente para buscar una salida que rebaje drásticamente la pérdida de vidas y ayude a sostener la economía del país? No soy un iluso, sé que no es nada sencillo y puede incluso que sea mucho pedir en un país en el que los grandes pactos de estado se han convertido casi en misión imposible. Pero es precisamente frente a grandes retos como este ante los que un país, con sus líderes públicos al frente, debería demostrar su capacidad de estar a la altura de lo que exige una trágica realidad que no se puede ignorar indefinidamente. 

El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Todos recordamos el día en que el Gobierno aprobó el decreto ley del Ingreso Mínimo Vital (IMV): era el 29 de mayo de 2020 y faltaban tres telediarios para que Pedro Sánchez proclamara urbi et orbi que había vencido el virus y ya podíamos echarnos a la calle a "disfrutar". También eran los tiempos del "salimos más fuertes" y del "no dejaremos a nadie atrás" que aún hoy alimentan el autobombo gubernamental. Pablo Iglesias se soltó la coleta y se apuntó el tanto: "es un día histórico para la democracia", dijo; como le pareció poco añadió que el IMV es  "el mayor avance en derechos sociales desde la aprobación de la ley de la Dependencia en 2006". En los Presupuestos se consignaron 3.000 millones de euros de los que en septiembre de este año solo se habían gastado 1.400 millones. Así las cosas, un año y medio después perciben la ayuda unos 800.000 de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios y de cada cuatro peticiones se han denegado tres. Así es como esta medida estrella del famoso "escudo social" ha servido hasta ahora mucho más para que el Gobierno se cuelgue inmerecidas medallas que para paliar la miseria de los 4,5 millones de españoles en situación de pobreza severa, "dramáticamente agravada por la pandemia" según el propio Gobierno. 

Camino del fiasco

Ante tantas y tan buenas intenciones, uno se pregunta qué está saliendo mal para que el IMV vaya camino de ser otro fiasco si no lo remedian los cambios introducidos en la ley que el Congreso acaba de aprobar sin ningún voto en contra. La primera respuesta es que ha fallado todo lo que suele fallar cuando se adoptan decisiones de esta naturaleza con la mente puesta ante todo en los eslóganes resultones y en los titulares del día después, es decir, sin estudiar a fondo cómo, cuánto y a quién se pretende ayudar a salir del hoyo de la pobreza. Es lo que se ha calificado de diseño equivocado - por improvisado y alejado de una realidad compleja - de una medida sobre la que hasta el Defensor del Pueblo ha mostrado sus recelos por si discrimina a los jóvenes con respecto a los adultos.

En segundo lugar, no tuvo en cuenta el Gobierno la pesada e inmisericorde maquinaria burocrática de este país, capaz de acabar con la paciencia de un santo y de convertir en papel mojado cualquier decisión por bien intencionada e incluso bien articulada que esté. Lo hemos visto decenas de veces cuando las ayudas "inmediatas" que prometen los políticos a pie de inundaciones, terremotos, incendios o volcanes deben pasar mil y un filtros administrativos mientras los potenciales beneficiarios desesperan esperando. Con el IMV está ocurriendo exactamente lo mismo, agravado por el número de administraciones que se involucran en el proceso. 

EFE

Requisitos inalcanzables

Pero no culpemos a la burocracia de todos los males. Los espartanos requisitos del decreto, ahora levemente suavizados en la ley, resultan inalcanzables para la gran mayoría de quienes teóricamente tendrían derecho al IMV. Por citar solo un ejemplo, los ingresos de referencia para conceder la ayuda son los de 2019, año en el que afortunadamente aún no sabíamos nada de la existencia de un virus llamado COVID-19 y sus efectos. Además, para poder presentar la solicitud es muy recomendable disponer de ordenador y conexión a internet, lo cual resulta cuando menos sarcástico tratándose de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Sin embargo, presentarla en papel garantiza una larga espera para saber si se es merecedor del IMV o toca seguir de pobre de solemnidad. 

Hablando de seguir de pobre, ya me dirán cómo se vive con 484 euros mensuales, que es el IMV de un adulto que viva solo, o con 900 euros para una familia de dos adultos y dos menores. Para que se entienda mejor baste con decir que, entre estas cantidades y la que marca la línea roja a partir de la que ya no se pertenece oficialmente a la categoría de pobre, cifrada en unos 20.000 euros, hay una diferencia de unos 11.000 euros. A lo anterior hay que añadir que las ayudas llegarán a familias que ya han caído por el tobogán de la pobreza y que lo tendrán muy difícil para revertir su situación. Y cierro este capítulo con una pregunta para subir nota: ¿cuántos millones procedentes de los fondos europeos para hacer frente a los daños de la pandemia destinará el Gobierno a paliar la lacra de la pobreza y la exclusión? 

Canarias, a la cabeza de la cola 

El círculo del chasco lo completa la foto de su cobertura por comunidades autónomas, cuyas insuficientes rentas mínimas ha venido teóricamente a complementar el IMV. Y cómo no, ahí está Canarias una vez más, casi liderando las autonomías menos beneficiadas, superada solo por Cataluña. En estas islas el IMV ha llegado al modesto porcentaje del 5,5% de los potenciales beneficiarios, lo que supone que lo han recibido unas 36.000 personas. Para entenderlo mejor hay que recordar que en 2020 había en Canarias algo más de 800.000 personas en riesgo de pobreza o exclusión social, de las que cerca de la mitad caían en la categoría de pobreza severa. Este dato es un 7% superior a la media nacional, por no hablar de un paro en las islas del 24% que también supera en 10 puntos el dato nacional.

Para 2022 los Presupuestos del Estado consignan una partida para el IMV de 4.436 millones de euros y la ley relajará algunos de los leoninos requisitos del decreto ley para acceder a la ayuda, cuya cuantía también se incrementa un 3%. Aún así, los responsables de servicios sociales consideran que el arreglo es insuficiente y calculan que el IMV no sacará de su situación a una quinta parte de la población en riesgo de pobreza siempre y cuando se cumplan las previsiones del Gobierno, algo sobre lo que no conviene hacerse muchas ilusiones dada la experiencia. 

Dice un conocido proverbio chino que si regalas pescado a un hombre le darás alimento para un día, pero si le enseñas a pescar lo alimentarás para el resto de su vida. En España esto significaría que no basta con que el IMV llegue a las personas que han caído en el pozo de la pobreza; la necesaria ayuda debería estar acompañada de políticas que les sirvan para salir de una situación que suele volverse crónica y hereditaria para la mayoría, y que con la crisis de la pandemia se ha agravado. Creo que no hay mejor ingreso mínimo vital que el acceso a la formación y a un trabajo digno, sin que esto suponga que los poderes públicos no deban hacer lo posible para no dejar a nadie atrás. Sin embargo, a fecha de hoy, esa expresión todavía tiene mucho más de eslógan propagandístico y electoral que de realidad palpable. 

El Parlamento canario incumple sus deberes

Un parlamento que incumple de forma flagrante y sin motivo suficiente un mandato expreso de la norma básica a la que se debe, no puede aspirar a conquistar el respeto y la confianza de los ciudadanos a los que representa. Este sábado, 6 de noviembre, se cumplirán los tres años previstos en el reformado Estatuto de Autonomía de Canarias para que el parlamento regional apruebe una ley reguladora de las elecciones autonómicas. Tres años en los que sus señorías, tanto los de la legislatura anterior como los de la actual, que ya ha superado con creces el ecuador, no han movido prácticamente un papel para cumplir ese mandato claro y concreto. Son responsables todos los partidos de la cámara, pero en especial su presidente Gustavo Matos y el Gobierno autonómico. El primero porque no ha hecho honor a su promesa de que la ley se aprobaría en el plazo establecido y no puede decirse que se haya esforzado demasiado en conseguirlo; el segundo, porque es muy llamativo que tres de los cuatro partidos que lo apoyan - PSOE, NC y Podemos -, que en la oposición convirtieron este asunto en banderín de enganche, hayan dejado pasar el tiempo sin impulsar una sola propuesta para mejorar la calidad de la democracia en la comunidad autónoma. 

EP

Cuarenta años sin ley electoral

La autonomía canaria está a punto de cumplir cuarenta años y aún sigue sin una ley propia reguladora de su sistema electoral. A la vista de la nula voluntad y la falta de valentía de quienes tienen la obligación legal y política de poner fin a esa insólita situación en una democracia, cabe temer que las graves carencias del sistema provisional actual se fosilicen como algo inevitable. Para el muy mejorable método que se empleó en las elecciones de 2019 hicieron falta dos años de reuniones de una subcomisión parlamentaria de estudio por la que pasaron una gran cantidad de profesores constitucionalistas y expertos en sistemas electorales, además de varios representantes de la sociedad civil. 

Tanto esfuerzo de tantos durante tanto tiempo tuvo como resultado un acuerdo de mínimos in extremis para salvar el expediente ante la opinión pública: que no se dijera que no lo habían intentado. Aún así no contó con el apoyo de CC, aferrada a la desfasada triple paridad, ni con el de la Agrupación Socialista que lidera Casimiro Curbelo, temeroso de que su influencia en la política autonómica quede relegada si se corrigen los escandalosos niveles de infrarrepresentación de las islas más pobladas.  

Un paso en la dirección correcta pero insuficiente

El canario es uno de los sistemas electorales más injustos de la Unión Europea según la inmensa mayoría de los expertos. El hecho de que el 17% de la población elija a la mitad de los miembros del parlamento y el 83% restante a la otra mitad es lo suficientemente elocuente de su falta de proporcionalidad. Ese estado de cosas, arrastrado desde el inicio de la etapa autonómica con la fórmula de la triple paridad, se corrigió solo en parte en 2019 a través del acuerdo parlamentario citado que implantó la circunscripción regional, aumentó a 70 del número de escaños y bajó las barreras de acceso a la cámara. Fue un primer paso en la dirección correcta, pero claramente tímido e insuficiente. La prueba es que la ASG obtuvo tres escaños con solo 6.000 votos y de propina grupo parlamentario; a Podemos, en cambio, le hicieron  falta 80.000 sufragios para obtener cuatro escaños y a Ciudadanos casi 66.000 para tener dos asientos en la cámara. 

A falta de una ley electoral autonómica, las elecciones de 2019 aplicaron ese injusto sistema en virtud de una norma transitoria sujeta al control de los jueces y de la Junta Electoral. En la memoria de todos los electores canarios seguramente permanece muy vivo aún el esperpento de la doble urna y las dos papeletas de votación. Entonces se aceptó aquella situación porque supuestamente no había tiempo material de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones para desarrollar la ley mandatada por el nuevo Estatuto de Autonomía, que había entrado en vigor en noviembre de 2018. 

La pandemia como excusa perfecta

Sus señorías, sin embargo, no consideraron que el asunto fuera merecedor de sus desvelos. Pasaron las elecciones y término 2019 y no fue hasta marzo de 2020 cuando el presidente del Parlamento aseguró que se cumpliría el plazo previsto en el Estatuto. Incluso se reunieron la Mesa y la Junta de Portavoces, establecieron un calendario de trabajo y se conjuraron para que no pasara de noviembre de este año. Pero entonces llegó la pandemia y con ella la excusa perfecta para olvidar las buenas intenciones y aparcar el cumplimiento de la obligación estatutaria, al parecer indefinidamente. Así, aunque en enero de este año Gustavo Matos volvió a prometer lo mismo que un año antes, el resultado ha sido el mismo: ninguna de las fuerzas de la cámara ha mostrado interés en que las islas cuenten con una ley que corrija las manifiestas disfunciones del sistema de elección de los parlamentarios regionales. 

"Tres años perdidos para resolver una vieja asignatura pendiente: la ley electoral canaria"

Esta falta de voluntad política solo puede responder a una causa: el que más y el que menos está a gusto con el statu quo y prefiere tener la fiesta en paz, que en esta vida nunca se sabe con quién habrá que pactar. PSOE, NC y Podemos seguramente temen que Casimiro Curbelo se revire si le mencionan la bicha del sistema electoral y los deje sin Pacto de las Flores ni perro que les ladre; el PP tampoco quiere hacerse sangre con una cuestión con la que no gana mucho y le puede dificultar posibles pactos en el futuro, mientras a CC este asunto siempre le ha producido ronchas y sarpullidos de tercer grado como para tirarse piedras contra su propio tejado. En otras palabras, unos por otros mantienen la casa sin barrer y que diga misa el Estatuto. 

Tres años han desaprovechado los partidos para aprobar por fin la vieja asignatura pendiente de Canarias: un acuerdo de amplio consenso para disponer de una ley electoral mucho más justa y proporcional que el sistema desigual que hemos padecido durante cuatro décadas. Son los mismos partidos que se lamentan de que la población desconfíe y muestre nulo interés por los asuntos parlamentarios, como si ellos les dieran alguna buena razón para que se interesen. También son los que denuncian que Madrid no respeta el Estatuto pero son incapaces de dar ejemplo respetándolo ellos. Han olvidado que el respeto y la confianza siempre empiezan por uno mismo y, en este caso, el  Parlamento de Canarias ha demostrado que no lo hace: ni se respeta ni respeta a quienes le confieren su legitimidad: los ciudadanos canarios. 

Ni el volcán para ni las ayudas llegan

Escribí hace unos días en una red social que si las visitas semanales de Pedro Sánchez a La Palma no vienen acompañadas de la agilización de las ayudas prometidas a los afectados por la erupción volcánica, habría que suponer que lo suyo es una mera utilización política de esta situación. Más de cinco semanas después del inicio de la erupción y tras otros tantos viajes del presidente a la isla, así como del paso por ella de varios ministros y líderes políticos que poco o nada han aportado, me reafirmo más si cabe en esa idea. Salvo pequeñas entregas urgentes a cargo de las administraciones canarias, aún no han recibido las familias que lo han perdido todo prácticamente nada de las ayudas prometidas y aprobadas en Consejo de Ministros. De hecho, ha sido en la quinta visita cuando Sánchez ha venido a reconocer la necesidad de agilizar la burocracia para que las ayudas "lleguen cuanto antes". 

REUTERS

Las cosas de palacio...

No hay que irse muy atrás en el tiempo para recordar los años que han tardado en recibir el apoyo público prometido los afectados por graves incendios o inundaciones, en muchos casos después de una interminable carrera de obstáculos burocráticos que no todos consiguieron sortear. De viejo es sabido que las cosas de palacio van despacio, pero ese manido tópico deberían haberlo dejado obsoleto hace mucho avances como el de las tecnologías de la información aplicadas a una administración que, sin embargo, sigue padeciendo el mal crónico de la lentitud exasperante, el formalismo absurdo y la desidia insensible. Males que se incrementan exponencialmente cuando no es solo una sino hasta cuatro las administraciones con competencias sobre el mismo asunto, mientras cunde la sospecha de que quien más y quien menos no quiere dejar pasar la oportunidad de sacar rédito político de su contribución a la causa. 

No solo falta un mayor espíritu de servicio público entre quienes tienen el deber de tramitar los expedientes a la mayor velocidad posible sino, sobre todo, una voluntad política decidida a remover trabas y procedimientos no imprescindibles de manera que unas ayudas que se necesitaban para ayer no se acaben entregando años después, cuando sus beneficiarios ya han perdido toda esperanza. Aunque no solo son las ayudas prometidas las que no llegan aún a sus potenciales beneficiarios. Tampoco se conoce por ahora un solo plan, siquiera sea provisional, para recuperar las infraestructuras y la actividad en las zonas afectadas por la lava. Vale que haya aún que aguardar la evolución de los acontecimientos, pero esa prudencia no excluye hacer cálculos y valoraciones preliminares de los daños para reservar partidas presupuestarias suficientes con las que paliarlos. 

¿Y las ayudas para cuándo?

El mismo principio de urgencia debería aplicarse a las ayudas económicas a los afectados que viven con lo puesto y de prestado en casas de familiares o amigos, en lugar de escudarse en la falacia de que hasta que el volcán no deje de expulsar lava es imposible determinar los criterios para repartirlas. A esa urgencia en la distribución de las ayudas debería añadirse una mayor dotación económica de las mismas. Los 30.000 euros por vivienda para las familias que se han quedado en la calle se antojan una cantidad a todas luces insuficiente, que apenas daría para un centenar de viviendas de unos cuarenta metros cuadrados. Igual de sangrante resulta que los trabajadores autónomos afectados se vean en la tesitura de tener que cesar en la actividad y despedir a sus empleados para poder acogerse a las ayudas. Que cinco semanas después de haberse iniciado este episodio volcánico aún no se haya resuelto ese asunto es una muestra más de la distancia que hay entre las promesas de los políticos y la dura realidad de los hechos. 

Nada se sabe tampoco de las gestiones ante Bruselas de los gobiernos central y canario para aprovechar los fondos ofrecidos por la Comisión Europea nada más producirse la erupción. Unas 7.000 personas fuera de sus hogares, 900 hectáreas arrasadas y más de 2.000 edificaciones sepultadas bajo la lava, mientras el volcán no ofrece síntomas de parar a corto plazo, no parecen ser razones suficientes para que las administraciones aceleren la maquinaria burocrática de una vez y atiendan en tiempo y forma la dramática situación. El rescate de unos perros por personas desconocidas, mientras se discutía en los despachos si eran galgos o podencos antes de ponerlos a salvo, ha dejado con las vergüenzas al aire a una administración acostumbrada a enredarse en los detalles y obviar lo importante. 

Quienes único han estado avispados y ágiles han sido los que han aprovechado la dramática situación para promocionarse en las redes sociales como los adalides de una solidaridad de campanario y alarde, muy alejada de la modestia y la discreción que debería rodear siempre ese tipo de prácticas. Así las cosas, o se exige celeridad y presteza a los responsables públicos mientras el volcán continúa bajo el foco mediático, político y social o pasará lo de tantas y tantas veces: las buenas palabras y los fondos prometidos también pueden terminar convertidas en ceniza cuando la lava deje de salir. 

Paro juvenil y políticas de campanario

Como indiqué en un post reciente, en España somos expertos en discutir sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos asedian las puertas de la ciudad. Nos sueltan una liebre y corremos detrás con un entusiasmo digno de mejor causa, sin pensar en que puede haber asuntos de más enjundia sobre los que enzarzarnos. La última de esas liebres la soltó hace poco el presidente Sánchez, un maestro redomado en desviar la atención de los problemas crónicos de este país, a los que su Gobierno enfrenta con más eslóganes que acciones para resolverlos. El nuevo trampantojo se llama “bono” y vale tanto para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler como para que accedan al “consumo” de cultura. En ninguno de los dos casos ha hecho mención el presidente al verdadero drama de la juventud española: el paro juvenil más elevado de la Unión Europea.

EFE

La panacea de los bonos

Ofrecer un bono plagado  de requisitos para ayudar a pagar el alquiler a una juventud a la que le resulta prácticamente imposible emanciparse, es otra de esas medidas propias de un Gobierno acostumbrado a quedarse en la espuma de los problemas en lugar de atacar sus causas últimas. Si es necesario se cuestiona el derecho a la propiedad y se interviene el mercado del alquiler, todo a mayor gloria del populismo, generando probablemente el efecto contrario al que se pretende: que la oferta de alquileres se reduzca y los precios, en lugar de disminuir, suban.

El otro bono de moda es el que el presidente quiere entregar a los jóvenes que cumplan 18 años para que “consuman” cultura. Aparte de lo chirriante y pedestre que suena la expresión “consumo de cultura”, se trata de otra decisión que ignora deliberadamente lo prioritario para centrarse en lo auxiliar. Sin desmerecer lo que tiene de positivo social y económicamente el acceso de la población a todo tipo de expresiones culturales, basta echar un vistazo a los datos del paro juvenil para comprender que los cimientos van siempre antes que el techo y que, cuando lo que está en juego es el dinero público, es imprescindible priorizar en lo que se emplea. 

Paro juvenil: una realidad pavorosa.

Cuatro de cada diez jóvenes españoles de menos de 25 años estén en paro, una cifra escandalosa que, en una región como Canarias, con más del 60% de la juventud en esa situación, se torna trágica. Somos el país de la UE con más jóvenes en paro y liderando la clasificación está Canarias, con un desempleo juvenil veinte puntos por encima de un país como Sudáfrica. Por desgracia, esto no es nada nuevo: a la llegada de Zapatero el paro juvenil en España rondaba el 22% y a la de Rajoy había subido hasta casi el 50%. A la llegada de Sánchez había descendido al 34% para repuntar de nuevo ahora a casi el 40%. Cierto que en medio se ha sufrido la crisis financiera y la pandemia, a pesar de lo cual, en países como Alemania el paro juvenil se sitúa en el 6% y el español supera en más de veinte puntos la media europea.  El paro de los jóvenes españoles es una rémora crónica y estructural, consecuencia de un sistema educativo devaluado y un mercado laboral incapaz de absorber la mano de obra que pide paso. Los millones de euros públicos que las administraciones han destinado en los últimos años a la lucha contra del desempleo apenas han servido para disimular una realidad que se resiste al tratamiento con tiritas.

"El paro juvenil en España es un drama social que se pretende atender con tiritas"

Seguramente somos también el país europeo con más planes contra el paro juvenil. Eso no ha impedido que Yolanda Díaz se privara de presentar el suyo cuando aún está vigente el que presentó Sánchez en diciembre de 2018 para el periodo 2019 - 2021. El nuevo cuenta con 5.000 millones de euros y está cargado de tantas y tan buenas y elevadas intenciones como los otros. Sin embargo, los resultados obtenidos por todos ellos se reflejan de forma constante en las pavorosas estadísticas oficiales. Y así es muy probable que continuemos, mientras no se afronten con grandes consensos de estado las dos causas principales que provocan este drama social: un sistema educativo que desprecia el esfuerzo y la excelencia igualando a los alumnos por abajo y un juego de relaciones laborales alérgico a la juventud. 

Suena tópico advertir de la falta de conexión entre los planes de enseñanza y el mercado de trabajo y que la FP aún es vista como una salida de menor prestigio social que la universidad.  Por otro lado, un tejido empresarial con un fuerte peso de las pymes y los autónomos, tampoco es de gran ayuda para la inserción laboral de los jóvenes si la mayoría de las empresas no tiene interés en prolongar el vínculo laboral con los alumnos en prácticas cuando estas terminan. La otra pata del problema es precisamente un marco de relaciones laborales en el que los jóvenes son los actores más vulnerables. Si añadimos la maraña burocrática de la contratación, tendremos algunas de las claves principales del este fracaso social: sobrecualificación, precariedad, abuso de la temporalidad y, en resumen, despilfarro de un valiosísimo capital humano.

Una política electoralista para un drama social

Además del futuro de la economía y de la sostenibilidad de un pilar del estado del bienestar como las pensiones públicas, un paro juvenil como el español tiene otras graves consecuencias: desde el desánimo ante un futuro en negro a la marginalidad social o la inmersión en la economía sumergida. Las familias han de asumir gastos extra si la emancipación se pospone; además, los proyectos personales se aplazan hasta que la economía doméstica los permitan, influyendo negativamente en la baja tasa de natalidad en un país que envejece a ojos vista. Ante esta situación hay dos opciones: una, continuar como hasta ahora, con cada gobierno deshaciendo lo que hizo el anterior en educación y relaciones laborales y gastando dinero público en planes ineficaces; la otra, ponernos de una vez de acuerdo sobre qué sistema educativo y qué marco de relaciones laborales necesita este país para que los jóvenes encuentren en España el futuro digno que merecen y les debemos como sociedad.

El Gobierno de Sánchez opta por la primera solución y deja en un segundo plano las causas reales del mal causado. A la poca eficacia de los planes de empleo añade ahora unos cuantos millones más en pólvora del rey en forma de bonos. Hay que estar ciego o ser un rendido admirador de Sánchez – lo cual viene siendo casi lo mismo - para no ver en esa medida, financiada con dinero de todos los españoles, un descarado intento de ganarse el voto juvenil. Sus políticas se caracterizan por no superar el próximo horizonte electoral, lo que requiere gastar sin tasa ni medida el dinero público y no pensar en las consecuencias para el país a medio y largo plazo. Por eso Sánchez siempre será un político mendaz que no alcanzará la categoría de estadista, aquella a la que, según Churchill, solo se llega cuando se pone la mirada en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones.