Con desesperanza
se preguntaba hace unos días la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, qué
hacer ante el aumento del número de mujeres asesinadas vilmente a manos de sus parejas
o ex parejas. Era una reflexión en voz alta a propósito de dos recientes y
nuevos casos de sendas mujeres que perdieron la vida en menos de 48 horas en Sevilla
y en Tarragona. En ambos casos medió un arma blanca asesina y un hombre que
probablemente sigue convencido a esta hora de haber hecho lo que tiene que
hacer todo hombre que se precie cuando esa mujer, a la que ha puesto en el mismo nivel que cualquier otra propiedad
material suya, no se aviene a sus deseos y a su dominio.
El
descorazonamiento de Becerril es más que comprensible si uno repasa las frías
pero elocuentes estadísticas sobre la violencia machista en España difundidas
hoy mismo por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judicial. En los seis primeros meses de este año el
balance asciende a 31 mujeres asesinadas, la cifra más alta de los últimos 7
años, casi el doble de la del año pasado.
“El número de mujeres asesinadas este año en
España casi duplica el del año pasado”
Atención especial merece el número de víctimas mortales de la violencia machista registradas en lo que llevamos de año que había denunciado malos tratos y cuántas de ellas contaban con protección judicial. Y es aquí en donde de nuevo se aprecia una de las fallas por las que probablemente la lucha contra esta lacra sigue flaqueando. De las 31 mujeres asesinadas sólo 6 habían denunciado a su agresor y, de ellas, sólo cuatro tenían medidas de protección. El escaso número de mujeres que denuncia en relación con el de asesinadas y la aparente renuencia de los jueces para conceder protección a las victimas se ha convertido en una cansina constante de las estadísticas sobre violencia machista.
El aún reducido número de denuncias tiene causas conocidas en el miedo de muchas de las víctimas a empeorar la relación o en la esperanza, la mayor parte de las veces vana, de que mejore. Lo que merecería una reflexión a fondo por parte del Consejo del Poder Judicial y del legislador es por qué los jueces de violencia de género parece tan pacatos cuando se trata de ordenar protección. A lo que hay que añadir que en no pocos casos esas órdenes no han sido en absoluto garantía de seguridad para las mujeres protegidas por ella.
"Mientras, los partidos discuten sobre si es violencia machista o de género"
Las cifras que
hoy ha publicado el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género
deberían servir también para sacar de una vez de su modorra a la subcomisión
del Congreso de los Diputados creada hace meses para consensuar un pacto contra
este goteo constante de mujeres asesinadas y minutos de silencio al día
siguiente ante las instituciones. A fecha de hoy, los partidos que integran esa
subcomisión parece que no se han puesto de acuerdo prácticamente en nada. Tal
es así que ni siquiera hay consenso sobre si hay que hablar de violencia
machista o de violencia de género.
Si no fuera
trágico sería de risa que la discusión esté encallada en una cuestión semántica
y que nada se sepa aún de cambios legislativos, medios materiales y medidas
preventivas y educativas para luchar contra lo que todos podemos coincidir en llamar simple
y llanamente viles asesinatos. Pues claro que es para estar descorazonado y preguntarse
qué hacer si, mientras siguen muriendo mujeres a manos de sus parejas, quienes
tienen la responsabilidad pública de hacer frente a este azote se limitan a
convocar minutos de silencio y discutir sobre si son galgos o podencos: son
asesinos y punto.
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