Si entre las
obligaciones de cualquier gobierno figura la de priorizar en qué se quiere
gastar el dinero público, no se puede negar que el Gobierno de Canarias tiene
claras cuáles son sus prioridades para emplear los 160 millones de euros del
malhadado Impuesto sobre el Tráfico de Empresas. Que esas prioridades coincidan
con las necesidades de la mayoría de la población de estas Islas es algo mucho
más cuestionable y discutible. Y en eso, en discutir cómo y en qué se gastan
los 160 millones de marras, llevamos ya más de un año en el que no sólo no hay
acuerdo sino que el desacuerdo es cada día mayor.
Lo que se
celebró justamente como una inyección económica para unas arcas públicas
necesitadas de recursos después de años de recortes, se ha terminado
convirtiendo en un serio problema político y en causa de enfrentamiento
interinsular lo cual, si cabe, es aún
mucho más grave. Las responsabilidades del dislate en el que se ha convertido
la distribución del extinto impuesto son compartidas entre instituciones y
partidos políticos. Quien más y quien menos ha echado su cuarto a espadas para
enredar algo que se hubiera resuelto sencillamente con solo añadir ese dinero a
los presupuestos de la comunidad autónoma y asignarlo a unos servicios públicos
sacrificados en el altar del sacrosanto déficit público.
En lugar de
optar por esa fórmula se eligió la de poner los territorios por encima de la
población y de sus necesidades y, como era de esperar, surgió la polémica que
parece lejos aún de remitir. Los cabildos de las cinco islas beneficiadas por
esa opción se han aferrado a una fórmula que les asegura una lluvia de millones
con la que no contaban y con la que podrán pagar facturas atrasadas y emprender
obras cuya necesidad social habría al menos que discutir.
De los dos cabildos
perjudicados en el reparto, los dos de las islas capitalinas en donde reside el
80% de la población y se registran los mayores problemas sociales, uno se
proclama el rey de la solidaridad con las islas pequeñas aunque salga mal
parado y el otro se presenta como la víctima de una fórmula que considera una
afrenta a las necesidades de su isla. Ni que decir tiene que el color político
de cada uno de los cabildos determina en buena medida las respectivas
posiciones en este descomunal despropósito en el que se ha terminado
convirtiendo el dinero del ITE.
En medio del
rebumbio sólo faltaba que el Gobierno se partiera un poco más en dos: eso es precisamente lo que ha ocurrido con la
espantada de los consejeros socialistas que
se han declarado en rebeldía al descubrir de la noche a la mañana que la
opción de sus socios es “clientelar” y “ territorial” y no atiende a las necesidades
del grueso de la población. La inesperada postura de los consejeros socialistas,
no obstante, parece responder más a un cálculo político de última hora para
tensar la cuerda del pacto y forzar así a sus socios nacionalistas a firmar los
decretos de destitución.
Sin embargo, que
la triple paridad seguía latente como fórmula de reparto del dinero del ITE era
algo que caía por su propio peso, independientemente de que se la bautizara pomposamente
como Fondo de Desarrollo Económico de
Canarias y aspirara nada menos que a cambiar el modelo productivo del
Archipiélago. Se impone pues una rectificación por parte de todos, pero empezando
por el presidente del Gobierno de Canarias y por CC como principales inspiradores de este enredo absurdo que
sólo ha conseguido crear un problema de lo que aún puede y debe ser una
solución para las múltiples necesidades que tienen estas islas. Todo pasa simplemente
porque hagan coincidir sus prioridades con las necesidades de los ciudadanos: no
es tan difícil si hay voluntad y priman los intereses de la mayoría sobre las
conveniencias políticas de unos y de otros.
No hay comentarios:
Publicar un comentario