¿Qué hace el responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, el magistrado Daniel de Alfonso, explicándole al ministro del Interior del Gobierno de España, Jorge Fernández Díaz, las pesquisas en las que está trabajando sobre posibles irregularidades en partidos como Ezquerra Republicana de Cataluña o Convergencia Democrática?
¿Qué relación jerárquica existe entre de Alfonso y Fernández para que esa reunión se celebre y para que el primero le transmita al segundo información que no puede ni debe transmitirle más que al Parlamento de Cataluña, del que depende la Oficina Antifraude? ¿Quién graba, por orden de quién y con qué fines graba? ¿Quién filtra las grabaciones a un medio de comunicación, por qué ahora y con qué fines?
¿Con qué fines ha usado Fernández Díaz la información que le facilitó de Alfonso en esa reunión conocida ahora a través de las grabaciones reveladas por el diario Público? ¿Las utilizó de algún modo o pensó utilizarlas contra políticos catalanes como Oriol Junqueras o Artur Mas?
¿Además de las conversaciones recogidas en la grabación que ahora ha salido a la luz, se han producido nuevos encuentros "informativos" entre Daniel de Alfonso y Fernández Díaz y, en su caso, cuantos y de qué han hablado? ¿Le ha vuelto el primero de ellos a transmitir al segundo información que sólo puede y debe transmitir al Parlamento de Cataluña?
¿Estaba el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al corriente de esa reunión de su ministro del Interior con el cargo público catalán como dice Fernández Díaz en la grabación difundida? Es más: ¿pudo haber sido el propio Mariano Rajoy el que encargara a su ministro del Interior que buscara la manera de encontrar argumentos con los que poner contra las cuerdas y quién sabe si ante los jueces a Junqueras, Más y otros políticos catalanes desafectos e independentistas?
¿Es creíble que Mariano Rajoy argumente que no sabía nada de esas reuniones y achaque todo el asunto a una maniobra política para causarle daño al PP a menos de una semana para las elecciones?
¿Es igualmente creíble que sea el propio ministro del Interior en funciones el que anuncie una investigación para esclarecer lo ocurrido? ¿Se va a investigar el ministro a sí mismo? ¿No sería mucho más adecuado que pidiera comparecer inmediatamente ante la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados para dar todas las explicaciones que se le exigieran?
¿Son tan redomadamente cínicos en el PP como para creer que pueden desviar la atención sobre este grave caso de presunta utilización política de los medios del Estado con fines inconfesables agarrándose como loros al argumento de que lo grave es que se grabara la conversación y no el contenido de la misma?
Estas son sólo algunas de las preguntas que sugiere este nuevo escándalo que salpica - una vez más - al PP en plena campaña electoral. No hay duda - y es lógico - de que esa es la causa por la que el resto de formaciones no se lo ha pensado dos veces para pedir dimisiones y ceses a mansalva.
No obstante, primero y cuanto antes deben ir despejando todas estas cuestiones los directamente concernidos para, en función de sus explicaciones, determinar si el asunto es un montaje y, si no lo es, decidir si se arregla sólo con dimisiones y ceses o si es necesario incluso subir un escalón y poner el caso en manos judiciales. Cuanto más tiempo tarden en ofrecer las explicaciones que deben a los ciudadanos más se instalará en nosotros el convencimiento de que todo lo publicado es verdadero.
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