Pasan los días, avanza
la investigación y se acumulan las evidencias de las gravísimas
responsabilidades que rodean la tragedia del Madrid Arena del pasado
día 1 en una macrofiesta de Halloween – cuatro chicas fallecidas y
una en estado muy grave que, aunque no se teme por su vida , sufrirá
secuelas permanentes.
Las primeras pesquisas
policiales se han centrado en determinar si se superó el aforo
permitido y ya no parece haber duda al respecto: a pesar de que la
empresa organizadora anunció que esperaba unas 7.000 personas y
luego reconoció que fueron casi 10.000 para un aforo de unas 10.600
– versión sorprendentemente seguida a pies juntillas por el
ayuntamiento de Madrid - la revisión de las grabaciones de las
cámaras de seguridad no parecen dejar lugar a dudas de que la fiesta
congregó a muchas más personas.
Queda también fuera de
toda duda que al recinto accedieron numerosos menores de edad – una
de las fallecidas lo es - y que muchos se colaron. Los testimonios
de varios participantes en la trágica fiesta ponen de evidencia que
los controles de acceso eran cuando menos laxos ya que no se
comprobaba la entrada ni la edad ni se revisaba el contenido de las
mochilas. Una avalancha humana entre los que querían entrar y los
que querían salir a través de un único pasillo y que parece
coincidir en el tiempo con el inicio de la actuación del disc
jockey estrella de la noche, generó las desgraciadas
consecuencias ya conocidas. El lanzamiento de al menos dos petardos
pudo provocar una situación de pánico que previsiblemente agravó
la situación.
Y todo ello, con un
despliegue de seguridad a cargo de la empresa organizadora a todas
luces insuficiente: 38 vigilantes privados para supuestamente 10.600
personas y una docena de policías locales enviados por el Ayuntamiento. Por si todas estas
evidencias no fueran suficientes para concluir que
lo ocurrido ha estado plagado de irregularidades que requieren que se
depuren responsabilidades judiciales, en las
últimas horas hemos conocido dos datos más: el Sindicato Unificado
de la Policía ha denunciado que el Madrid Arena carecía de licencia
de funcionamiento a pesar de tratarse de una instalación municipal.
El Ayuntamiento alegó el sábado que, precisamente por ser
municipal, no necesitaba licencia, lo cual no puede sino producir
indignación: ¿está la administración pública dispensada de
cumplir sus propias normas? Lo cierto es que, según pública hoy El País, el ayuntamiento de Madrid
solicitó esa licencia en 2009 pero los técnicos municipales se la
denegaron tras comprobar las graves deficiencias del recinto de la
tragedia. ¿En qué quedamos? ¿Necesita o no necesita licencia?. Y,
sobre todo: ¿por qué el ayuntamiento no corrigió los defectos
señalados por los expertos en lugar de desistir de obtener la
licencia y continuar autorizando fiestas multitudinarias como la de
la tragedia del pasado jueves?.
Ahora
promete la alcaldesa Botella que nunca más alquilará el
ayuntamiento un recinto municipal para ese tipo de fiestas en las que
acaba de descubrir sorprendida que se congrega mucha gente joven y se
consume mucho alcohol: a buenas horas la medida, cabe responderle. No
les bastará a la alcaldesa y a su equipo con esa promesa y con
asegurar que se personará en la causa judicial por lo ocurrido para
esquivar sus responsabilidades, empezando por las políticas. ¿Por
qué el ayuntamiento se apresuró a respaldar la versión de la
empresa organizadora sobre el aforo del recinto? ¿Tiene algo que ver
en ello la estrecha amistad entre el empresario y algunos destacados
concejales del grupo municipal de gobierno? ¿Por qué el
ayuntamiento autorizó una fiesta en un recinto de su propiedad que
carecía de licencia de funcionamiento y que no reunía las
condiciones adecuadas para ello ? ¿Por qué no se extremaron las
medidas de seguridad ante la previsible concurrencia de miles de
personas al Madrid Arena como se hace, por ejemplo, en los estadios
de fútbol?
Lo
que parece claro es que la tragedia del pasado jueves en Madrid no es
el resultado del azar o la mala fortuna, sino la consecuencia de un
cúmulo de irregularidades que salpican de lleno a la empresa
organizadora y al ayuntamiento. Además de que sus responsables
respondan por ellas, lo ocurrido debería de servir de dolorosa
lección para que los poderes públicos sobre las que recae la
competencia de este tipo de eventos cumplan y hagan cumplir a
rajatabla la normativa al respecto y, si es necesario, la hagan más
estricta. Esa es una obligación que en ningún caso cabe soslayar
por desidia, amiguismo o interés privado.
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