Han tenido que suicidarse
dos personas y una tercera intentarlo – al menos, según cifras
conocidas – para que cunda la alarma sobre el drama social de los
desahucios. De repente, el Gobierno, la oposición, los
ayuntamientos, los jueces, la policía, algunos bancos y hasta los
medios de comunicación que ignoraron o minimizaron lo que está
ocurriendo, se confiesan alarmados y proponen todo tipo de soluciones
para detener tanto atropello. Todos se rasgan ahora las vestiduras y
claman para modificar una ley que tiene más de un siglo de vida y
que ata de pies y manos al deudor frente al acreedor sin dejarle
apenas capacidad de defensa cuando, por causas sobrevenidas y ajenas
a su voluntad, no puede seguir haciendo frente al pago de la
hipoteca.
Hay mucho de hipocresía
en esta alarma político-institucional que se ha desatado en torno a
los desahucios. En los partidos políticos como el PSOE o el PP,
porque tuvieron la oportunidad de cambiar la legislación y se
conformaron con aprobar un inútil Código de Buenas Prácticas de
adhesión voluntaria por parte de la banca que – a la vista está
por el número de desahucios que se ha producido en España desde el
inicio de la crisis – no ha servido para nada. La insensibilidad de
la práctica totalidad del arco político ante el drama de miles de
personas arrojadas a la calle, el miedo a incomodar a la banca y la
promiscuidad entre políticos y banqueros, con deudas condonadas y
créditos para campañas electorales pendientes de devolución, son
la clave para entender la indiferencia que han mostrado hasta ahora.
Tampoco el Poder Judicial
ha estado a la altura de las circunstancias, insensible también
hasta hoy ante el colapso de muchos juzgados, cuyos titulares tienen
que dedicar a diario tiempo y esfuerzo que pagamos todos los
ciudadanos para resolver las ejecuciones de desahucio a mayor gloria
de la banca, a la que también tenemos que sanear con nuestro dinero
para que no quiebre. Y lo mismo puede argumentarse de los
ayuntamientos, que podían haber puesto en marcha mucho antes medidas
de presión sobre las entidades que se niegan a atender a razones y
solicitan el desahucio sin pararse a considerar las circunstancias
personales del deudor.
Pero no todo el mundo
acaba de caer en la cuenta ahora de que se debe frenar este drama por
una ley injusta que es necesario cambiar con urgencia.
Probablemente, sin el trabajo y la denuncia constante y tenaz de los
últimos meses de plataformas ciudadanas nacidas al calor del 15M
como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por las Hipotecas,
unido al de organizaciones de usuarios de la banca como AUSBANC o
ADICAE, las instituciones, los partidos, el Poder Judicial, la
policía y los medios de comunicación seguirían mirando para otro
lado como si los desahucios no pasaran de ser meras anécdotas sin
mayor trascendencia social en lugar de un drama más que previsible.
La sociedad civil da una
vez más ejemplo y marca el camino a una clase política y a unas
instituciones ensimismadas en sus cuitas de salón y ajenas a la
realidad social. En medio de esa alarma repentina se enmarca la
reunión que hoy mantendrán el Gobierno y el PSOE para consensuar
una modificación de le ley que equilibre las relaciones entre deudor
y acreedor. Surgen voces incluso entre la oposición y hasta entre
los jueces que piden que se paralicen todos los desahucios en marcha
mientras no se modifique la ley, lo que puede tardar aún meses o
semanas en el mejor de los casos.
Debería de ser así
aunque, por desgracia, de nada le servirá a las cerca de 400.000
familias que han sido echadas de sus viviendas desde el comienzo de
esta crisis. Otra tendría que haber sido su suerte si la repentina
preocupación y alarma que hoy muestran todos por el drama de los
desahucios se hubiese producido hace sólo tres o cuatro años. Es
el precio que estamos pagando por poner los intereses privados por
encima del bien de la mayoría.
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