Cataluña enseña las uñas

La multitudinaria manifestación independentista de ayer en Barcelona – 600.000 manifestantes según el Gobierno central, 1,5 millones según los Mossos y 2 millones según los convocantes – es un serio toque de atención al Gobierno de Mariano Rajoy más allá del ineludible baile de cifras. Alentada y respaldada por el Gobierno de la Generalitat, si una cosa ha puesto de manifiesto esta marcha es que el Estado autonómico empiezan a saltar por las costuras que la Constitución de 1978 pretendió dejar bien cosidas. El tiempo ha demostrado que no es así y que resulta cada vez más perentorio pensar en un nuevo traje en lugar de remendar el viejo por la vía de la recentralización que propugna el PP, que sí supone un riesgo verdadero de ruptura.

Es cierto que la manifestación de ayer es la respuesta – contundente - ante la negativa del Gobierno español a negociar el pacto fiscal que exige la Generalitat, por más que las dimensiones de la demostración pública del descontento hayan superado con creces las propias previsiones del Govern que ahora deberá gestionar esta reivindicación independentista.

 

Pero también lo es que, detrás de esa protesta, anidan intereses políticos y económicos poco solidarios con el resto del país en una situación de crisis tan dramática como la actual. Sin olvidarnos de que la llama independentista le permite a Artur Mas desviar la atención sobre sus durísimos recortes derivados del descontrol en las cuentas públicas. Todo ello, sin entrar a analizar ahora cuál podría ser el futuro de un Estado catalán independiente que tendría que solicitar su ingreso en la Unión Europea y contar con la unanimidad de todos sus miembros para ser aceptada.

Sin embargo, el envite independentista de ayer no sólo está ahora en los tejados de la Generalitat y de las fuerzas políticas soberanistas; también está en el del Gobierno español con su presidente a la cabeza, que no puede despachar con un desdeñoso no es el momento de líos ni algarabías un asunto de este calado político. Es evidente que el apoyo del PP a CIU en Cataluña y de los nacionalistas catalanes a Rajoy en Madrid pone a ambas fuerzas políticas en una situación incómoda pero, tal vez por eso, favorable también para el encauzamiento de la situación. Algo tendrá que decir también el PSOE, además de las ambigüedades previas a la manifestación de ayer.

La Constitución fija la organización política del Estado pero ello no implica que su reforma deba ser tabú para los partidos políticos – para responder al dictado de los mercados no lo fue en absoluto y se cambió de la noche a la mañana.

Cada vez parece más evidente que únicamente explorando la vía federal puede tener alivio la dinámica de tensión permanente que viene presidiendo desde hace años las relaciones entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, mucho más acusada a raíz de la crisis económica – véanse también los casos del País Vasco o de Canarias.

Resolver los problemas empieza por afrontarlos, no por minimizarlos, despreciarlos, demorarlos o esconderlos. Si hay voluntad y altura políticas no faltarán instrumentos para lograrlo.