"No son los hechos los que estremecen a los hombres, sino las palabras sobre los hechos" (Epicteto)

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23 de marzo de 2017

¿Qué hay de nuevo, nacionalidad?

El debate de la nacionalidad que se acaba de perpetrar en el Parlamento de Canarias ha cumplido con creces las expectativas puestas en él: ha dejado las cosas prácticamente como estaban antes de que empezara. No hablemos de que este debate tampoco haya supuesto un antes y un después en la vida de los canarios porque ni era eso lo que se pretendía ni era eso lo que se podía esperar. Tampoco es cuestión de pedirle higos a las tuneras ni tunos a la higuera.

Lo que hemos visto y ya sabíamos es que Fernando Clavijo está en minoría aunque, si no llevé mal las cuentas, esa palabra no la pronunció ni una sola vez durante el debate. Lo que sí hizo fue subirse a la máquina del tiempo para prometernos que dentro de 15 años los canarios más jóvenes serán capaces de chamullar en canario y en inglés. Es la fórmula con la que el presidente quiere rebajar las cifras de paro y exclusión social que padecemos los indígenas por ser tan negados para la lengua de Chespir.

Sabíamos y hemos corroborado que el PSOE tiene un intenso picor por todo el cuerpo desde que salió del gobierno. Tan mal anda la sanidad por la mala cabeza del PSOE – Clavijo dixit – que Patricia Hernández, ayer vicepresidenta del Gobierno y hoy disfónica portavoz socialista, no pudo conseguir hora en su centro de salud antes de comparecer en la cámara para, con voz cañaveral, cantarle las cuarenta en bastos de la sanidad a Clavijo. Su encendida defensa de la gestión del ex consejero Morera puso de manifiesto lo mucho que escuece en el PSOE este asunto y la poca capacidad de autocrítica de la que es capaz la ahora furiosa portavoz socialista.


Del popular Antona los antonólogos esperaban un indicio o una señal o una pista que les permitiera averiguar si sube o si baja, si viene o si va. Se han quedado con un palmo de narices: nadie lo sabe y empiezo a sospechar que Antona tampoco o si lo sabe no le dejan hacer lo que le pide el cuerpo. Su ambigüedad sobre si quiere ser parte contratante del gobierno minoritario de Clavijo o sólo bastón de apoyo parlamentario empieza a ser tan cansina que hasta el poco rutilante portavoz nacionalista, José Miguel Ruano, le ha tenido que pedir que diga de una vez cómo piensa convertir en hechos sus campanudas frases sobre la estabilidad, la gobernabilidad y otras hierbas con las que el búlgaro líder del PP nos lleva meses mareando.

¿Había alguien que no esperara que el primer premio a la mejor oratoria parlamentaria se lo llevaría una vez más Román Rodríguez? Seguro que no porque tiene aprobados con nota alta los exámenes de cómo ser incisivo en los debates cuerpo a cuerpo, sobre todo cuando el rival es Fernando Clavijo, al que incluso es capaz de sacar de su natural aletargamiento oratorio. El problema del “señor Román” es que sólo tiene 5 diputados y que le suele pasar como a esos futbolistas que se gustan tanto a sí mismos que  siempre hacen un regate de más y se les olvida tirar a puerta.

Tampoco ha sorprendido a nadie la portavoz de Podemos, Noemi Santana, quien da a veces la sensación de jugar en otra liga en la que con echar mano del manual de tópicos del día se despacha cualquier cuestión que se ponga sobre la mesa. Y por último, de Casimiro Curbelo sólo cabe decir que se ha convertido en un escudero tan fiel de Clavijo que CC en La Gomera - si es que existe - debería integrarse sin condiciones y sin tardanza en la Agrupación Socialista Gomera.


Y como traca final de debate tan apasionante, el primer resbalón serio de la era Antona en el PP con la propuesta firmada a tres manos con CC y Curbelo para que las Cortes no osaran tocarle una coma a la reforma del sistema electoral canario. Escenificando un pacto de gobierno de facto, el PP, que  hace dos años incluso se había puesto al frente de las manifestaciones que pidieron un cambio del sistema electoral, se plegó ayer encantando a los intereses de CC y de la ASG para que cualquier modificación se haga en Canarias, lo que puede ocurrir perfectamente cuando las ranas críen pelo. Hoy ha tenido que recular ante las críticas y lo propio han tenido que hacer, para no quedar retratados una vez más, CC y Curbelo. Ahora sólo se trata de que la reforma se haga en Canarias con criterios de proporcionalidad y con el objetivo de que se aplique en las elecciones de 2019, cosa que creeré cuando vea.

En cuento a las razones del segundo cambio de opinión de Antona en menos de 24 horas todo apunta más bien a la necesidad que tiene su partido de contar con el voto en Madrid del diputado de NC, Pedro Quevedo, que a la rectificación de un patinazo que cogió con el pie cambiado a sus propios compañeros del PP. Quevedo ha puesto como condición para apoyarle las cuentas estatales a Rajoy que el PP no bloquee el cambio del sistema electoral canario y puede que alguien, desde Génova, le haya tenido que pedir a Antona que procure no gobernarse solo ya que hay otros intereses en juego además de los suyos propios. Rocambolesco florilegio político para poner punto y final a un debate prescindible y que, por fortuna, no tardaremos en olvidar. 

20 de marzo de 2017

Rajoy se enfada

Rajoy está enfadado y, cuando Rajoy se enfada, su recurso más socorrido es amagar con adelantar las elecciones. Esa actitud se puede calificar también de chantaje a la oposición: o me apoyas en todo y sin rechistar o te convoco unas elecciones anticipadas que se te va a caer el pelo. Si la amenaza viniera de otro podría ser preocupante pero viniendo de Rajoy sólo puede calificarse de cansina y aburrida. Rajoy lleva adelantando las elecciones desde que perdió la mayoría absoluta en las del 20 de diciembre de 2015. Su absoluta pasividad de entonces para conseguir apoyos que le permitieran continuar en La Moncloa y su convencimiento de que los restantes partidos  tenían que apoyarle por ser él quien es, no fue otra cosa que un intento de forzar una nueva convocatoria electoral que al final tuvo éxito.

Es verdad que a ese éxito contribuyó de manera determinante el “no es no “ de Pedro Sánchez que, en realidad, a Rajoy le vino muy bien para mejorar sus resultados en junio de 2016 mientras el PSOE reculó aún más. Empezó entonces la segunda parte de un culebrón con Rajoy remoloneando hasta que, al final y sobre la campana, asumió ser investido presidente del Gobierno. No pasó ni una semana y ya estaba Rajoy amagando de nuevo con adelantar las elecciones si la malvada oposición no le apoyaba los nuevos presupuestos generales o se le ocurría laminar las reformas que el PP aprobó sin consenso alguno y valiéndose sólo del rodillo de su mayoría absoluta en la legislatura anterior.


Y eso que una semana antes, en su discurso de investidura, Rajoy se había desecho en promesas de diálogo y consenso con todas las fuerzas de la oposición en un evidente discurso para aparentar lo que no es en absoluto, un estadista que antepone el interés general al de su partido. Muestra evidente de lo que a Rajoy parece importarle que España cuente o no este año con unos nuevos presupuestos que sustituyan a los prorrogados de 2016 es que a fecha de hoy, 20 de marzo, aún no los ha aprobado ni el Consejo de Ministros. Se sabe de contactos del PP con otras fuerzas políticas para sondear posibles apoyos, pero de números y objetivos no se sabe absolutamente nada casi cinco meses después de la investidura de Rajoy.

El revolcón parlamentario sufrido la semana pasada por Rajoy a propósito de la reforma del sector de la estiba ha llevado al presidente a agitar de nuevo el espantajo de las elecciones anticipadas. Por una vez y para variar, podía haber sorprendido a los españoles prometiendo que él, su gobierno y su partido se esforzarán más a partir de ahora en negociar con la oposición asuntos de calado como ese en lugar de intentar imponer un trágala a última hora, con nocturnidad, de prisa y corriendo. Sin desconocer el hecho de que también la oposición ha empleado el cálculo político al no respaldar al Gobierno en el asunto de la estiba, lo que no es de recibo es que Rajoy y los suyos consideren que ellos son los únicos que se pueden permitir ese cálculo interesado mientras los demás deben limitarse a asentir y votar todo lo que el Ejecutivo les ponga delante.

Eso sí que es una irresponsabilidad del Gobierno por más que éste y quienes le apoyan quieran hacer recaer la culpa sobre la oposición que, habrá que recordarlo una vez más, no es quien tiene la obligación de gobernar.  Andar amagando un día sí y otro también con adelantar las elecciones cuando la oposición te derrota en el parlamento, pone de manifiesto la inexistente cintura de Rajoy para la negocación y su completa incapacidad para comprender que los tiempos y los escenarios políticos han cambiado radicalmente y nada tienen que ver con los de la placentera mayoría absoluta. Por suerte para la democracia, aunque a Rajoy ni le guste ni lo entienda.  

16 de marzo de 2017

Revolcón portuario

De histórica, con todas las letras y todo el merecimiento, cabe calificar la derrota parlamentaria sufrida hoy por el Gobierno a propósito de la reforma de la estiba portuaria. El real decreto ley que el Consejo de Ministros aprobó el 24 de febrero para dar cumplimiento a la sentencia de la justicia comunitaria que liberaliza la actividad ha quedado derogado después de que el PSOE y Unidos Podemos votaran en contra y de que Ciudadanos reculara en el último minuto y se abstuviera. Ya ha llovido lo suyo desde que el gobierno no se quedaba colgado de la brocha y sin decreto ley como le ha ocurrido hoy a Rajoy. Concretamente desde el año 1979 no pasaba nada igual y miren que se han aprobado cosas por la vía del real decreto durante esos casi 40 años.

Tal vez demasiadas, sobre todo en los periodos en los que el partido en el poder ha abusado de su mayoría absoluta y se ha dedicado a gobernar  por esa vía para ahorrarse engorros parlamentarios. No hay que irse muy lejos para encontrar uno de esos periodos de decreto y mando, en concreto el que va de 2011 a 2015, en el que casualmente también presidía el Gobierno Mariano Rajoy. Claro que ahora las cosas son muy distintas y cuando no se tiene mayoría absoluta como ocurre en la actualidad es mucho mejor acudir a la cámara con los deberes hechos que intentar pasar el examen con algún juego de manos de última hora para despistar a unos y a otros.


Lo intentó in extremis ayer tarde el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, al ofrecer a los estibadores prejubilaciones a los 50 años con el 70% del sueldo que pagaríamos todos los españoles ya que las empresas no tardaron en ponerse de perfil. Pero ni por esas convenció a los estibadores, perfectamente conscientes de que pueden paralizar el país si se lo proponen, ni logró atraerse los votos suficientes de la oposición para que el decreto viera la luz. Claro que, de haberse aprobado, mañana habría empezado en este país una huelga portuaria de costosísimas consecuencias económicas. La derrota parlamentaria del Gobierno, además de poner de manifiesto lo mal que se lleva Rajoy con su situación política minoritaria, ha librado de momento al país de una huelga que seguramente hubiera costado mucho más que esa multa de 134.000 euros diarios que Bruselas nos impondrá a todos los españoles por no aplicar la sentencia comunitaria.

La cuestión es qué hacer ahora, después de que todo haya vuelto al punto de partida, sin decreto y sin negociaciones entre empresas, gobierno y trabajadores, una vez que el Ejecutivo se tomó la irresponsable libertad de ausentarse de la mesa de negociación. Pues eso es precisamente lo que hay que hacer de inmediato: sentarse las tres partes a negociar un acuerdo asumible por todos que encaje en lo que establece la legislación comunitaria que necesariamente debe aplicar España.

Lo que no valen son huídas hacia adelante como la que ha protagonizado Fomento para intentar pasar por buena una norma rechazada por los trabajadores, argumentando que la sentencia no dejaba margen a la negociación. Tampoco es de recibo que las empresas pretendan sacar provecho de la sentencia abogando por la liberalización y la precarización de unas tareas que requieren formación, seguridad y experiencia, con la excusa de reducir costes. 

Y, del mismo modo, tampoco es tolerable que los estibadores se atrincheren detrás  de una situación laboral a todas luces privilegiada, cerrada y hasta hereditaria que no tiene parangón en ninguna otra actividad económica: todos tendrán que ceder para encontrar la cuadratura del círculo en este asunto. Mientras, el Gobierno, en lugar de andar amagando con acortar la legislatura como está haciendo hoy tras este revolcón parlamentario,  lo que debería hacer es tomar de una vez buena nota de que gobernar en minoría no quiere decir que los demás partidos estén obligados a extenderle un cheque en blanco para que lo gaste a su antojo.